Esta obra colectiva representa una defensa convencida y sólida del derecho humano y constitucional a la libertad de expresión, tanto desde la perspectiva de su legítimo espacio en el debate público, como desde la crítica a las amenazas que la limitan. Por un lado, la Constitución española consagra una amplia libertad de expresión cuya eficacia debe proyectarse sobre cualquier limitación penal de la misma. No es superfluo en la actualidad recordar y reforzar el contenido constitucionalmente legítimo de la libertad de expresión. Esta obra examina los delitos de odio y delitos de opinión -discurso de odio y contra los sentimientos religiosos, enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona-, que asfixian la libertad de expresión. Quienes se acerquen a su lectura podrán encontrar aquí propuestas legislativas y de interpretación jurisprudencial para circunscribir los delitos señalados a los límites constitucionalmente admisibles. Por otro, las redes sociales parecieron, en principio, el paraíso de la libertad de expresión. Sin embargo, algunos Gobiernos y empresas han estrangulado los espacios virtuales de expresión. Hay Gobiernos autocráticos y democracias iliberales que vacían de contenido las libertades expresivas en las redes -persecución de noticias “sospechosas”, fake news-. Al mismo tiempo, las grandes corporaciones imponen restricciones inaceptables para un entorno abierto de ejercicio de las libertades informativas -bloqueo de cuentas, denuncias que amordazan a los periodistas, “slapps”-. Esta obra colectiva examina las amenazas sobre la libertad de expresión que se ejercen a través de las redes. Hay que defender la libertad de expresión. No hay derecho absoluto, pero esta liberad fundante de un Estado democrático de Derecho merece respirar. Sin asedios.

¿La siguiente secuencia es cierta: delitos de odio + delitos de expresión = delito de opinión? En el debate social, académico y jurisprudencial posiblemente no exista una cuestión más discutida que la que hemos planteado. Resulta imperioso afrontar este interrogante a través de una obra colectiva como la que el lector tiene entre sus manos, máxime si se tiene en cuenta el reciente anuncio del legislador de afrontar una intensa reforma de estos delitos. Esta obra parte de una idea: el debate sobre los delitos de opinión debe plantearse inicialmente en un nivel previo a las propias figuras delictivas. Un estudio serio de estas cuestiones exige construir una Parte General y una Parte Especial de los delitos de opinión. Presentamos al lector aquí la Parte Especial. A través de un enfoque plural y coral, individual, pero, al mismo tiempo, común en cuanto al compromiso con el binomio “libertad de expresión y no discriminación de colectivos”, examinamos el (central) delito del discurso del odio del art. 510, el delito de injurias al Rey del art. 490.3, el delito de enaltecimiento terrorista del art. 578 y el delito contra los sentimientos religiosos del art. 525. Sobre todas estas figuras sobrevuela, por su definición típica o por su cuestionable interpretación y aplicación jurisprudencial, el fantasma de los delitos de opinión. Entre la libertad de expresión y el delito. La Parte Especial de los delitos de opinión está atravesada por un propósito: suministrar pautas de interpretación restrictiva de los delitos de expresión contenidos en el Código Penal y allí donde la defensa de la libertad de expresión lo exija, proponer su reforma e incluso su derogación.