La responsabilidad patrimonial de la administración sanitaria ha dado lugar, desgraciadamente, a una abundantísima y tremendamente variada casuística jurisprudencial. La presente obra de nuestra colección Casos Ganados ofrece a quienes litiguen contra la Administración sanitaria por daños una enorme cantidad de precedentes jurisprudenciales favorables al reconocimiento del derecho a la indemnización para que puedan invocarlos y aportarlos a sus reclamaciones: mala praxis médica, consentimientos informados y pérdidas de oportunidad.

Un año más, se publica esta Guía del Baremo 2024 con un amplio contenido sobre el procedimiento para reclamar daños derivados de accidentes de circulación, en la que se siguen presentando un conjunto de esquemas, con la estructura los procedimientos a seguir y todos los tipos de perjuicios y/o de indemnizaciones, la normativa y el contenido de las tablas actualizados para el año en curso, según la Dirección General de Seguros y Fondo de pensiones.
Como novedad, se han adaptado los formularios afectados por las modificaciones en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, al amparo de las modificaciones efectuadas por el Real Decreto-Ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo. Y en la sección final, la Tabla 2.C.1, el importe de la asistencia sanitaria futura según secuela aplicable a prestaciones de asistencia sanitaria futura derivadas de accidentes ocurridos desde 1 de enero de 2022 a 31 de diciembre de 2025.

En esta Revista analizamos una de las pruebas más complejas y que más problemas prácticos presenta: la prueba pericial.
Las distintas clases de peritaje, la diversidad de momentos en los que es posible su aportación, las incidencias en su actuación y, finalmente, entender cuándo la pericial respeta o no las ?reglas de la sana crítica? ha dado lugar a una rica doctrina jurisprudencial que recogemos en esta selección.
Y además, en la parte de Actualidad:
· El nuevo recurso de casación · Acuerdo de 8 de septiembre de 2023, sobre exigencias formales de la casación · Prescripción y medidas cautelares

¿Debo entablar la acción ante los juzgados y tribunales contencioso-administrativos?
Este es uno de los primeros interrogantes que deberá resolver el abogado cuando ha de emprender un litigio en el que existe un componente público en la parte contraria. No siempre que actuamos contra una Administración Pública, corporación o, por ejemplo, empresa de capital público, la jurisdicción contencioso-administrativa tendrá atribuida la competencia.
Esta obra pretende ofrecer soluciones a una problemática cuya complejidad se demuestra a través de la multitud de conflictos de competencia que anualmente se plantean y que evidencian los difusos límites de esta jurisdicción, hasta el punto de que los propios magistrados de este orden tienen dificultades en su interpretación y aplicación, y se declaran incompetentes a favor de otros órdenes jurisdiccionales, ya sea del civil, del penal o del social.

El art. 10 LAU 29/1994 ha sido modificado hasta cuatro veces: por la Ley 4/2013, de 4 de junio, el RDL 21/2018, de 14 de diciembre, el RDL 7/2019, de 1 de marzo, y recientemente, por la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda, que añade dos apartados con posibilidad de solicitar dos nuevas prórrogas extraordinarias. Resulta fundamental tener en cuenta las fechas de los contratos respecto al plazo de la prórroga, el requerimiento y la antelación necesaria para la no renovación, y destaca especialmente la renuncia a dicha prórroga. En este análisis de jurisprudencia mostramos las sentencias más relevantes.
Por otra parte, incluimos novedosas resoluciones sobre la prórroga extraordinaria de seis meses, que tuvo lugar como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, introducida por el RDL 11/2020, de 31 de marzo.
Y además, en la parte de Actualidad:
· Suspensión del lanzamiento por vulnerabilidad. Estado actual de la cuestión · Nuevos presupuestos del art. 439.6 LEC tras la Ley 12/2023, por el Derecho a la Vivienda: ¿Proceden en el juicio de desahucio sujeto a arbitraje y en la ejecución del laudo? · Límites en la actualización de renta según el IGC en los arrendamientos de vivienda. ¿Cabría aplicar el IPC si resulta inferior?

Estos delitos castigan a quien provoque un incendio que comporte un peligro para la vida o integridad de las personas y sus diferentes tipos penales se regulan entre los delitos contra la seguridad colectiva en los arts. 351 a 358 CP.
Nos encontramos con que son delitos de riesgo, pues la simple puesta en peligro ya lo configura como tal sin necesidad de la producción del daño. ¿Qué ocurre si el delito se produce en un edificio o vivienda habitados? ¿Cuándo podemos hablar de tipos atenuados? ¿Qué requisitos cumplen los incendios forestales? ¿En qué consiste el incendio de bienes propios? ¿Cuándo puede hablarse de imprudencia grave? En el estudio jurisprudencial de esta Revista se estudian estas y otras cuestiones a través de las resoluciones dictadas por nuestros juzgados y tribunales.
Y, además, en la parte de Actualidad...
- El nuevo delito de estafa del art. 249 CP: ¿Admite delito leve si la cuantía es inferior a 400 ?? - Defensa letrada obligatoria en la jurisdicción penal - Tratamiento de la ?sentencia estorbo? en la acumulación de condenas

La gestión de los riesgos psicosociales en el seno de las empresas se integra en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, y en el deber de protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, que recae sobre el empresario. De este modo, se deben adoptar medidas organizativas para prevenir y evitar problemas de salud mental de los trabajadores y, por ello, se convierte en una materia de especial
importancia en el seno de las empresas y para los asesores jurídico-laborales.
Así, precisamente, en el presente trabajo se efectúa un completo y riguroso análisis de la materia, ilustrado con la más reciente doctrina judicial y jurisprudencial, de modo que se dota a los operadores jurídicos del ámbito laboral de una herramienta útil, dinámica y eficaz, al objeto de servirles de guía en la aplicación práctica de la gestión de los riesgos psicosociales en el seno de las empresas, y
les permite afrontar de forma sencilla y natural todo el proceso de toma de decisiones preventivas para evitar los problemas de salud mental de los trabajadores. Dado que no podemos obviar que, entre los trabajadores europeos, el estrés, la ansiedad y la depresión constituyen el segundo problema de salud laboral más común y ello incide directamente en las tasas de absentismo.

La Ley de bienestar animal ha recogido que durante toda la vida del perro va a ser obligatorio contratar y mantener en vigor un seguro de responsabilidad civil. En nuestra normativa hay que acudir al art. 1.905 del Código Civil (SP/LEG/2311) que impone, no al propietario, sino al poseedor o al que se sirva de un animal, la responsabilidad de los perjuicios que causare, aunque se le escape o extravíe.
En esta Jurisprudencia al Detalle se analiza qué comprende la responsabilidad civil del animal, aquello por lo que el precitado titular del animal debe responder según los Tribunales, para así delimitar las coberturas que podría llegar a tener el futuro seguro obligatorio, que se encuentra en suspenso hasta el desarrollo del reglamento correspondiente.

En la presente monografía analizamos en detalle nuestra Constitución española a través de esquemas que permiten al usuario comprender fácilmente su contenido y desarrollo, otorgándole la máxima eficiencia a la gestión de su tiempo. Además, se acompaña de una cuidada selección de respuestas a las preguntas que cada uno de los artículos de la Constitución plantea.
La obra, que contiene el texto íntegro y actualizado de la Constitución española -con la reciente reforma que afecta a su art. 49-, sigue la misma estructura que la norma que estudia y se compone de 24 esquemas más 265 preguntas y respuestas claras y concisas, que ayudarán al lector a comprender de forma definitiva el contenido y estructura de nuestra Carta Magna, convirtiéndose por ello en una obra de consulta eficiente y provechosa.

Si bien las campañas de vacunación han demostrado ser un eficaz elemento de salud pública, no puede desconocerse que las vacunas, como cualquier otro medicamento, tienen efectos secundarios que, de forma infrecuente, pueden llegar a ser graves. Mediante un estudio detallado de la jurisprudencia y de la doctrina de los órganos consultivos, la obra aborda diversos aspectos materiales y formales de la institución de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, a través de la que, actualmente, se canaliza la asunción por aquellas de los daños producidos. Las recientes campañas de vacunación frente a la COVID-19 sirven como referencia para explorar, además, otras formas jurídicas para la participación de la sociedad en el resarcimiento de las personas que sufren perjuicios como consecuencia de una vacunación realizada en beneficio de toda la comunidad.