La proliferación que se ha producido respecto de la criminalización de determinado tipo de discursos o expresiones consideradas hostiles, ofensivas o hirientes respecto de determinados colectivos, para la sensibilidad social e incluso del propio sistema de Estado, ha implicado un notorio incremento de los denominados delitos de expresión. De este modo, se sancionan penalmente comportamientos que, todo lo más determinan una posible afección de los sentimientos generales o particulares de determinados grupos de ciudadanos, la moral social o que contribuyen a crear un clima de hostilidad hacia determinados colectivos,. Ante la tendencia legislativa de expandir este tipo de delitos que sancionan meros actos comunicativos, necesariamente debe plantearse si su regulación e, incluso, su propia existencia resulta respetuosa para con los derechos fundamentales, en esencia, la libertad de expresión. Y para ello, debe comenzarse por delimitar el contorno del derecho fundamental, porque todo aquello que es libertad de expresión, en ningún caso debería ser delito.