La Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, entró en vigor el 11 de diciembre de 2011, sustituyendo a la Ley de Procedimiento Laboral de 1995. Mantiene la misma estructura que su antecesora, formada por 305 artículos, tres disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y siete finales. Los capítulos se distribuyen en cuatro libros: parte general, proceso ordinario y otras modalidades procesales, medios de impugnación y ejecución de resoluciones judiciales. La principal novedad es la ampliación de las materias cuyo conocimiento se atribuye a la jurisdicción social. Entre otros objetivos que nos brinda la disposición, nos ofrece una mayor y mejor protección a los trabajadores y a los beneficiarios de la Seguridad Social, proporciona mayor seguridad jurídica al mercado laboral, dota a los órganos judiciales de instrumentos que agilicen los procesos de resolución de controversias y moderniza la justicia. Esta Ley presenta, en definitiva, una respuesta más eficaz y ágil a los litigios que se puedan suscitar en las relaciones de trabajo y seguridad social, y ofrece un tratamiento unitario a la diversidad de elementos incluidos en el ámbito laboral para una mejor protección de los derechos. La edición se ha cerrado a noviembre 2015, teniendo en cuenta las últimas modificaciones establecidas por la Ley 26/2015, de 28 de julio, por la que se modifica el sistema de protección a la infancia y a la adolescencia y la Ley 1/2014 de 28 de febrero, de protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social. El libro tiene como principal finalidad aportar el vigente texto del Código Procesal Laboral (LRJS), ilustrado con los principales criterios interpretativos asumidos respecto de ellas por las Salas de lo Social de nuestros Tribunales Superiores de Justicia, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional, pero también (en menor medida) otros tribunales (Audiencias Provinciales, otras Salas del Tribunal Supremo).

Tanto por su importancia cuantitativa cuanto por las intensas innovaciones normativas de los últimos tiempos, los trabajadores autónomos constituyen un colectivo merecedor de la máxima atención desde la perspectiva de sus derechos, obligaciones o protección social. La presente legislación se abre con el Estatuto del Trabajo Autónomo (§1), complementado con su desarrollo reglamentario sobre TRADEs (§2) y los Consejos relacionados (§3); se incorporan las importantes innovaciones derivadas de la Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social o de la Reforma Laboral de 2012 (en materia de fomento del empleo y capitalización de las prestaciones). En la parcela de Seguridad Social la recopilación incluye la versión vigente del Decreto 2530/1970 (§4.1), así como su Orden de desarrollo (§4.2) y las disposiciones sobre protección por cese de actividad, incluido el RD 1541/2011, de 31 de octubre (§5). Otros dos apartados de seleccionadas disposiciones atienden al Fomento de la actividad de los autónomos (IV) o a la tutela administrativa de todas estas prescripciones (V). Los habituales índices de conceptos alfabéticos y cronológico de disposiciones citadas completan esta legislación, cerrada a febrero de 2012 y que, a buen seguro interesará a los profesionales directamente implicados en la materia (Asesores, Graduados Sociales, Abogados), pero también a los propios afectados o a sus organizaciones profesionales.

Editorial Aranzadi publica esta legislación, que recoge más de un centenar de disposiciones estructuradas en varios apartados. Todas ellas se hallan actualizadas a febrero de 2012, anotadas y concordadas por Antonio V. Sempere Navarro, Miguel Cardenal Carro y Francisco A. González Díaz. La finalidad de este compendio legislativo es, precisamente, la de facilitar a profesionales de la prevención de riesgos laborales (jurídicos y técnicos) y estudiosos en general, la consulta de las numerosas disposiciones que se integran en esta parcela del ordenamiento. La sistemática elegida para estructurar la obra persigue facilitar la rápida localización de las referencias deseadas y se ajusta al siguiente plan. I. DISPOSICIONES SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE CONTENIDAS EN NORMAS GÉNERICAS II. NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL III. NORMAS SOBRE RIESGOS EN SECTORES DE ACTIVIDAD ESPECÍFICA IV. NORMAS DE PROTECCIÓN FRENTE A CONCRETOS AGENTES LESIVOS V. NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, EN LAS MÁQUINAS Y EN PRODUCTOS VI. ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES VII. NORMAS SOBRE DETERMINADAS CATEGORÍAS DE TRABAJADORES VIII. TIEMPO DE TRABAJO IX. NORMAS DE HIGIENE EN COMIDAS PREPARADAS X. LISTADO DE INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS Y OTRAS NORMAS CORRELATIVAS XI. NORMAS INTERNACIONALES Y COMUNITARIAS La recopilación incluye un completo y riguroso sistema de índices: sistemático, cronológico -de las disposiciones citadas o reproducidas- y analítico. Tanto el propio texto de los preceptos como las concordancias se han cuidado al máximo, a fin de dar una completa visión del sistema normativo en materia de seguridad y salud en el trabajo.

