En 1975, el modelo centralizado de gobierno llegaba a su fin. Sus disfuncionalidades y la necesidad de desarrollo y vertebración regionales evidenciaron su agotamiento. A ello se sumó el rechazo que el autoritarismo centralizador generaba, lo que desencadenó una dinámica de naturaleza pendular en la que la oposición democrática convirtió la reivindicación de autonomía en una de las más sólidas ideas-fuerza del cambio político. Una idea que, asumida colectivamente, impulsó la construcción de una nueva variante de Estado compuesto a la que se llegó sin diseño previo y transitando simultáneamente hacia una democracia representativa. En septiembre de 1977, el Gobierno restableció provisionalmente la Generalitat de Cataluña y, meses después, instituyó otros doce regímenes provisionales de autonomía. La Constitución reconoció el derecho al autogobierno de las nacionalidades y regiones regulando los procedimientos para ejercerlo. En 1979 se aprobaron los estatutos de autonomía del País Vasco y Cataluña. Y en 1981, los principales actores políticos se comprometieron a generalizar el modelo con las mismas instituciones para todas las comunidades, aunque con distinto ritmo de acceso en el ámbito competencial, lo que permitió, entre 1982 y los primeros meses de 1983, la formación del Estado de las autonomías. En este libro, el autor hace balance de los presupuestos de esa apuesta descentralizadora y analiza la combinación de factores coyunturales, de fuerzas políticas y de compromisos institucionales que la hicieron posible. La obra presta especial atención a los componentes de la demanda de descentralización; a su extensión, que dio lugar al insólito fenómeno de las preautonomías, y a los efectos del principio dispositivo, cuya constitucionalización dilató la concreción del modelo de Estado al resultado de sendos procesos en los que el alcance de la descentralización pasó a depender de la vía de iniciativa autonómica efectivamente impulsada. Desentrañando esos procesos, la obra profundiza en sus vicisitudes y en el conjunto de decisiones que, adoptadas por los actores responsables, impulsaron, bloquearon y, finalmente, encauzaron la práctica del principio dispositivo hacia la generalización de las autonomías, de donde cabe extraer valiosas claves para la comprensión de nuestro dinámico modelo de Estado.

El artículo 116 de la Constitución y la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio autorizan a los poderes públicos para que, respetando el Estado de Derecho, hagan frente tasada y proporcionalmente a diversas situaciones excepcionales, como emergencias naturales, graves crisis de orden público y agresiones violentas al orden constitucional. El control jurisdiccional de las decisiones de declaración y de prórroga de dichos estados excepcionales no ha sido, sin embargo, previsto ni constitucional ni legalmente. Y la doctrina ha discrepado tanto de la viabilidad de ese control como del órgano al que encomendarlo. Ello se ha debido a la pluralidad de formas y a la singular naturaleza de las decisiones excepcionales, cuyo titular y procedimiento de adopción difieren dependiendo del estado a declarar. Este libro tiene por objeto el estudio de las decisiones que adoptan los titulares del poder de excepción y de las garantías que cabe oponerles para proteger el orden constitucional. En él, el autor analiza la diversidad, la naturaleza y el régimen jurídico de las decisiones excepcionales previstas en los modelos de Derecho comparado y expone el proceso de racionalización del poder en el modelo europeo de estado de excepción, desde la garantía de la doble reserva de ley hasta el logro de la sumisión, en ciertos países, de las decisiones excepcionales a la justicia constitucional. A partir de este marco de referencia, el libro aborda el alcance y la naturaleza jurídica de las decisiones de declaración y prórroga de los estados de alarma, excepción y sitio en el régimen constitucional español, así como los problemas teórico-prácticos que, debido a sus singularidades, ha suscitado su contenido y su control jurisdiccional, especialmente tras la declaración y prórroga de sendos estados de alarma en 2010 y 2020.

La presente monografía analiza los fundamentos de las propuestas que pretenden hacer del Senado una auténtica cámara de representación territorial, así como las razones existentes para su refutación. Tras subrayar la tensión existente entre el bicameralismo y el principio democrático, el autor aborda los presupuestos de la opción bicameral en España, el carácter asimétrico y desigual de nuestro bicameralismo, que aboca al Senado a la irrelevancia o a la disfuncionalidad, y el fracaso de los intentos de especialización territorial de la cámara a través de la reforma del reglamento parlamentario. El núcleo de la obra se dedica a sistematizar las propuestas de reforma constitucional del Senado formuladas en los últimos años y centradas en cuatro aspectos: la identificación del significado de la denominada representación territorial, la revisión de la composición del Senado, la forma de designación de los senadores y las funciones de alcance territorial que cabría atribuirle y sobre las que la ponencia de estudio constituida en la X Legislatura alcanzó algunos acuerdos.
Desde una perspectiva crítica con estos planteamientos, el autor subraya las inconsistencias que, en la teoría y la práctica comparadas, presenta el mito de las cámaras de representación territorial en que dichas propuestas se basan. Y expone las razones por las que, a su juicio, la reforma constitucional del Senado en sentido territorial es innecesaria y, de llevarse a cabo, no logrará lo que pretende: ni la integración de los nacionalismos irredentos, ni la actualización de una representación especial en un órgano que, independientemente de la forma de reclutar a sus miembros, seguirá regido por la dinámica de partidos, no por otra.