La interrelación paisaje/medio, junto con la consciencia de su repercusión en los derechos y en la calidad de vida de las personas (las que viven en la actualidad y las que vivirán en el futuro), y junto con su importante papel en la consolidación de la identidad de Europa y de los pueblos que la integran, constituyen la base jurídico-intelectual del Convenio Europeo del Paisaje, hecho en Florencia el 20 de octubre de 2000. Y este Convenio Europeo es, a su vez, la referencia de la regulación del paisaje en el ordenamiento jurídico español, tanto de lo mucho que hasta ahora se ha hecho, como de lo mucho que queda por hacer; al fin y al cabo, como dejo constancia a lo largo de este libro, para procurar una correcta y sostenible incidencia humana sobre el paisaje en particular y sobre el medio en general, la ley no es suficiente, pero sin un adecuado marco legal todo es mucho más difícil. La idea que anima esta monografía no es otra que contribuir a conocer la naturaleza jurídica del paisaje y, con ello, quizá, ayudar a sensibilizar (en algunas materias, y esta es una de ellas, no basta con conocer, hay que sentir), a comprender y a aplicar mejor las leyes preexistentes, así como a aportar ideas que puedan contribuir a la reflexión sobre los contenidos de las futuras.

El libro estudia las aplicaciones prácticas del concepto jurídico de “desarrollo sostenible”, sistematizando tanto su importancia en la fundamentación jurídica de resoluciones de órganos juridiciales y arbitrales en las últimas décadas, como su papel en la implementación de las políticas públicas. La primera parte de la monografía sistematiza cientos de sentencias y laudos arbitrales de órganos judiciales españoles, europeos y órganos arbitrales internacionales, destacando cómo desde hace tiempo la ponderación de intereses que implica el desarrollo sostenible es manejada por letrados ante órganos judiciales y arbitrales y luego por éstos como parte de la ratio decidendi de sus fallos. La segunda parte analiza el papel trascendente del concepto “desarrollo sostenible” a la hora de definir y aplicar las políticas públicas españolas y europeas, es decir, de fijar los objetivos de la inversión y la acción pública y los medios para satisfacerlos.

La finalidad de esta monografía, en la que conviven investigación y divulgación, es partir de los orígenes históricos del ferrocarril y su régimen jurídico para que el conocimiento de ese pasado sirva, al final, para comprender mejor el presente y el previsible futuro del sector ferroviario y su regulación en la España del siglo XXI.

De acuerdo con la expuesta finalidad, el recorrido comienza antes del siglo XIX, y tras recorrer con detalle la segunda mitad del XIX y el siglo XX (deteniéndose en fenómenos y momentos trascendentes en unos casos; y curiosos, interesantes y menos conocidos en otros), se cierra con el presente y con las perspectivas de futuro. Presente configurado por la llegada de la liberalización y privatización (incluyendo el reciente Real Decreto-ley 22/2012). Y futuro previsiblemente protagonizado por la intermodalidad, por el desarrollo de los cinco corredores ferroviarios peninsulares y por la conexión ferroviaria de la red de alta velocidad española con la europea.

A todo lo expuesto, este estudio suma la aspiración de ser útil como obra de lectura y de consulta. La mera lectura se ha querido facilitar con una sencilla estructura lineal que toma como elemento conductor el hilo cronológico, y con una prosa que pretende ser cercana al lector, descargando el texto de erudición y de reflexiones complementarias, que son eliminadas o desplazadas a las notas a pie de página. Para potenciar el uso como obra de consulta, el texto y el aparato de notas a pie que lo complementan, ilustran o sustentan, según los casos, vienen acompañados de un elaborado sistema de índices y de apéndices documentales.


Roberto O. Bustillo Bolado (Santander, 1969) es doctor en Derecho. Ha desarrollado funciones docentes e investigadoras en las Universidades de Cantabria y La Rioja y, en la actualidad, es profesor titular de Derecho Administrativo en el Campus Universitario de Ourense (Universidad de Vigo).


Prólogo de Lorenzo Martín-Retortillo

Las Administraciones Públicas no siempre deciden y disponen unilateralmente dictando actos y reglamentos. Cada vez con más frecuencia el Ordenamiento Jurídico prevé y admite cauces convencionales, negociados, para que Administraciones Públicas y ciudadanos configuren conjuntamente sus relaciones jurídicas (convenios expropiatorios, convenios urbanísticos, transacciones administrativas, Pactos y Acuerdos en materia de función pública, actas con acuerdo y actas de conformidad en materia tributaria ...). Sistematizar esas figuras «negociadas» y explicar su régimen jurídico (especialmente de aquellas cuya finalidad es evitar o poner fin a conflictos) es la principal finalidad de esta monografía, cuya tercera edición, actualizada y ampliada, se ofrece ahora tras la buena acogida dispensada a las dos primeras (2001 y 2004). El trabajo dedicado a esta tercera entrega se ha centrado en dos aspectos.
Uno, procesar e incorporar seis años de nuevas normas, sentencias, dictámenes y trabajos académicos sobre los temas objeto de estudio. Especial importancia tiene la evolución del derecho positivo (europeo, estatal y autonómico), valgan a título de ejemplo, la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, el Estatuto Básico del Empleado Público; o el Texto Refundido de la Ley de Suelo aprobado por RDLeg 2/2008, de 20 de junio o la Ley 34/2010, de 5 de agosto.
Y dos, aprovechar la oportunidad para sumar nuevos contenidos; en concreto, se incorporan al libro sendos estudios sobre la clasificación y régimen jurídico de convenios interadministrativos y convenios urbanísticos.
Por último, como novedad destacable desde un punto de vista instrumental, se añade un índice de voces que facilitará la consulta rápida y precisa.
Se trata en definitiva de un nuevo texto que, al igual que sus dos anteriores versiones, tanto por su contenido como por su claridad expositiva puede ser de gran utilidad tanto para juristas al servicio de Administraciones Públicas y abogados, como para docentes e investigadores universitarios.