En la presente monografía, el Profesor Fernández de Buján y Arranz, analiza en profundidad y con un encomiable rigor científico la tributación de la producción, suministro y autoconsumo de energía eléctrica, centrando el estudio y análisis de la cuestión en tres grandes pilares, a saber, el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), el Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE)y el autoconsumo de energía eléctrica. El Impuesto especial sobre la electricidad es un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo de electricidad y grava, en fase única, el suministro de energía eléctrica para consumo, así como el consumo por los productores de aquella electricidad generada por ellos mismos. Con independencia de que el suministro a los consumidores se realice a título oneroso o gratuito, la base imponible del IEE será aquélla que se habría determinado a efectos del IVA para suministros efectuados a título oneroso entre personas no vinculadas. Por ejemplo, en el caso de suministros electricidad, será la suma de una cuota fija y de la cuota variable facturada por la comercializadora al consumidor final. Por su parte, el Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica es, en principio, en cuanto a su naturaleza, un tributo de carácter directo y real, que grava la realización de actividades de producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica, medida en barras de central. En relación con el IVPEE, la base imponible está constituida por el importe total que corresponda percibir al contribuyente por la producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica, medida en barras de central, por cada instalación, en el período impositivo.

Los impuestos especiales se califican de este modo por contraposición a los impuestos generales de todo sistema impositivo. Son tributos de naturaleza indirecta que recaen sobre consumos específicos y gravan, en fase única -en su condición de impuestos especiales de fabricación-, la fabricación, importación y, en su caso, introducción, en el ámbito territorial interno de alcohol y las bebidas alcohólicas, hidrocarburos y labores del tabaco. Por su parte, los impuestos especiales stricto sensu, son también monofásicos y gravan los siguientes consumos específicos: la matriculación de determinados medios de transporte, el suministro de energía eléctrica y la puesta a consumo de carbón. No incluidos en la Ley 38/1992 de impuestos especiales e incardinados en otras leyes específicas, también cabe calificar como especiales, el impuesto sobre primas de seguros, y estos con un claro cariz medioambiental, el impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero, y, respectivamente, los nuevos impuestos sobre los envases de plástico no reutilizables o sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos, que vienen. Con carácter general, son tributos compatibles con el IVA en la medida en que el impuesto especial pasa a computarse dentro de la base imponible del impuesto general sobre el consumo, esto es el IVA. Sin lugar a dudas, los impuestos especiales constituyen uno de los principales pilares de nuestro sistema tributario. En la obra se tratan de forma extensa y minuciosa las disposiciones comunes a todos los impuestos especiales de fabricación.

El Derecho Romano constituye la experiencia jurídica más paradigmática de la historia europea. La relegación que históricamente se ha producido en el estudio del Derecho Público Romano no se justifica, a juicio del autor, en atención a la unidad de la ciencia jurídica, y del propio Derecho Romano, como ordenamiento global de la comunidad política romana, a la necesidad de explicar la norma jurídica en el contexto político y socioeconómico en el que nace, y a las múltiples y variadas enseñanzas que depara el estudio de los principios y normas constitucionales, administrativas, penales, fiscales o internacionales propias del Ordenamiento Jurídico romano. Los teóricos del Estado moderno, Montesquieu y Bodin, construyen algunas de sus principales aportaciones sobre el estudio de las fuentes romanas, así la teoría republicana de Mostesquieu y la definición de soberanía de Bodin. Ideas básicas provenientes de la República romana han servido, así mismo, como modelo en la Revolución Francesa, los Estados liberales del siglo XIX y los actuales sistemas democráticos europeos e iberoamericanos. La experiencia política del Bajo Imperio, caracterizada por el absolutismo, el centralismo, la burocracia ingente y la imposición fiscal absorvente, constituye, por otra parte, el referente del Estado absoluto de la Edad Moderna. Se ha procedido en la presente edición a incorporar en el capítulo XV, Derecho Penal Privado y Derecho Penal Público, la referencia a la persecución mediante acciones populares de determinados delitos privados, delicta, sancionados mediante multas o penas pecuniarias, en un proceso civil, y de los delitos públicos, crimina, ante tribunales públicos y permanentes, quaestiones perpetuae, en especial, los atinentes a la apropiación o el abuso, por parte de un funcionario público o de un particular, de cosas públicas, sagradas o religiosas, la falsificación de moneda o de documentos públicos, y la retención o desviación de dinero público o bienes públicos, destinados a una finalidad específica, a los que no se les da el destino previsto.

