Quienes participamos en las actividades del Sector de la Construcción, sabemos de los aciertos, deficiencias e insuficiencias de su marco jurídico y son precisamente estos aspectos los que expone con claridad y sencillez el licenciado Roberto Hernández García; un profesional con un gran conocimiento de las diferentes leyes que norman a la industria de la construcción y una amplia experiencia en su aplicación. El autor ha participado en diferentes foros internacionales donde se ha abordado el Derecho de la Construcción como el caso del International Construction Projects Committe (ICP) de la International Bar Association (IBA) del cual fue Co-Presidente; del Comité de Solución de Controversias en Construcción de la International Chamber of Commerce México, del cual fue Presidente, y, es además, miembro del American College of Construction Lawyers; y de la International Academy of Construction Lawyers, así como Presidente de la Comisión Anticorrupción de la International Chamber of Commerce México. Como lo explica el propio autor, este libro contiene una exposición de diversos casos de actualidad relacionados con la industria de la construcción y con los principales aspectos jurídicos asociados a la misma. Cualquier persona que tenga interés en el tema, podrá entender con relativa facilidad los porqués de las dificultades de aplicación de la norma en este sector y que subyacen en cada una de las etapas del proceso de contratación y construcción de obra pública e incluso obra privada. El análisis va desde la planeación hasta la puesta en operación, describiendo los problemas normativos y prácticas que los afectan y, sobre todo, proponiendo soluciones.

Este libro es una guía para conocer el marco jurídico nacional en materia de inversión extranjera, que analiza e identifica los requisitos exigibles y los procedimientos que se tienen que desahogar para realizar proyectos de inversión en México; todo ello partiendo de un enfoque asequible y práctico, conforme a los límites legales y a los compromisos internacionales contenidos en los tratados comerciales. Estamos ante una obra de consulta especialmente útil para los estudiantes y estudiosos del Derecho de la Inversión Extranjera y para todos los abogados de las empresas nacionales, multinacionales o transnacionales, que pretenden invertir en México y/o fortalecer su presencia comercial en este país.
Con el cambio de gobierno, se va a tratar de impulsar la mejora del medio ambiente de negocios y para ello es importante ofrecer un marco seguro y confiable para la inversión que permita incrementar el bienestar económico y consolidar la transferencia de tecnología. Bajo esa perspectiva, se desarrolla una explicación jurídica de los diversos temas, modalidades y trámites que se tienen que realizar para concretar la inversión extranjera con altos índices de certidumbre jurídica. Las recomendaciones vertidas en la presente ilustran el camino legal a seguir para el inversor, por lo que se incluyen los formatos y se explican los elementos que deben presentarse en cada uno de ellos.
El presente estudio además analiza el rol de la empresa mexicana y extranjera bajo el concepto de la nacionalidad, en un ámbito de libre competencia, conforme a las normas jurídicas nacionales que permitan generar innovación y crecimiento en sectores prioritarios de la economía nacional. Para completar esta Guía, se explican detenida y atinadamente los mecanismos de defensa legal que tienen los inversionistas ante un acto de autoridad que frene o ponga en tela de juicio un proyecto de inversión, independientemente de los mecanismos de solución de diferencias que se tenga conforme a los tratados comerciales.

La auditoría forense constituye un mecanismo imprescindible en la investigación de los ilícitos que se cometen en la gestión pública. La situación de pobreza y las circunstancias deplorables de millones de mexicanos persisten, entre otras cosas, como consecuencia de actos de ilegalidad cometidos contra la administración pública, por parte de servidores públicos que se enriquecen a costa de lo que a los primeros les corresponde. Este esquema de corrupción exige la creación de mecanismos para la salvaguarda de los bienes jurídicos tutelados.
En este libro se expone, mediante el análisis de casos, que en México no existen sanciones ejemplares para aquellos funcionarios de la más alta jerarquía que actúan para desviar o apropiarse del recurso público destinado a cubrir necesidades elementales, como la educación, la salud, la infraestructura, la seguridad y la vivienda. La falta de aplicación de los fondos destinados para estos rubros ha causado un daño social irreversible, y los ciudadanos no cuentan con medios de defensa contra esas conductas abusivas del poder. La malversación representa una grave violación a los derechos humanos, y la afectación que estos comportamientos ocasionan, en razón de la distracción del presupuesto asignado a procurar el desarrollo integral de los individuos y las comunidades, debiera ser castigada severamente.
Uno de los casos emblemáticos que se presentan ejemplifica la «teoría del dominio del hecho» de Claus Roxin, en la que la imputación del «sujeto de atrás» se establece a partir de la existencia de un autor mediato que ejerce el dominio de la voluntad sobre los ejecutores materiales, dentro de un engranaje en el aparato de gobierno.

El Derecho Internacional Público solamente exige que los Estados cumplan con lo que establecen sus disposiciones y deja que los órdenes jurídicos nacionales determinen en qué forma debe suceder lo mismo. Cuando por efecto de su incorporación en el sistema jurídico nacional, las normas de un tratado sean válidas en el Derecho interno de un Estado en iguales condiciones que una norma jurídica nacional, se debe determinar la manera en que se pueden derivar directamente de aquéllas derechos y obligaciones para los particulares.
En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado en diferentes decisiones las modalidades en que se integran los tratados firmados por el Presidente y aprobados por el Senado en el sistema jurídico mexicano. En sus sentencias en los expedientes A.R. 1475/98, A.R. 348/2001, A.R. 120/2002, varios 912/2010 y en la Contradicción 293/2011, entre otras, se han definido los requisitos que deben observar los operadores jurídicos en la aplicación de las disposiciones convencionales en el ámbito interno.
En la presente obra se exponen de manera sistemática los principios rectores del proceso mediante el cual los tribunales y las autoridades administrativas pueden válidamente fundamentar y motivar sus sentencias o actos administrativos en las normas de los tratados de los que México es parte.