La implementación de métodos alternativos de resolución de controversias en materia de consumo se ha afrontado en nuestro ordenamiento desde dos perspectivas. En primer lugar, establece procedimientos que permiten a los consumidores acudir a mecanismos rápidos, ágiles, y económicos para instar la reclamación frente a entidades empresariales. Ahora, ha sido necesario armonizar la normativa desde el punto de vista orgánico para generar criterios únicos de las entidades que administran los sistemas de resolución alternativa en toda la Unión Europea. A través de la presente obra, se analizan los aspectos más relevantes de la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora la Directiva 2013/11/UE, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo. En ella no se busca regular concretos procesos de arbitraje o mediación, sino que se establecen los requisitos mínimos que ha de cumplir una entidad de resolución alternativa para acreditarse, y así ofrecer un servicio de calidad y unificado en toda la Unión Europea, cuyo destinatario final son todos los consumidores y usuarios. Los presupuestos pretenden obtener una alta calidad asegurando la independencia, imparcialidad, transparencia, efectividad, rapidez y justicia, tanto para los litigios nacionales, como para los transfronterizos. Afectan no sólo a determinados aspectos formales de las entidades de resolución, sino también a los procedimientos de resolución mismos que cada una de ellas desarrolle, implantando estándares de calidad y garantías de acceso. Además, el estudio dirige su mirada a las obligaciones que deben cumplir las entidades a acreditar, los deberes de información a los consumidores, y deberes de las autoridades públicas, al tiempo que se aborda de manera especial la aplicación de la ley a litigios en el ámbito bancario y en el ámbito del transporte aéreo, en cuyo caso, las autoridades acreditadoras son diferentes. La obra también plantea una serie de problemas que no han sido tenidos en cuenta por el legislador a la hora de considerar las instituciones de resolución alternativa que ya están en funcionamiento en España, lo cual desemboca en incoherencias terminológicas y sistémicas, por lo que es necesaria la reflexión y el desarrollo de soluciones prácticas a la luz de la legislación en su conjunto.

La presente obra analiza la acción de cesación para la protección de consumidores y usuarios desde el punto de vista procesal. Para ello, parte de la regulación de la LECiv sobre materia de consumo, que está siendo reformada repetidamente como consecuencia de las Directivas de la Unión Europea sobre acción de cesación. Desde estas instancias, es constante la preocupación que plantean todas las actividades que de modo directo o indirecto pueden afectar a consumidores y usuarios. Es por ello que necesariamente se ha tenido que adaptar la legislación española a los requerimientos comunitarios, pero no sólo desde el punto de vista procesal, sino también material. Pero la adaptación procesal civil no sólo se encuentra en la LECiv, sino también en diversas leyes sectoriales que afectan a consumidores y usuarios, y en especial a un tipo de acción que se caracteriza por la tutela de los denominados intereses colectivos y difusos. Así pues, resulta necesario distinguir la acción de cesación para la defensa de consumidores y usuarios de la acción de cesación prevista en otras leyes como herramienta de tutela de intereses particulares. La primera genera una serie de especialidades procesales que la convierten en una acción específica en la materia. Así pues, temas como la legitimación, reconocida en general a entidades y organismos, e incluso al Ministerio Fiscal, pero casi nunca a los particulares, la intervención procesal, la delimitación del objeto, su acumulación con otras acciones, los efectos de la sentencia, o la ejecución, entre otras cuestiones, constituyen instituciones procesales que se han tenido que adaptar a la materia debatida. Por ello, el estudio doctrinal y jurisprudencial de la acción de cesación se convierte en una herramienta útil no sólo desde el punto de vista teórico, sino también para los profesionales.