La ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, constituye una de las principales reformas legislativas españolas de los últimos 40 años, desde la reforma de 1981. Basada en la adaptación del Derecho estatal al artículo 12 de la Convención de Nueva York de 13 de diciembre de 2006, la reforma supone un cambio de paradigma en el ejercicio de la capacidad, hoy ya jurídica, por englobar la capacidad de obrar. Desaparecida la incapacitación judicial, la participación de la persona con discapacidad en la nueva configuración de las medidas de apoyo, otorga preferencia a las voluntarias (notariales) y a la guardia de hecho, sobre las medidas judiciales, excepto el defensor judicial, que es una figura común, en toda medida de apoyo, ante un conflicto de intereses. Las medidas representativas serán la última opción. Se deberán seguir las preferencias, deseos y evolución, en su caso, de la persona con discapacidad que deberá participar, siempre que sea posible, en las decisiones. Todas las medidas adoptadas hasta el 3 de septiembre de 2021: tutelas, curatelas, poderes preventivos o sustituciones ejemplares decaerán en el periodo transitorio. Las normas de conflicto en la normativa interregional e internacional cobran especial interés. La monografía que se presenta, con un evidente enfoque practico, se dirige en primer lugar a los notarios, ante un cambio importante en su función, pero también a registradores, jueces y fiscales, abogados, así como a la sociedad civil en general. Profesionales y ciudadanos deberán conocer y aplicar tan trascendental ley en el Derecho estatal y en el autonómico civil, aún por desarrollar salvo el Decreto/Ley 19/2021 de Cataluña, que adapta la legislación procesal con base en la asistencia La autora, Notaria de Madrid y Académica de Numero de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, cuenta con una amplia experiencia en Derecho Privado e Internacional que le permite identificar los problemas de aplicación y de transitoriedad de la Ley y con ello dotar de una gran utilidad práctica el presente comentario de la reforma.

La ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, constituye una de las principales reformas legislativas españolas de los últimos 40 años, desde la reforma de 1981. Basada en la adaptación del Derecho estatal al artículo 12 de la Convención de Nueva York de 13 de diciembre de 2006, la reforma supone un cambio de paradigma en el ejercicio de la capacidad, hoy ya jurídica, por englobar la capacidad de obrar. Desaparecida la incapacitación judicial, la participación de la persona con discapacidad en la nueva configuración de las medidas de apoyo, otorga preferencia a las voluntarias (notariales) y a la guardia de hecho, sobre las medidas judiciales, excepto el defensor judicial, que es una figura común, en toda medida de apoyo, ante un conflicto de intereses. Las medidas representativas serán la última opción. Se deberán seguir las preferencias, deseos y evolución, en su caso, de la persona con discapacidad que deberá participar, siempre que sea posible, en las decisiones. Todas las medidas adoptadas hasta el 3 de septiembre de 2021: tutelas, curatelas, poderes preventivos o sustituciones ejemplares decaerán en el periodo transitorio. Las normas de conflicto en la normativa interregional e internacional cobran especial interés. La monografía que se presenta, con un evidente enfoque practico, se dirige en primer lugar a los notarios, ante un cambio importante en su función, pero también a registradores, jueces y fiscales, abogados, así como a la sociedad civil en general. Profesionales y ciudadanos deberán conocer y aplicar tan trascendental ley en el Derecho estatal y en el autonómico civil, aún por desarrollar salvo el Decreto/Ley 19/2021 de Cataluña, que adapta la legislación procesal con base en la asistencia La autora, Notaria de Madrid y Académica de Numero de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, cuenta con una amplia experiencia en Derecho Privado e Internacional que le permite identificar los problemas de aplicación y de transitoriedad de la Ley y con ello dotar de una gran utilidad práctica el presente comentario de la reforma.

La obra que se presenta es el primer volumen de las Instituciones de Derecho mercantil y de alguna forma su Introducción. El Derecho mercantil ha estado sujeto a notables cambios en los últimos años.Especialmente destacable es el fenómeno de la globalización y tecnificación de su contenido, mediante la incorporación imparable de TIC, la implementación del comercio electrónico y la importancia creciente de foros internacionales como UNCITRAL. En la Unión europea, tras el tímido desarrollo del Plan de acción de 213, se ha lanzado el Company Law Package. En España, tras las reformas de 2010 y 2015, están pendientes aún importantes modificaciones. Señaladamente, el Código Mercantil, de momento sin impulso político y el desarrollo de la ley 15/2015 en el Reglamento del registro Mercantil y la legislación notarial. A la vez, el Derecho mercantil especialmente el societario y el de insolvencia, demuestra su carácter interdisciplinar lo que exige al jurista una formación plural. La función notarial ha demostrado en todo este tiempo su utilidad y proyección de futuro como una herramienta imprescindible para el Derecho privado y público.

La Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil, colma una importante laguna en el Derecho español, inexplicable, tras el mandato al respecto de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.
La obra realiza un análisis normativo, artículo por artículo, riguroso, completo y práctico, de todas las materias incluidas en la ley. Para ello, bajo la dirección de Ana Fernández-Tresguerres, notaria de Madrid y experta del Ministerio de Justicia en Derecho Internacional, se han reunido los principales especialistas en la materia (magistrados, profesores, altos funcionarios, abogados, notarios y registradores) que analizan la Ley desde todas las perspectivas.
La Ley 29/2015 se proyecta sobre las relaciones comerciales; familiares y personales; litigiosas o extrajudiciales, que presenten un elemento internacional. Cabe destacar su carácter general, básico y subsidiario, respecto al Derecho europeo y convencional.
El legislador traza un concepto expansivo de la cooperación jurídica internacional y así regula el reconocimiento o ejecución de resoluciones judiciales. Sin embargo, la norma no pretende ser una ley general del Derecho internacional privado español. Por esta razón, no aborda aspectos de selección de la ley aplicable; ni conceptos generales y precisos para la aplicación del Derecho extranjero o el Derecho interregional. Tampoco incluye reglas sobre competencia jurisdiccional internacional. Completa su articulado, entre otras disposiciones, con la implementación de los Reglamentos (UE) 1315/2012, Bruselas I Recast y (UE) 650/2012, sobre sucesiones internacionales.