La irrupción de escándalos de corrupción pública ante la opinión pública plantea habitualmente el debate sobre las razones por los que estos asuntos no son descubiertos más tempranamente por las instituciones de control. En su defensa, estas organizaciones suelen argumentar que han cumplido adecuadamente con su papel, pero que no han podido detectar las presuntas defraudaciones pues «los auditores no somos policías». Este libro trata de responder a esta controversia desde la perspectiva del Tribunal de Cuentas y la Intervención General de la Administración del Estado, a partir de la experiencia de foros como las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la International Organization of Supreme Audit Institutions, el Tribunal de Cuentas Europeo o la General Accountability Office norteamericana. Como conclusión se exponen fórmulas para reforzar la actuación de las instituciones de auditoría pública en la lucha contra la corrupción desde la perspectiva de la gobernabilidad (misión, independencia y objetivo antifraude como principios de actuación), la buena administración (inspección, investigación y auditoría forense como instrumentos de control) y la gobernanza (auditoría única, participación ciudadana y transparencia informativa como fórmulas de colaboración).