Un día de romería en el pueblo de San Tadeo. Los mozos se dirigen a la Ermita de San Judas Tadeo para presentar sus respetos al Santo. Un enfrentamiento inesperado entre tres cinco mozos concluye con la muerte del joven Jacobo. En ese mismo instante, queda sellado el destino de los dos abogados que se enfrentarán en juicio, acusando y defendiendo respectivamente a Francisco, un pastor de la aldea de Santa Rita. Con el estilo didáctico que le caracteriza, el abogado Óscar Fernández León profundiza en las técnicas de litigación asociadas a la planificación y ejecución del juicio (teoría del caso, interrogatorio del testigo y el perito y alegato final) mediante una exposición teórica de las mismas (parte general) para, a continuación, poner en práctica dichos conocimientos a través de la construcción de la teoría del caso de acusación y defensa, los interrogatorios del acusado, testigos y perito para, finalmente, presentar sus informes orales (parte especial). Con esta obra, el abogado Óscar Fernández León continúa la serie de trabajos vinculados al mundo de la litigación representados por las obras publicadas en Thomson Reuters Aranzadi “Como preparar con éxito el juicio y la audiencia previa”, “Con la Venia, manual de oratoria para abogados”, “El abogado y el juicio”, “Arte y técnica del interrogatorio”, “Arte y Técnica del Alegato”, “Máximas del interrogatorio” y “El interrogatorio del Perito”.

El presente volumen reúne las ponencias dictadas en las Jornadas sobre las últimas novedades normativas afectantes al sector eléctrico, organizadas y celebradas los días 23 y 24 de noviembre de 2021 por la Fundación Pro Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. En ellas, con el marco conceptual dispensado por las conferencias introductorias del Magistrado del Tribunal Supremo Arozamena Laso y del Profesor Aragón Reyes, se debatió acerca del escenario surgido tras la reciente reforma del mercado eléctrico desde diversos y enriquecedores puntos de vista, desde el análisis de la idoneidad del real decreto-ley como instrumento legiferante hasta el desarrollo de las energías renovables en el marco de la Unión, pasando por el estudio de los contratos bilaterales, las subastas obligatorias, el sistema marginalista, el encaje constitucional, fiscal y supranacional de la reforma, así como, finalmente, el problema global del alza de los precios de los combustibles.

El acto de determinación judicial de la pena, pese a sus evidentes implicaciones prácticas, continúa encontrándose requerido de ulteriores desarrollos dogmáticos. Tras efectuar un planteamiento del estado de la cuestión en la materia -con referencias de Derecho positivo y con una profunda sistematización de los enfoques teóricos propuestos en la ciencia jurídico-penal continental y anglonorteamericana-, el trabajo desarrolla una propuesta respecto a cómo deben ejercitarse y estructurarse los alcances de las amplias atribuciones interpretativas que se reconocen al juzgador en el específico campo de la determinación judicial de la pena, y que se vinculan tanto con la valoración de la gravedad del hecho delictivo como con la fijación de la pena específica que corresponda aplicar al mismo. La propuesta se sustenta en la célebre distinción de von Hirsch entre proporcionalidad cardinal y ordinal: en ella se postula que la configuración judicial de la pena debe orientarse hacia la fijación de penas proporcionales de conformidad con exigencias de tipo cardinal y ordinal. En el trabajo se efectúan, no obstante, importantes matizaciones respecto al entendimiento clásico de dichas categorías: a) lo cardinal condiciona lo ordinal, b) se dota de contenido e implicaciones específicas a la proporcionalidad cardinal, y c) se diferencian dos operaciones valorativas de proporcionalidad ordinal que deben llevarse a cabo respetando las exigencias cardinales del castigo. Con dicho entendimiento se procura potenciar la capacidad de rendimiento político-criminal y dogmático de ambas categorías conceptuales.

A raíz de varios casos de gran relevancia mediática, a los que se presta especial atención en esta obra, ha proliferado la expresión “discurso de odio” para referirse a un buen número de delitos, más allá de las paradigmáticas conductas previstas por el artículo 510 CP. Entre ellos se encuentran los discursos terroristas tipificados por el artículo 578 CP. ¿Acaso los delitos de terrorismo son conceptualmente tan cercanos a los delitos de odio que los discursos terroristas deben considerarse una subcategoría de discurso de odio? ¿O, por el contrario, lo que está sucediendo en los últimos años es que se ha producido una desnaturalización del artículo 578 CP, de modo que ya no puede seguir considerándose un delito de terrorismo, lo cual aconsejaría alguna reforma legislativa? Los autores efectúan una novedosa aproximación conceptual a los delitos de odio (incluyendo los incidentes de odio no delictivos y los discursos de odio) y a los delitos de terrorismo (atendiendo a la evolución experimentada tras las últimas reformas legislativas y centrándose en el artículo 578 CP) con el fin de dar respuesta a esta clase de interrogantes.

