Tras una primera parte en la que se efectúan una serie de reflexiones interdisciplinares sobre lo que supone la transformación digital en el empleo, el trabajo ahonda, en el rastreo del texto de los convenios en busca de las cláusulas que hubiesen podido pactarse que estén relacionadas con la digitalización y las tecnologías en el entorno de trabajo.
Ahora bien, el objetivo de esta obra va más allá, es más ambicioso. Porque, además de ofrecerse una radiografía de la negociación colectiva estatal desde el punto de vista de la digitalización, se incorpora un catálogo de cláusulas tipo que abordan la regulación de la materia laboral desde la perspectiva digital, que bien pueden incorporarse a los convenios colectivos y que permitirá a las empresas avanzar con paso firme hacia la transición digital. Porque conocer de antemano cómo puede implementarse el aspecto digital en la regulación de las condiciones de trabajo de los empleados y en la gestión de la organización ofrecerá a las partes que deben negociar los convenios seguridad jurídica, haciéndoles más atractiva la posibilidad de incorporar el aspecto digital y, por ende, eliminándoles incertidumbres propias del desconocimiento o temor, que, a todo lo más que llevan -y no es poco- es a ralentizar el proceso de cambio. En esencia, pues, no se trata de entregar a la sociedad una serie de estudios de investigación de corte clásico que ahonden en unos aspectos o en otros de una materia en concreto afectada por la digitalización. Se trata, por el contrario, de ofrecer algo más tangible, más práctico, capaz de poder ser utilizado desde el principio por los negociadores sociales, de enriquecer, por ello, el contenido del convenio colectivo y de hacer aterrizar, en definitiva, los numerosos eslóganes que, de un tiempo a esta parte, se vierten, a veces muy alegremente, sobre la digitalización y su impacto en las relaciones laborales.

El presente estudio aspira a construir una teoría dogmática del dominio público como parte del orden constitucional económico. El Derecho económico se ha concebido, en su época de mayor intervención, fundamentalmente como el instrumento del Estado en su tarea de defensor y conformador de la economía, en tanto que titular legítimo del poder político. Este paradigma intervencionista, sin embargo, sufre un decisivo golpe a partir del último tercio del siglo xx, fruto de una reflexión sobre la propiedad constitucional, que debe ser entendida como un derecho fundamental genuino, con su contenido esencial correspondiente y con una vertiente institucional que vertebra todo el ordenamiento. La tesis del presente estudio es que la teoría del dominio público debe ser entendida como una limitación del derecho de propiedad constitucional. Así, los límites negativos del derecho de propiedad constitucional, tanto los proporcionados y no indemnizables como los justificados por su utilidad pública y sometidos a indemnización, son a su vez los límites positivos de la intervención del poder público. Ambas vertientes empastan así como dos mitades de una manzana. Sólo deberá excluirse el dominio privado de un bien o categoría de bienes mediante el régimen demanial, cuando existan razones de índole económica que justifiquen su uso común o su explotación concesional. Aquí aparece como central el concepto, que hemos manejado en el trabajo, de bienes de tránsito. La idea central del estudio es, por tanto, que la comprensión de todos los bienes, también los bienes públicos, como objetos de tráfico jurídico y económico sirve al mejor funcionamiento de la economía. Los bienes públicos no son ya tanto bienes afectos a fines públicos que haya que proteger, como bienes del orden constitucional económico cuya función en el tráfico verdaderamente justifica su carácter público y su tipo de uso. Así pues, la discusión entre modelos funcionalistas o patrimonialistas no es, creemos, tan relevante ya, como la idea de que el poder público que se ejercita sobre esos bienes debe estar justificado y debidamente sometido a control en virtud de la función que los bienes vinculados cumplen en la economía general.

Otros libros de Iglesias Sevillano, Héctor

Aunque en estos dos supuestos han existido reformas legislativas que han agilizado tanto la citada instalación de este servicio común de interés general, como la supresión de barreras arquitectónicas, no dejan de ser unas de las cuestiones más conflictivas en las Comunidades de propietarios.
¿Se debe computar el voto de todos los propietarios incluidos, los de locales que no se van a beneficiar de este nuevo servicio?, ¿quién está obligado al pago de los gastos que se generen?, ¿se puede modificar el sistema de reparto?, en este caso, ¿qué acuerdo sería preceptivo?, ¿qué servidumbres o limitaciones de propiedad serían procedentes?, y en estos supuestos, ¿cuál sería la indemnización correspondiente?, ¿quiénes están obligados al pago?, ¿procede la exoneración?, ¿cuándo y cómo está la Comunidad obligada a la supresión de barreras arquitectónicas?
En este estudio de jurisprudencia podrán comprobar la respuesta de los Tribunales a todos estos interrogantes.
Y además, en la parte de Actualidad:
· Quorum para la adopción de obras realizadas por los propietarios en elementos comunes, ¿computa el voto de los ausentes? · Representación en juicio del Presidente · Cesión o arrendamiento de zonas comunes