El secreto profesional y el deber de confidencialidad, así como la protección de datos de carácter personal, constituyen elementos fundamentales dentro de los diversos derechos y obligaciones que revisten la exigencia ética del ejercicio diario del abogado. El respeto a estos deberes deontológicos adquiere especial significación ante el desarrollo de los últimos avances tecnológicos y su adecuación a los mismos: inteligencia artificial, machine learning, chatbots, bitcoin y blockchain, big data? Algunos de estos avances son ya una realidad, mientras otros, como la robótica, los vemos como algo todavía lejano. En este sentido, prestamos especial atención sobre aquellos que empiezan a estar presentes en las previsiones de la abogacía y la necesidad de la legislación que sobre el tema habrá que articular. El Código Deontológico de la Abogacía Española de 6 de marzo de 2019 es una buena muestra de ello. Asimismo, además de analizar la normativa europea y española de protección de datos de carácter personal, ligándola a la deontología profesional, se detallan los pasos a seguir que deben realizar las empresas y organizaciones respecto del proceso de adaptación a esta materia, tomando como referencia el ejemplo práctico de un bufete al que situamos como elemento de guía de nuestro análisis.
A nivel comunitario, se hace especial hincapié en el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo; y, respecto al ámbito español, nos detenemos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Ambos textos legales son tomados en consideración en cuanto a los pasos a dar por un despacho de abogados, en aras a la observancia de la correcta gestión de los datos.

Con el presente código, cuyo precedente lo conforma la edición de 2008 bajo el título de Código de Contratación de Obra Pública, se pretende, básicamente, centralizar en los contratos de obras públicas y aquellos referidos a la concesión de este tipo de obras la legislación específica que a los mismos compete. No se trata, en puridad, de una mera reedición o revisión de aquel primer código, sino que se enfatiza sobre el compendio de normas recogido en torno a la regulación vigente de tales contratos, con la correspondiente actualización de leyes, reales decretos, decretos, órdenes y recomendaciones. Se parte, para ello, de los preceptos respectivos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/EU y 2014/24/EU, de 26 de febrero de 2014. Asimismo, relacionamos otra serie de normas que, de un modo u otro, afectan a los contratos y concesión de obras públicas. En particular, en relación a esta última clase de contratos, además de la legislación contenida en el Capítulo II del Título II del Libro II, artículos 247 a 283, ambos inclusive, de la mentada Ley de Contratos del Sector Público, reproducimos algunas disposiciones todavía vigentes de la Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas. A la espera de contar con un nuevo reglamento general del sector, nos hacemos eco igualmente del todavía vigente Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, concretamente en lo referido a aquellos artículos y anexos que afectan o se refieren a los contratos y concesión de obras públicas. Aparte de estas tres normas básicas, otras que podríamos denominar complementarias encuentran igualmente aquí cabida, como por ejemplo: en cuanto a revisión de precios, la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, y su Real Decreto de desarrollo 55/2017, de 3 de febrero; o, sobre morosidad, la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, así como los artículos 2 y 4, junto con otras disposiciones, de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de aquella.

Como advierte el propio autor en la nota introductoria, con la investigación que tenemos entre manos no ha pretendido otra cosa —lo que no es poco— que reflejar a través de los cuatro Libros en los que se divide el Código Civil la normativa especial existente en Galicia a modo de Derecho civil propio, más vivo, y, en cierta medida, más diferenciado del Derecho común, la cual se intercala a lo largo de su articulado y alcanza no solo la recogida en la Ley de Derecho Civil de Galicia, sino que, en algunos casos y en relación a determinados preceptos, incluye la referencia a otras posibles legislaciones también aprobadas por el Parlamento gallego y que guardan conexión, directa o indirecta, con aquéllos.
Este manual, así configurado, se convierte por tal razón en una herramienta enormemente útil para estudiosos y prácticos de la materia para conocer ya no solo el Derecho civil gallego, sino también las diferencias y, por qué no también, las semejanzas que el mismo guarda a su vez con el Derecho común y la normativa estatal (…)
Y es que José Ricardo Pardo Gato ya hace tiempo que ha tomado el relevo de los pocos que quedamos de aquellas generaciones a las que les tocó luchar por la defensa, estudio y aplicación del Derecho gallego en tiempos difíciles, cuando no de rechazo y confrontación, por creer que, con ello, contribuíamos a construir o reconstruir al que Vicente Risco calificaba como uno de los elementos integrantes de la personalidad del pueblo gallego, junto con la lengua y la cultura, para constituir una nacionalidad histórica, dentro de la nación española.”
José Antonio García Caridad
Presidente de la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación

Frente a los habituales estudios especializados de hechura teórica y orientación preferentemente doctrinal, con un enfoque, por lo general, orientado hacia la reflexión sobre los principios y fundamentos jurídicos que gobiernan los mercados financieros y sus instituciones, la presente obra se sitúa en otras coordenadas bien diferentes. Concebida al calor de la incesante innovación que caracteriza el desenvolvimiento de los mercados financieros, descansa así en su origen y vocación sobre un sustento técnico y esencialmente práctico: el prototípico manual legislativo de consulta. Sirviendo al fin propuesto, el compendio legislativo se sistematiza en seis grandes bloques, partiendo para ello de las disposiciones generales de aplicación y, en particular, con un papel lógicamente preponderante, de la aún vigente Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, junto con toda aquella normativa que la complementa, desarrolla y actualiza. Un segundo nivel lo constituyen las Bolsas de Valores o Bolsas de Comercio, Sociedades de Bolsas y Fianza Colectiva. Le siguen el Mercado de Deuda Pública, con la creación de un sistema de anotaciones en cuenta para la Deuda del Estado y la importancia de la Comisión Asesora del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones, además de la creación de un sistema de Anotaciones en Cuenta. Las Ofertas Públicas de Adquisición y Venta de Valores constituyen el cuarto apartado temático, sin olvidarnos de los Servicios de Inversión e Inversión Colectiva y del resto de Mercados Secundarios Oficiales, como la regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, o las Órdenes de 8 de julio de 1992, del Ministerio de Economía y Hacienda, por las que se autorizan los mercados de «MEFF, Sociedad Rectora de Productos Financieros Derivados de Renta Fija, Sociedad Anónima» y «MEFF, Sociedad Rectora de Productos Financieros Derivados de Renta Variable, Sociedad Anónima», ambos con el carácter de mercado secundario oficial.

Tema siempre importante para los operadores jurídicos en general y, en todo caso, para los abogados en particular, lo constituyen las impugnaciones y revisiones judiciales de acuerdos propios de la organización colegial por las que se ponga término a un expediente disciplinario abierto por infracciones de los deberes profesionales o normas éticas de conducta en cuanto afecten a la profesión letrada, que es el objeto del recurso a que alcanza la jurisdicción contencioso-administrativa, la cual se concreta en este caso en la revisión de actos de origen netamente disciplinario. Sin perder de vista la posible revisión de las sanciones que en este orden son dictadas por jueces y tribunales en el proceso, conocida tradicionalmente como policía de estrados o de vistas, descansa particularmente, el presente estudio, sobre la revisión jurisdiccional de las sanciones disciplinarias impuestas por los Colegios de Abogados o, en su caso, por el Consejo General de la Abogacía Española o los respectivos Consejos autonómicos, en los que se organiza y estructura nuestra abogacía actual. Como complemento necesario, la obra se acompaña de una addenda jurisprudencial, a modo de guía de los diversos pronunciamientos vertidos por nuestros tribunales al respecto, donde se especifica la referencia de cada uno de los fallos y se resume la doctrina reconocida en cada caso, así como el interés de las distintas sentencias recopiladas y analizadas a lo largo del trabajo, junto con otras que de igual forma son objeto de obligada reseña por su significativa contribución a las distintas reflexiones aquí contenidas.

Mediante la expresión “Derecho foral” se denomina genéricamente en España al conjunto de ordenamientos jurídicos de Derecho civil que se aplican en determinadas zonas del país, coexistiendo simultáneamente con el Derecho común, representado básicamente por el Código Civil.
La presente obra aporta al lector la legislación foral existente en las seis Comunidades Autónomas del Estado español con un Derecho civil propio más vivo y diferenciado del Derecho privado general, cuales son Aragón, Cataluña, Galicia, Baleares, Navarra y País Vasco; de ahí su habitual apelativo de Comunidades forales, cuya realidad histórica y jurídica viene reconocida tanto por la Constitución española como por el Máximo Intérprete de la misma en sede judicial, con su consiguiente traslación en los respectivos Estatutos de Autonomía.
La distinta normativa foral y especial, representada en las correspondientes Compilaciones, cuya conservación, modificación y desarrollo se persigue por los respectivos Parlamentos autonómicos, se interrelaciona siguiendo la temática en la que se estructura el propio Código Civil. Sirviéndonos de esta sistemática se logran, al menos, dos objetivos: por un lado, ordenar toda la legislación foral y especial de las referidas regiones en torno a cada una de las materias concretas sobre las que versa dicho texto legal estatal, y, por otro, poder comparar la diversa regulación participada a los efectos por cada uno de los territorios forales que, en su caso, hayan legislado sobre tales aspectos, de lo que pueden inferirse a su vez diferencias y similitudes, no ya solo entre la normativa propia de cada una de estas regiones, sino también de la contemplada en las mismas junto con la contenida en el seno de la legislación civil común.