Los Estudios sobre el nuevo recurso de casación contencioso-administrativo (Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona, 2017) editados ahora hace un año, pretendían dar respuesta a las incertidumbres que la comunidad jurídica albergaba en relación con la nueva casación en el orden contencioso-administrativo, para lo cual se reunió un conjunto de trabajos en los que se describía, conjeturaba, teorizaba y valoraba críticamente lo que debería ser el nuevo régimen casacional y, en particular, el alcance del interés casacional objetivo. Han transcurrido ya casi dos años de la entrada en vigor de la reforma, y la aproximación a la misma debe ser diferente. Ahora se impone identificar, describir y valorar las pautas, criterios y directrices que la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha creado merced a sus resoluciones acerca de lo que debe ser ese concepto jurídico indeterminado, verdadero arquitrabe de la reforma procesal. Con ese fin, Letrados del Gabinete Técnico de cada una de las Secciones de Derecho de la Sala sistematizan todo ese cauce doctrinal que, con constituir una valiosa aportación, resulta sin embargo insuficiente si se quiere disponer de una perspectiva global del nuevo régimen casacional, para lo cual, la obra se enriquece además con las imprescindibles visiones de magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia y de los Juzgados de lo contencioso, así como las reflexiones de las partes del proceso, representadas por un abogado en ejercicio especialista en esta instancia procesal y una abogada del Estado ante el Tribunal Supremo, de manera que entre unos y otros, pueda darse testimonio solvente y riguroso de los primeros pasos de una reforma procesal revolucionaria.

La reforma operada por la L.O 7/2015, de 21 de julio, en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y en particular, en su recurso de casación, supone una verdadera revolución procesal, en la que la admisión pasará a ser una decisión de la Sala Tercera del Tribunal Supremo basada en la existencia del denominado «interés casacional objetivo», imponiéndole al recurrente la carga procesal de justificar que en su caso concurre alguna de las causas que lo generaría, sin que la correcta invocación formal de cualquiera de ellas determine la admisión del recurso, pues será en última instancia el Tribunal quien, según su propio criterio, seleccionará los asuntos que objetivamente deban dar lugar a una interpretación uniforme. Consecuentemente, ello va a exigir del juzgador una aproximación al recurso en la que ya no se busque únicamente la concurrencia de infracciones normativas, sino la existencia de relevancia casacional lo que, en puridad, supone un cambio de mentalidad de enorme trascendencia, no en vano, se pasa de proteger y reparar, como primera prioridad, los derechos subjetivos de los litigantes a salvaguardar la unidad del ordenamiento jurídico a través de la formación de Jurisprudencia, y todo ello, huelga decirlo, sin menoscabo de la tutela judicial efectiva del recurrente.

La reforma operada por la L.O 7/2015, de 21 de julio, en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y en particular, en su recurso de casación, supone una verdadera revolución procesal, en la que la admisión pasará a ser una decisión de la Sala Tercera del Tribunal Supremo basada en la existencia del denominado «interés casacional objetivo», imponiéndole al recurrente la carga procesal de justificar que en su caso concurre alguna de las causas que lo generaría, sin que la correcta invocación formal de cualquiera de ellas determine la admisión del recurso, pues será en última instancia el Tribunal quien, según su propio criterio, seleccionará los asuntos que objetivamente deban dar lugar a una interpretación uniforme. Consecuentemente, ello va a exigir del juzgador una aproximación al recurso en la que ya no se busque únicamente la concurrencia de infracciones normativas, sino la existencia de relevancia casacional lo que, en puridad, supone un cambio de mentalidad de enorme trascendencia, no en vano, se pasa de proteger y reparar, como primera prioridad, los derechos subjetivos de los litigantes a salvaguardar la unidad del ordenamiento jurídico a través de la formación de Jurisprudencia, y todo ello, huelga decirlo, sin menoscabo de la tutela judicial efectiva del recurrente.