La aplicación de la Declaración de Bolonia a la Universidad Española, ha supuesto una reducción sustancial de la enseñanza teórica dedicada a las disciplinas jurídicas en los nuevos Planes de Estudio. En consonancia con la nueva situación, y con la finalidad de adaptarse a las exigencias del denominado Espacio Europeo de Educación Superior, la obra que ahora ve la luz aborda el estudio de las instituciones y los conceptos básicos que informan el Derecho Público y Privado Romano. El derecho romano constituye la experiencia jurídica más paradigmática de la historia europea. La enseñanza del Digesto Justinianeo en la Bolonia del siglo XI, está en el origen de la que fue la primera universidad europea, y contribuye, desde entonces, a la conformación de la lógica jurídica de los estudiantes, al tiempo que les faculta para entender los distintos Ordenamientos jurídicos modernos como el resultado de sucesivas experiencias históricas, que deberán ser tenidas en cuenta a la hora de interpretar y aplicar el derecho vigente. El estudio aséptico del derecho positivo, sin una valoración histórica y filosófica de las normas jurídicas, comporta el riesgo de generar una percepción sacralizada o dogmática de la ley, que daría como resultado una figura de experto o técnico de normas en vigor que no distaría mucho de la vilipendiada imagen del leguleyo. Se ha procedido, en esta cuarta edición, a incorporar un Prólogo y a la revisión y actualización de la obra en su conjunto, especialmente en materia de Codificación de las XII Tablas.

El Derecho Romano constituye la experiencia jurídica más paradigmática de la historia europea. La relegación que históricamente se ha producido en el estudio del Derecho Público Romano no se justifica, a juicio del autor, en atención a la unidad de la ciencia jurídica, y del propio Derecho Romano, como ordenamiento global de la comunidad política romana, a la necesidad de explicar la norma jurídica en el contexto político y socioeconómico en el que nace, y a las múltiples y variadas enseñanzas que depara el estudio de los principios y normas constitucionales, administrativas, penales, fiscales o internacionales que caracterizan a la comunidad romana. La enseñanza del Digesto justinianeo en la Bolonia del siglo XI, está en el origen de la que fue la primera universidad europea y contribuye, desde entonces a la conformación de la lógica y el razonamiento jurídico de los estudiantes de las Facultades de Derecho. He procedido en la presente edición a actualizar el tema XI, en materia de provincias, en el marco de la organización político- administrativa del territorio conquistado, el tema XIII en materia de sacralización de la política y cesaropapismo, en el marco de la influencia de la filosofía cristiana en la legislación romana, y el tema XVI en materia de prestación de servicios públicos, en el marco de la experiencia administrativa romana.

La aplicación de la Declaración de Bolonia a la Universidad Española, ha supuesto una reducción sustancial de la enseñanza teórica dedicada a las disciplinas jurídicas en los nuevos Planes de Estudio. En consonancia con la nueva situación, y con la finalidad de adaptarse a las exigencias del denominado Espacio Europeo de Educación Superior, la obra que ahora ve la luz aborda el estudio de las instituciones y los conceptos básicos que informan el Derecho Público y Privado Romano. El derecho romano constituye la experiencia jurídica más paradigmática de la historia europea. La enseñanza del Digesto Justinianeo en la Bolonia del siglo XI, está en el origen de la que fue la primera universidad europea, y contribuye, desde entonces, a la conformación de la lógica jurídica de los estudiantes, al tiempo que les faculta para entender los distintos Ordenamientos jurídicos modernos como el resultado de sucesivas experiencias históricas, que deberán ser tenidas en cuenta a la hora de interpretar y aplicar el derecho vigente. El estudio aséptico del derecho positivo, sin una valoración histórica y filosófica de las normas jurídicas, comporta el riesgo de generar una percepción sacralizada o dogmática de la ley, que daría como resultado una figura de experto o técnico de normas en vigor que no distaría mucho de la vilipendiada imagen del leguleyo. He procedido en esta segunda edición a una revisión completa de la obra, que ha tenido una excepcional acogida en su primera edición, con la finalidad de hacerla más didáctica, clarificar su contenido en temas de especial dificultad, y reforzar la argumentación y la formación lógico jurídica en la exposición de las instituciones que se abordan.