El 12 de febrero de 2012 entró en vigor Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral; más allá de las hipérboles con que sus partidarios o detractores resaltan virtudes o defectos, constituye norma muy relevante, extensa, valiente, compleja y polémica. El Real Decreto-Ley 3/2012 es ?de urgencia? pero no improvisado: responde a una lógica bien definida y afecta a instituciones nucleares de las relaciones laborales: modalidades contractuales, movilidad funcional, modificaciones sustanciales, traslados, suspensiones de contratos, reducciones de jornada, extinciones y despidos, control del absentismo, negociación colectiva, papel de la Administración laboral... Lo más llamativo (indemnización por despido improcedente de 33 días) resulta ser casi anecdótico si se repara en elenco de novedades: contrato de fomento para PYMES, posibilidades que se abren a la negociación, fórmulas que flexibilizan los procesos de toma de decisiones en materias capitales: salarios, descuelgues (también en tiempo y sistema de trabajo, funciones, mejoras voluntarias), reformulación de las causas económicas (trimestres de disminución de ingresos), eliminación de la autorización administrativa en los ERES, viabilidad de éstos en el sector público, práctica desaparición de los salarios de tramitación, fortalecimiento de los convenios de empresa, ultraactividad bienal de los convenios, permiso retribuido para la formación, privatización en intermediación o formación ocupacional, innovaciones procesales concordantes,etc. Este libro pretende ofrecer al lector interesado (Directores de Recursos Humanos, Abogados laboralistas, Graduados Sociales) una primera aproximación al impacto de esta reforma en nuestra legislación laboral, incluyendo criterios y pautas para la comprensión de una norma de enorme trascendencia social y económica.

Estas 160 Cuestiones, salvo alguna contada excepción, son deliberadamente breves, con la intención de ir al meollo de la cuestión y, por qué obviarlo, de adaptarse a las exigencias de la sede en que aparecieron originariamente (alrededor de la mitad) o de la función profesional para la que fueron generados. No se pretende argumentar en profundidad, sino identificar problemas, explicar contradicciones, denunciar, provocar o, más sencillamente, comentar a vuela pluma una reforma legal, un criterio judicial relevante o un ramillete de sentencias curiosas o sorprendentes. La obra se estructura en cuatro núcleos: fuentes del ordenamiento laborales, contrato de trabajo, aspectos colectivos y prevención de riesgos laborales.

Bajo la dirección de Antonio Sempere y Rodrigo Martín una veintena de autores pasa revista a la reestructuración de empresas desde una perspectiva laboral práctica. La obra se vertebra en tres grandes bloques: reestructuraciones no extintivas, reestructuraciones extintivas y protección social específica. Tienen acogida en el libro las medidas alternativas a los despidos, examinándose con profundidad y rigor la movilidad funcional, la modificación sustancial, el descuelgue salarial, la suspensión del contrato y las reducciones de jornada por razones económicas, así como las modalidades contractuales que de un mejor modo pueden adaptarse a la dinámica de la reestructuración. Igualmente se analizan los fenómenos de subcontratación y las vicisitudes contractuales en los casos de transmisión (total o parcial) de empresas. En la segunda parte de la obra se ahonda en el despido en toda su dimensión: objetivo, colectivo, situaciones concursales, reconversión y promoción industrial. En las partes primera y segunda se incluyen capítulos donde se examinan las cuestiones sustantivas desde la óptica preventiva y de detección de riesgos que aportan las auditorías laborales. En fin, se dedica una última parte a la incidencia de la reestructuración de empresas en la protección social de los trabajadores, especialmente en materia de desempleo, prejubilaciones y jubilaciones (forzosa, anticipada, parcial, transitoria), incorporando las novedades introducidas por la Ley 27/2011.

