Siendo la junta de propietarios el órgano superior de la comunidad en el que se han de plantear y resolver todas las cuestiones comunitarias y dónde se debe adoptar cualquier tipo de acuerdos, resulta imprescindible saber quién puede convocarla; cuáles son los requisitos necesarios; en qué plazo y cómo notificarla; quién puede asistir o votar, y cómo se deben redactar y notificar las actas. Además, aunque en principio la Ley de Propiedad Horizontal nos aclara cómo hacerlo, existe numerosa casuística al respecto, por eso y tras la publicación del monográfico La junta de propietarios. 415 preguntas y respuestas, hemos considerado de interés actualizar este interesante estudio de jurisprudencia. Ambas obras son independientes, pero resultan un complemento indispensable, dado que en ellas encontrarán tanto la respuesta de la jurisprudencia, en aquellos casos en los que se hayan pronunciado, y, en su defecto, el criterio de sepín en el estudio de todas estas cuestiones prácticas.
Este trabajo pretende ser una herramienta de trabajo imprescindible que le ayudará a encontrar la solución para cada caso concreto, tanto para argumentarlo en su propia reunión de la comunidad como en su acción judicial.
Los extractos de jurisprudencia siguen la dinámica de trabajo de sepín: se publican con un breve título que resume el contenido, lo que facilita la lectura, y se clasifican por voces y pronunciamientos, para que encontrar la solución sea una tarea rápida y sencilla, a pesar de tratarse de una recopilación de más de 900 sentencias.
Esperamos que este exhaustivo estudio le ayude a resolver todas sus dudas sobre la junta de propietarios.
Las recientes tecnologías digitales facilitan la posibilidad de comunicarnos e interactuar con los demás y, a su vez, han dado lugar a nuevas dinámicas conductuales reprochables que tienen como víctima a los menores de edad y a los discapacitados. Así, el mundo virtual actúa como ?agente victimizador?, anticipándose al mismo Código Penal que reacciona frente a nuevos ilícitos que intentan atentar contra la libertad sexual de personas vulnerables. Usando el anonimato, se sustituyen los lugares de afluencia infantiles tradicionales por el ordenador y el móvil, soportes de las herramientas digitales de acceso a las redes sociales. Todo ello aderezado con la falta de sentido común y desinhibición on line que experimenta el menor, con una personalidad en proceso de formación.
El objeto de esta obra es el estudio, desde el punto de vista criminológico y penal, de la táctica de aproximación del mayor de edad valiéndose de medios telemáticos para establecer cierta relación de confianza con el menor de edad de 16 años para producir un acercamiento con fines sexuales o embaucarle para que facilite material pornográfico.
Con la ayuda eternamente agradecida de D. Miguel Polaíno Navarrete, ejemplar persona y Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Sevilla, se profundiza en un estudio jurídico completo del delito del artículo 183 del Código Penal partiendo de su breve perspectiva histórica, su bien jurídico protegido y su consideración como acción típica, antijurídica, culpable y punible.
La gestión de los riesgos psicosociales en el seno de las empresas se integra en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, y en el deber de protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, que recae sobre el empresario. De este modo, se deben adoptar medidas organizativas para prevenir y evitar problemas de salud mental de los trabajadores y, por ello, se convierte en una materia de especial
importancia en el seno de las empresas y para los asesores jurídico-laborales.
Así, precisamente, en el presente trabajo se efectúa un completo y riguroso análisis de la materia, ilustrado con la más reciente doctrina judicial y jurisprudencial, de modo que se dota a los operadores jurídicos del ámbito laboral de una herramienta útil, dinámica y eficaz, al objeto de servirles de guía en la aplicación práctica de la gestión de los riesgos psicosociales en el seno de las empresas, y
les permite afrontar de forma sencilla y natural todo el proceso de toma de decisiones preventivas para evitar los problemas de salud mental de los trabajadores. Dado que no podemos obviar que, entre los trabajadores europeos, el estrés, la ansiedad y la depresión constituyen el segundo problema de salud laboral más común y ello incide directamente en las tasas de absentismo.
¿Debo entablar la acción ante los juzgados y tribunales contencioso-administrativos?
Este es uno de los primeros interrogantes que deberá resolver el abogado cuando ha de emprender un litigio en el que existe un componente público en la parte contraria. No siempre que actuamos contra una Administración Pública, corporación o, por ejemplo, empresa de capital público, la jurisdicción contencioso-administrativa tendrá atribuida la competencia.
Esta obra pretende ofrecer soluciones a una problemática cuya complejidad se demuestra a través de la multitud de conflictos de competencia que anualmente se plantean y que evidencian los difusos límites de esta jurisdicción, hasta el punto de que los propios magistrados de este orden tienen dificultades en su interpretación y aplicación, y se declaran incompetentes a favor de otros órdenes jurisdiccionales, ya sea del civil, del penal o del social.
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El presente libro es fruto de una labor de investigación, estudio y recopilación de la experiencia vivida como magistrado en un juzgado especializado en acciones individuales frente a condiciones generales de contratación en préstamos concertados con personas físicas.
Se trata de una materia que se está desarrollando ante nuestros ojos con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como director de orquesta y el resto de órganos judiciales nacionales como intérpretes de una partitura no siempre fácil de ejecutar.
Se analizan multitud de resoluciones judiciales de las diversas instancias judiciales y se ofrece una opinión personal sobre algunos de los problemas que plantea el ejercicio ante los tribunales de este tipo de acciones.
La protección del consumidor frente a las entidades predisponentes de clausulados contractuales, cuya necesidad deriva de una sociedad donde la contratación en masa en determinados sectores es ya una regla general, requiere de un esfuerzo en el estudio de las respuestas jurídicas que garanticen dicha protección sin desatender la realidad del fenómeno de las condiciones generales de contratación como instrumento de gestión de intereses básicos y colectivos para nuestra sociedad.