La transparencia administrativa es un valor procedimental preferente y necesario para la existencia de una sociedad democrática avanzada y de una opinión pública libre. Es también una exigencia no solo del pensamiento liberal que desconfía tradicionalmente del Estado y ve la transparencia como un límite al poder público y un instrumento de control sino también de los nuevos movimientos sociales que demandan una democracia real más participativa y un empoderamiento de los ciudadanos. Existen sólidos fundamentos constitucionales para exigir el acceso a información pública. Sin embargo, hasta la aprobación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, la normativa administrativa de nuestro país no facilitaba a los ciudadanos el ejercicio del derecho de acceso a la información pública ni obligaba a la Administración Pública a publicar una amplia información de oficio. La práctica administrativa reiterada, agravada por la ausencia de un claro impulso jurisdiccional en este ámbito y la progresiva excepcionalidad de nuestro país en materia de acceso a la información que se hizo especialmente patente a raíz de la aprobación el 27 de noviembre de 2008 por el Consejo de Europa del Convenio sobre el Acceso a los Documentos Públicos ha ido creando progresivamente una mentalidad pro-acceso. Evidentemente la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, es un texto mejorable, como lo son todas las normas jurídicas que tratan de realizar avances, conciliando valores y actores contrapuestos pero su aprobación ha abierto ya definitivamente la puerta al acceso a la información pública en España. Este Comentario está centrado en la aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, por parte de las distintas Administraciones Publicas y autoridades de control. Los autores son sesenta y seis especialistas que desde distintos ámbitos analizan algún precepto de la Ley. Participan en la obra no sólo profesores de Universidad sino también miembros del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España, del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de la Comisión de Garantía de Acceso a la Información Pública de Cataluña y del Procurador del Común de Castilla y León. También intervienen los Subdirectores Generales y funcionarios que son responsables de cumplir las obligaciones de transparencia en la actividad pública de las distintas Administraciones y órganos constitucionales como la Oficina de la Transparencia y Acceso a la Información de la Vicepresidencia del Gobierno, la Unidad de Contenidos en la Red del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la Secretaria General de Presidencia del Gobierno que es el órgano competente en relación con la información que obre en poder de la Casa Real, el Consejo General del Poder Judicial, el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, las Cortes Generales y el Ayuntamiento de Madrid. Esta obra cuenta también con actores de la transparencia pertenecientes a la sociedad civil como la Fundación ¿Hay derecho? y la Fundación Compromiso y Transparencia.

Los Comentarios a la Ley, 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid tratan de ser una aproximación sistemática que analiza los distintos apartados de la misma. Este libro contiene, además de un conjunto de comentarios generales de la ley, un estudio exhaustivo de su articulado en el que se aborda el régimen de capitalidad, el gobierno y la administración municipal, el régimen jurídico y procedimiento y las competencias municipales, con especial referencia a la seguridad pública y a la seguridad vial. El libro incluye también un conjunto de estudios comparativos en relación con Berlín, Roma, París y con el régimen especial del municipio de Barcelona. Este Comentario se elabora desde la perspectiva de las tres Administraciones Públicas implicadas -Administración General del Estado, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid- y contando con la participación de aquellas personas -Directores Generales y funcionarios- que han intervenido en los distintos momentos del proceso de elaboración, negociación y aprobación de la Ley de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid. Igualmente, también participan en este Comentario distintos profesores universitarios que han dedicado parte de su actividad investigadora al régimen local y a los regimenes municipales especiales. La Ley de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid supone un importante avance del municipalismo. Si muchos de los contenidos de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local dispusieron del impulso final del Ayuntamiento de Madrid y deben ser interpretados en clave de la necesaria modernización de este municipio que se acomete a partir del año 2003, hay que destacar que la Ley de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid contiene una reforma del régimen jurídico y del procedimiento y una regulación de la Administración municipal así como una propuesta -que finalmente no fue aprobada- de mejora de la financiación y de progresividad de los impuestos que pueden incorporarse al futuro Anteproyecto de Ley Básica de Gobierno y Administración Local y a la reforma de la Ley de Haciendas Locales, de la que se beneficiarán los Ayuntamientos de España. Este Comentario quiere ser un reconocimiento expreso -que no ha sido hecho hasta ahora- al impulso que el Ayuntamiento de Madrid ha dado desde el año 2003 tanto al municipalismo como a la modernización de la gestión de las Administraciones Públicas, que contribuye a mejorar los servicios públicos en beneficio de los ciudadanos.