Aunque en estos dos supuestos han existido reformas legislativas que han agilizado tanto la citada instalación de este servicio común de interés general, como la supresión de barreras arquitectónicas, no dejan de ser unas de las cuestiones más conflictivas en las Comunidades de propietarios.
¿Se debe computar el voto de todos los propietarios incluidos, los de locales que no se van a beneficiar de este nuevo servicio?, ¿quién está obligado al pago de los gastos que se generen?, ¿se puede modificar el sistema de reparto?, en este caso, ¿qué acuerdo sería preceptivo?, ¿qué servidumbres o limitaciones de propiedad serían procedentes?, y en estos supuestos, ¿cuál sería la indemnización correspondiente?, ¿quiénes están obligados al pago?, ¿procede la exoneración?, ¿cuándo y cómo está la Comunidad obligada a la supresión de barreras arquitectónicas?
En este estudio de jurisprudencia podrán comprobar la respuesta de los Tribunales a todos estos interrogantes.
Y además, en la parte de Actualidad:
· Quorum para la adopción de obras realizadas por los propietarios en elementos comunes, ¿computa el voto de los ausentes? · Representación en juicio del Presidente · Cesión o arrendamiento de zonas comunes

El presente libro es fruto de una labor de investigación, estudio y recopilación de la experiencia vivida como magistrado en un juzgado especializado en acciones individuales frente a condiciones generales de contratación en préstamos concertados con personas físicas.
Se trata de una materia que se está desarrollando ante nuestros ojos con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como director de orquesta y el resto de órganos judiciales nacionales como intérpretes de una partitura no siempre fácil de ejecutar.
Se analizan multitud de resoluciones judiciales de las diversas instancias judiciales y se ofrece una opinión personal sobre algunos de los problemas que plantea el ejercicio ante los tribunales de este tipo de acciones.
La protección del consumidor frente a las entidades predisponentes de clausulados contractuales, cuya necesidad deriva de una sociedad donde la contratación en masa en determinados sectores es ya una regla general, requiere de un esfuerzo en el estudio de las respuestas jurídicas que garanticen dicha protección sin desatender la realidad del fenómeno de las condiciones generales de contratación como instrumento de gestión de intereses básicos y colectivos para nuestra sociedad.

El art. 10 LAU 29/1994 ha sido modificado hasta cuatro veces: por la Ley 4/2013, de 4 de junio, el RDL 21/2018, de 14 de diciembre, el RDL 7/2019, de 1 de marzo, y recientemente, por la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda, que añade dos apartados con posibilidad de solicitar dos nuevas prórrogas extraordinarias. Resulta fundamental tener en cuenta las fechas de los contratos respecto al plazo de la prórroga, el requerimiento y la antelación necesaria para la no renovación, y destaca especialmente la renuncia a dicha prórroga. En este análisis de jurisprudencia mostramos las sentencias más relevantes.
Por otra parte, incluimos novedosas resoluciones sobre la prórroga extraordinaria de seis meses, que tuvo lugar como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, introducida por el RDL 11/2020, de 31 de marzo.
Y además, en la parte de Actualidad:
· Suspensión del lanzamiento por vulnerabilidad. Estado actual de la cuestión · Nuevos presupuestos del art. 439.6 LEC tras la Ley 12/2023, por el Derecho a la Vivienda: ¿Proceden en el juicio de desahucio sujeto a arbitraje y en la ejecución del laudo? · Límites en la actualización de renta según el IGC en los arrendamientos de vivienda. ¿Cabría aplicar el IPC si resulta inferior?

En esta Revista analizamos una de las pruebas más complejas y que más problemas prácticos presenta: la prueba pericial.
Las distintas clases de peritaje, la diversidad de momentos en los que es posible su aportación, las incidencias en su actuación y, finalmente, entender cuándo la pericial respeta o no las ?reglas de la sana crítica? ha dado lugar a una rica doctrina jurisprudencial que recogemos en esta selección.
Y además, en la parte de Actualidad:
· El nuevo recurso de casación · Acuerdo de 8 de septiembre de 2023, sobre exigencias formales de la casación · Prescripción y medidas cautelares

La Ley de bienestar animal ha recogido que durante toda la vida del perro va a ser obligatorio contratar y mantener en vigor un seguro de responsabilidad civil. En nuestra normativa hay que acudir al art. 1.905 del Código Civil (SP/LEG/2311) que impone, no al propietario, sino al poseedor o al que se sirva de un animal, la responsabilidad de los perjuicios que causare, aunque se le escape o extravíe.
En esta Jurisprudencia al Detalle se analiza qué comprende la responsabilidad civil del animal, aquello por lo que el precitado titular del animal debe responder según los Tribunales, para así delimitar las coberturas que podría llegar a tener el futuro seguro obligatorio, que se encuentra en suspenso hasta el desarrollo del reglamento correspondiente.

