Es habitual contemplar los problemas derivados de los "conflictos horizontales" entre los socios desde la perspectiva del abuso del mayoritario. La práctica societaria demuestra que no son precisamente inhabituales los casos de diferencias irreconciliables entre socios que ostentan una posición paritaria. En tales supuestos, la quiebra sobrevenida de la affectio societatis desemboca habitualmente en una paralización corporativa para cuyo remedio la LSC contempla exclusivamente la disolución judicial de la sociedad. A la sazón es curioso constatar que nuestra doctrina mercantil ha centrado su atención preferente en el examen del presupuesto de hecho de la causa legal de disolución por paralización de órganos sociales en lugar del estudio de los remedios más eficientes de este tipo de situaciones? cuando la disolución judicial debería ser siempre el último remedio y solamente utilizable cuando fracasan otros mecanismos dirigidos a preservar la continuidad de las empresas viables.
La presente monografía, después de explicar la paradoja de la infrecuente adopción de previsiones estatutarias o contractuales, dedica su atención al análisis de los posibles mecanismos y estrategias contractuales que, al amparo del principio de autonomía de la voluntad, pueden ser utilizadas con provecho tales como las cláusulas para dirimir el empate; la separación del socio por ruptura de la affectio societatis; las cláusulas de "arrastre" o de "acompañamiento" (drag-along y tag-along); las cláusulas llamadas "de duelo" (shoot-out) y de subasta y los mecanismos de prevención extrajudicial de la crisis (arbitraje, arbitramiento, mediación y conciliación). Concluye el trabajo con una propuesta de reforma legislativa.

La nueva Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, dentro de su objetivo básico de conseguir una prudente desjudicialización de los asuntos no contenciosos, encomienda a los Registradores mercantiles la llevanza y resolución de ciertos «expedientes» mercantiles en los que no se suscita «controversia que deba sustanciarse en un procedimiento contencioso». Nos referimos a casos tan dispares como son los expedientes de nombramiento de auditor por causa legítima del art. 40 CCo; los de nombramiento de auditor en caso de incumplimiento de la obligación legal de designarlo y a petición de minoría previstos en el art. 265 LSC; el de nombramiento de liquidador para la cobertura de vacantes del art. 377.2 LSC; el de nombramiento de interventores que fiscalicen la liquidación de una anónima del art. 381 LSC; los expedientes de separación registral de auditores y de liquidadores; de convocatoria registral de juntas y asambleas o el expediente registral para amortizar autocartera. En sentido estricto, el diseño institucional de la Ley 15/2015 de tales expedientes no es algo estrictamente original por cuanto los Registradores mercantiles tenían antes encomendada la tramitación de ciertos «expedientes» funcionalmente análogos como eran los procedimientos registrales de nombramiento de expertos, auditores y mediadores concursales. La monografía estudia con detalle la naturaleza singular de todos estos procedimientos registrales (a diferencia del procedimiento común rige el principio de audiencia y se les aplica, al menos supletoriamente, la legislación administrativa común sin ser «administrativos») y los trámites esenciales de los mismos, desde el momento de la presentación de la solicitud pasando por el incidente de oposición hasta las formas de terminación normal y anormal del procedimiento, así como el sistema de recursos y las vías de ejecución registral de las resoluciones estimatorias. En fin, se examina la nueva institución de la conciliación registral ante el Registrador mercantil. Con el libro se pone a disposición de los interesados un fichero exhaustivo con el contenido íntegro de las resoluciones de la Dirección General de Registros y del Notariado dictadas en estos expedientes, al que se puede acceder a través del siguiente enlace de descarga: http://www.marcialpons.es/static/pdfs/Resoluciones_DGRN.zip

Tanto el Registro Mercantil como el Registro de la Propiedad publican “situaciones jurídicas” y son instituciones que defienden la posición de quien se dice “tercero”. Con todo, la tutela de la seguridad jurídica dinámica del tercero, suministrada por sendos sistemas registrales, se define de manera bien distinta en sendas instituciones. En el primer caso se llama “tercero” a quien se confronta a una situación jurídica-personal de las típicamente inscribibles y a cuya generación o producción es totalmente ajeno. En el segundo caso es “tercero” quien se coloca antes una situación jurídico-real que se predica de un bien o derecho inscritos. En el libro se examina con detalle el significado y el alcance de la publicidad material en el Registro Mercantil español: su naturaleza; su fundamentación y la relación que tiene la publicidad material con la teoría de la protección de la “apariencia jurídica”. Se analizan las razones por las cuales la regulación actual en Derecho español exigen el aggiornamento de nuestra institución. En particular, se explica pormenorizadamente cómo influye en nuestro sistema mercantil registral la reciente promulgación de una nueva Directiva de interconexión de los registros mercantiles en Europa (Directiva 2012/17/UE, de 13 de junio).

La promulgación reciente de la complejísima Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, apenas sí ha cambiado el estado de las cosas previo a la relación con eso que he dado en llamar en otras ocasiones «Derecho contable de fusiones (escisiones)». Se alumbra una nueva categoría jurídica de contornos ciertamente imprecisos #la de «modificación estructural»# que agrupa bajo el paraguas del concepto jurídico ciertas operaciones societarias que trascienden de la simple modificación estatutaria. Dentro de esas modificaciones estatutarias se incluyen figuras en cuyo núcleo institucional está la sucesión universal en un patrimonio o unidad empresarial (como es la misma fusión, la escisión y ahora la segregación o la cesión global del activo y del pasivo) junto con otras que no conllevan sino un cambio sustancial de forma jurídica sin sucesión universal (la transformación y el traslado internacional). Así las cosas, se hace imprescindible el esfuerzo de repensar en Derecho, jurídicamente, los problemas inherentes al registro contable de las modificaciones estructurales y ensayar un estudio sistemático de la cuestión. Que estamos, como tantas y tantas veces, ante una nueva «tierra de nadie»: esa molesta zona fronteriza entre dos disciplinas científicas que permite suministrar excusas, a unos y a otros, juristas y economistas, para desentenderse de la comprensión completa, jurídico- contable, del fenómeno. Porque a veces se olvida, de un lado, que las normas contables son verdaderas normas jurídicas (por mucho que se nos diga que habrá que atenerse a la verdadera naturaleza económica y no a la vestidura jurídica de la operación); de la misma manera que de otro lado existe alguna tentación de desdeñar las exigencias normativas en Derecho sustantivo cuando se trata de sustanciar una interpretación de las normas contables.