De la mano de 25 autores de prestigio, la presente obra examina de manera rigurosa, precisa, directa y amena la extinción del contrato de trabajo, en sus múltiples formas y manifestaciones (mutuo acuerdo, voluntad del trabajador, muerte, jubilación e incapacidad, despido disciplinario, despido por causas objetivas, despido colectivo y por fuerza mayor, reestructuración de empresas, procedimientos concursales), así como conexión y efectos en supuestos específicos (salarios de tramitación, cálculo de la indemnización, relaciones laborales especiales), prestando atención al régimen jurídico-positivo vigente y a los criterios judiciales más relevantes, todo ello en una doble dimensión, sustantiva y procesal. El exhaustivo y pormenorizado estudio -realizado por auténticos especialistas que no han escatimado esfuerzos a la hora de plantear y ofrecer soluciones a los más importantes problemas teóricos y prácticos- hace que los destinatarios principales de esta obra (Abogados, Magistrados, Inspectores de Trabajo, Profesores universitarios, Graduados Sociales) encuentren en ella una buena herramienta de trabajo y un sólido apoyo en sus tareas profesionales.

La mera ejecución del contrato de trabajo puede hacer surgir responsabilidades indemnizatorias tanto para la empresa (lo más frecuente) cuanto para el trabajador. Superada ya la tesis de que sólo cuando la norma laboral lo prevé (y en la cuantía allí establecida) cabe tal posibilidad, se abre todo un abanico de variantes y de problemas. Sobre la base de los muchos pronunciamientos que aplican construcciones privatistas sobre responsabilidad civil por daños y perjuicios al ámbito del contrato de trabajo, esta obra analiza cuándo procede reclamar tal indemnización y cuál es su relación con el régimen propio del ordenamiento laboral. Se estudian, entre otras cuestiones, la naturaleza de la responsabilidad, el plazo existente para reclamar judicialmente el resarcimiento, el orden jurisdiccional competente para conocer del caso y los criterios de cuantificación de la indemnización correspondiente, además del examen de múltiples supuestos concretos. Habiendo transcurrido ocho años desde que los autores estudiaran por primera vez el tema de modo monográfico, la obra recoge y analiza los nuevos e importantes criterios jurisprudenciales y doctrinales cuyo conocimiento es esencial en una materia tan dinámica como ésta. El enfoque eminentemente práctico y jurisprudencial, aunque con un sólido anclaje dogmático, hace de esta monografía un instrumento sumamente útil en su campo.

Aunque no es nueva la atención jurídica al fenómeno del tráfico rodado, durante los últimos años se ha convertido en un tema especialmente visitado desde múltiples ópticas: legislativa, práctica, dogmática, etc. Especial interés viene despertando su examen desde el punto de vista represivo (punición de determinadas conductas relacionadas con la utilización de los vehículos a motor, muy especialmente aquellas que generan intolerables riesgos abstractos para la colectividad), educativo (carné por puntos, obligaciones de vuelta a las autoescuelas, etc.) y tuitivo (atención a las víctimas y a sus familiares). El nuevo, o renovado, interés por las cuestiones atinentes a esta vieja problemática viene propiciado por el denodado esfuerzo que sobre esta cuestión despliega la política legislativa en la materia. La acción normativa se basa en dos premisas fundamentales, que naturalmente se irradian a la configuración técnica de las soluciones asumidas: 1º) el control sobre determinados ámbitos de la conducción es necesario para prevenir actitudes peligrosas, o abiertamente fraudulentas; 2º) han de asumirse conceptos y valores sumamente autónomos. En ese contexto parece útil abordar un estudio sistemático sobre la influencia de dicho fenómeno en el sistema protector de Seguridad Social. Con la metodología propia de los estudios sobre jurisprudencia y doctrina judicial, eso es lo que se pretende realizar ahora, analizando de qué forma y manera influye el accidente de tráfico en la delimitación del accidente de trabajo, en todas sus modalidades, y con todas sus particularidades.