Estos delitos castigan a quien provoque un incendio que comporte un peligro para la vida o integridad de las personas y sus diferentes tipos penales se regulan entre los delitos contra la seguridad colectiva en los arts. 351 a 358 CP.
Nos encontramos con que son delitos de riesgo, pues la simple puesta en peligro ya lo configura como tal sin necesidad de la producción del daño. ¿Qué ocurre si el delito se produce en un edificio o vivienda habitados? ¿Cuándo podemos hablar de tipos atenuados? ¿Qué requisitos cumplen los incendios forestales? ¿En qué consiste el incendio de bienes propios? ¿Cuándo puede hablarse de imprudencia grave? En el estudio jurisprudencial de esta Revista se estudian estas y otras cuestiones a través de las resoluciones dictadas por nuestros juzgados y tribunales.
Y, además, en la parte de Actualidad...
- El nuevo delito de estafa del art. 249 CP: ¿Admite delito leve si la cuantía es inferior a 400 ?? - Defensa letrada obligatoria en la jurisdicción penal - Tratamiento de la ?sentencia estorbo? en la acumulación de condenas

Los Reales Decretos-Leyes 5/2023, de 28 de junio, y 6/2023, de 19 de diciembre, han supuesto un nuevo sistema casacional civil.
Esta Guía permitirá conocer sus novedades a través de la legislación, doctrina, cuadros comparativos, esquemas y preguntas y respuestas, así como los Acuerdos tanto de la Sala Primera como el trascendental Acuerdo de la Sala de Gobierno de 8 de septiembre de 2023, que impone nuevas obligaciones formales y la complementación de una carátula obligatoria a la hora de interponer una casación civil. Incorporamos, también, los formularios más relevantes, esperando que proporcione la herramienta más útil para acudir a la casación.

Desde un punto de vista práctico, se analiza la protección que ostenta el consumidor frente a la contratación de los servicios de transporte aéreo. Tenemos en cuenta la normativa aplicable a cada caso y el tipo de incidencia sufrida, sin olvidar que son muchas las vicisitudes a las que puede enfrentarse el pasajero que contrata un vuelo.
Resolvemos distintas dudas que puedan surgir en cuanto a los derechos que asisten a los pasajeros en caso de cancelación, retraso del vuelo, denegación de embarque y pérdida o deterioro del equipaje. Desde una perspectiva jurisprudencial, analizamos la posibilidad que tienen de ser compensados, su derecho al reembolso del coste íntegro del billete, así como a un transporte alternativo, y la eventual obtención de una compensación suplementaria, donde puede incluirse, entre otras, la reclamación por el daño moral.

La acumulación objetiva y subjetiva de acciones plantea múltiples problemas. Entre otros, por ejemplo, los requisitos de la acumulación objetiva o la comprensión de qué se entiende como idéntico o conexo título de pedir en la subjetiva.
Por todo ello, es imprescindible conocer los criterios de la Sala Primera del Tribunal Supremo y de las Audiencias Provinciales sobre la materia: la flexibilidad, la distinción entre título como negocio jurídico y la causa de pedir o, finalmente, la existencia de conexión jurídica o fáctica entre las acciones ejercitadas.
Estos conceptos indeterminados se revelan como incomprensibles si no se conocen las resoluciones judiciales que los interpretan y que recogemos en la presente selección jurisprudencial.

Cuando en la Comunidad de Propietarios se realizan obras necesarias, como la instalación de un ascensor, el cerramiento de la finca o cualquier otra que repercuta en un comunero, ¿tendrá este derecho a indemnización? No se trata de la reparación del daño, sino de determinar el perjuicio que puede producirse por tener que desalojar la vivienda, el local o no poder alquilar la propiedad, por ejemplo. No es posible dar una respuesta concreta, dado que, como podremos comprobar, dependerá de cada caso específico, aunque la jurisprudencia admite que ante aquellos en los que el propietario tenga que desocupar la casa, le suponga una pérdida en las rentas o sea necesaria la creación de una servidumbre, entre otros supuestos, el afectado deberá ser resarcido.