El presente libro tiene como objetivo ofrecer una visión general, sistemática e integral del derecho penal europeo, entendido como el derecho de la Unión Europea (UE) -una organización altamente integrada y con un carácter supranacional que está compuesta (aún) por 28 Estados miembros- y el derecho del Consejo de Europa (CdE) -una asociación de 47 Estados-. En ese sentido, el capítulo I ofrece una perspectiva panorámica de la historia del proceso de integración europea, desde sus inicios hasta su más reciente revés con el Brexit (lo cual, por cierto, no afecta la pertenencia del Reino Unido al CdE), del concepto de derecho penal europeo así como de sus fuentes. El capítulo II ofrece un análisis integral de la protección de derechos en Europa, en lo relativo al derecho penal, distinguiendo entre el ámbito del CdE (CEDH y TEDH) y los esfuerzos más recientes en el ámbito de la UE (CDFUE, especialmente las reglas referidas a la doble incriminación europea). En los capítulos III y IV se analiza el derecho penal sustantivo y el derecho procesal, respectivamente, con un enfoque en la cooperación policial y judicial. Finalmente, en el capítulo V se lleva a cabo una revisión de las más importantes instituciones de derecho penal europeo, incluyendo la Fiscalía Europea (EPPO), aún por fundarse.

... no existe un procedimiento penal internacional uniforme. En vez de ello, cada tribunal ha desarrollado su propio código procesal, más o menos original. Por esta razón, la misión y las competencias de los fiscales varían de un tribunal a otro. La cuestión primera y fundamental –a simple vista- parece residir en si el fiscal tiene un papel acusatorio o, por lo contrario, de funcionario de justicia imparcial que tiene que investigar por igual las circunstancias inculpatorias y exculpatorias. Si se opta – como lo hace el Estatuto de la ICC – por este último enfoque, se plantea la cuestión de cómo poner en práctica este objetivo idílico, y en particular cómo se sanciona a un fiscal que no logra cumplir con estas altas expectativas...

Una segunda cuestión de importancia tiene que ver con el alcance del control judicial en la fase de investigación. Hasta ahora los modelos adoptados van desde ninguna supervisión judicial (Núremberg y Tokio) hasta investigaciones acompañadas de un juez (Tribunales ad hoc e ICC) y la designación de un juez instructor que controla y dirige las investigaciones bajo su autoridad (ECCC).

A pesar de estas y otras diferencias, todos los tribunales internacionales e internacionalizados comparten una característica común: fusionan elementos de la tradición romano-germánica y del common law que dan lugar a un Derecho procesal sui generis. Aunque como se dijo anteriormente no existe aún un único procedimiento penal, sí se han sentado las bases y el punto de partida para lograrlo en años venideros...

La dignidad humana debe ser el punto fijo y al mismo tiempo de partida de todo sistema de derecho penal; sólo entonces puede oponerse a la total desmitificación del mundo (Weber) operada por un funcionalismo formalmente orientado hacia un fin (...) un obst culo considerablemente abultado y esperemos que insuperable. Dicho brevemente: los miembros de un sistema de derecho penal basado en la dignidad humana son siempre sistemas con el estatus de ciudadanos en virtud de su proxima existencia humana. El derecho penal de ese sistema jur¡dico no conce de enemigos y no tiene lugar alguno para la exclusión de algunos seres humanos. La ciencia jur¡dico-penal de ese sistema no tiene nada que ver con las reglas del derecho penal del enemigo, sino que, mediante la investigación dogm tica y la coparticipación de la pol¡tica criminal se puede realizar una prestación a la libertad en el seno de una seguridad humanitaria;. La ciencia del derecho penal debe ser, en este sentido, tambi‚n ciencia pr ctica que oriente sus tesis y teor¡as a las consecuencias externas del sistema.