A medida que las subvenciones comunitarias han ido creciendo en importancia y relevancia, se han venido reiterando también las prácticas defraudatorias, los ataques a intereses financieros de la Unión Europea. Frente a estas prácticas, desde instancias comunitarias se ha promovido una política penal orientada a la criminalización del fraude de subvenciones, política que en España ha quedado plasmada en los artículos 305.3, 306, 309, 627 y 628 CP. A su estudio se dedica la presente obra, tanto en la vertiente dogmática como en la aplicativa. Lo que significa adentrarse: en el análisis de los criterios de actuación de las diferentes administraciones, más preocupadas por asegurar el acceso a los fondos comunitarios que de controlar la legalidad de su concesión y aplicación; en la identificación de los principios determinantes de la intervención-abstención del Ministerio Fiscal; y en la búsqueda de doctrina jurisprudencial que avale o desmienta las diversas posibilidades interpretativas. Y todo ello enmarcado en estrategias globales de lucha contra el crimen económico, estrategias cuyo desarrollo compete tanto a instancias supranacionales como a los Estados afectados. Los autores son profesores del área de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz.