La prensa libre no fue un regalo. Peleamos por ella palabra a palabra. Yo mismo fui secuestrado, torturado y sometido a un fusilamiento simulado por haber publicado un artículo sobre la purga de mandos moderados en la Guardia Civil. Y sigo vivo para contarlo. Esta es una historia de periodistas y políticos, de empresarios y trabajadores, que trata de describir, a veces explicar, cómo se gestó la Transición pacífica en España. Algunos jóvenes piensan ahora que nos quedamos cortos al optar por la reforma política y no por la ruptura total con el pasado. Tuvimos miedo, mucho miedo. Miedo legítimo al ruido de sables y a la represión policial. A medida que el dictador se acercaba a su fin, los franquistas, vencedores de la guerra civil, también tuvieron miedo a la eventual revancha de los vencidos. El miedo en ambas partes nos hizo demócratas. Por eso nació la Constitución del 78, la más larga, y la única en paz, de la historia de España.

La represión franquista pudo, en muchos casos, restringir la expresión de la disidencia a la esfera privada, pero no logró erradicarla. Este dosier quiere contribuir al debate sobre la consolidación social del franquismo desde una nueva perspectiva que destaca la existencia e importancia de una disidencia de baja intensidad. El análisis de estas actitudes complejas, que paradójicamente ayudaron a reforzar el régimen antes que desestabilizarlo, contribuye de forma renovadora al entendimiento de los apoyos sociales del franquismo.

Este trabajo gira en torno a la cuestión central de la relación entre la moral y la política y en él se abordan asuntos de tanto relieve como la pretendida ética sin moral que es la llamada «ética pública», las tribulaciones presentes de la conciencia como norma subjetiva de moral en conexión con la comunidad política y su ordenamiento, la relación entre las ciencias sociales y la ideología a propósito de la demografía, el callejón sin salida de la libertad de religión en el discurso del derecho público eclesiástico contemporáneo y, finalmente, los aspectos políticos del matrimonio y la tutela de la vida.

El presente trabajo ofrece un análisis de los procesos de reforma constitucional activados en los últimos años que responden a los postulados propios de la democracia deliberativa. La deliberación, entendida como un proceso de interacción comunicativa dirigido a la adopción de las decisiones públicas en el que priman la reflexión crítica y el diálogo constructivo, se presenta desde esta perspectiva teórica como un método idóneo para forjar los amplios consensos sociales y políticos sobre los que deben descansar, necesariamente, los procesos de gestación del Derecho constitucional positivo. Entre los casos de estudio seleccionados se encuentran: la propuesta de reforma electoral para la Columbia Británica (Canadá) formulada en el año 2004 por una Asamblea Ciudadana; el fallido proceso constituyente en la República de Islandia (2009-2013) en el que se convocan, sucesivamente, dos espacios de deliberación ciudadana (Foro Nacional y Consejo Constitucional); las enmiendas parciales a la Constitución de la República de Irlanda propuestas por la Convención Constitucional (2012-2014) y la Asamblea Ciudadana (2016-2018), que han supuesto el reconocimiento jurídico de los matrimonios entre personas del mismo sexo y la práctica de la interrupción del embarazo; y los dos últimos proyectos de reemplazo constitucional en Chile: el proceso "Diálogos Ciudadanos" (2015-2017), que sirve de base para la redacción de las Bases Ciudadanas para una Nueva Constitución, propuesta de reforma abandonada tras el relevo de la presidenta Bachelet, y el proceso constituyente abierto actualmente, que debe llevar a la Convención Constitucional a adoptar un proyecto de Constitución debatida en democracia.

Buena parte de las reflexiones de este libro se dedicarán a estudios que se enmarcan en el ámbito de la epistemología individual. Será en este contexto que el debate sobre las dimensiones probatorias adquirirá una significativa envergadura, tratando con problemas que han entrado hace poco en el Derecho procesal penal brasileño, pero que no por ello han dejado de interesar a lectores de otras tradiciones jurídicas, como parece insinuar el interés despertado por la obra, publicada solo en portugués y, por tanto, de circulación más limitada. En este punto no se trata de reconocer que la epistemología jurídica individual se centra en el proceso judicial, olvidando las etapas previas? sino de entender que, además, las instituciones son fenómenos sociales mediante los que toma forma una determinada política. En este caso, un sistema de controles epistémicos no solo debe gobernar las prácticas probatorias, sino impedir y dominar sus efectos socialmente injustos que se confirman a escala macro en el ámbito de la sociedad incluso cuando las instituciones (agencias de control social) parecen funcionar con normalidad. El libro La cadena de custodia de la prueba en el proceso penal, por tanto, se concibe sobre bases teórico-prácticas -en el limitado espacio de la cadena de custodia de las pruebas penales-, cuyo objetivo es reconocer, en una operación de reducción de complejidad, que, en el Estado de Derecho, la legitimación de la punición reclama la rigurosa adopción de un sistema de controles epistémicos que es esencial para la noción misma de debido proceso legal.

El Derecho de sociedades contempla dos sistemas para la ordenación del órgano de administración, el sistema monista y el dual, correspondiendo el español al primero de ellos. Sin embargo, en las últimas décadas se ha producido una progresiva aproximación de ambos sistemas como consecuencia tanto de la implementación de las disposiciones de buen gobierno corporativo como por la posibilidad de elección que han otorgado distintos ordenamientos europeos de tradición monista para que los empresarios puedan optar por un sistema dual de administración, siguiendo el modelo de la sociedad anónima europea. La presente monografía aborda las principales cuestiones de gobierno corporativo del sistema dual a la luz de las recientes iniciativas comunitarias que fomentan el activismo accionarial y su encaje en el sistema dual de administración. Desde esta doble perspectiva, se analizan las competencias del consejo supervisor, sus nuevas funciones de control y la creciente intervención del órgano de vigilancia del sistema dual en asuntos de gestión, así como las repercusiones en el estatuto y responsabilidad de sus consejeros. Asimismo, aborda la implicación de los trabajadores en el consejo supervisor y el encaje de la cogestión en las normas de buen gobierno societario, con especial referencia a la presencia en el órgano supervisor de otros stakeholders. Por último, se analizan las especialidades del régimen de las retribuciones en el sistema dual y las fricciones entre las competencias que en esta materia tiene el consejo supervisor y las nuevas competencias que la Directiva 2017/828, de fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas, otorga a la junta general de socios.

Esta colección, con poco más de veinte años, alcanza su título número cincuenta. Con lo que demuestra, por lo menos, lo sostenido del esfuerzo a lo largo de este tiempo. Para la ocasión se ha escogido un libro de Estanislao Cantero sobre el realismo jurídico de Juan Vallet de Goytisolo (1917-2011), figura extraordinaria de la jurisprudencia (entendida como prudentia iuris) de la segunda mitad del siglo xx e inspirador de esta colección. Coetáneo, amigo y albacea de Francisco Elías de Tejada, su legado se suma al de éste en el trabajo del que hoy celebramos un número jubilar. El libro expone el pensamiento jurídico y filosófico-jurídico de Juan Vallet de Goytisolo, que elaboró una original metodología realista para la determinación del derecho, opuesta, por tanto, a las doctrinas jurídicas modernas y, en particular, a las marcadas por la geometría legal del racionalismo.
En cuanto a su autor, el general auditor Estanislao Cantero, que dedicó a Vallet su tesis doctoral, publicada autónomamente, destiló en otro volumen su pensamiento a requerimiento de un ilustre editor italiano. Comoquiera que permanecía inédito en castellano, ha parecido oportuno recuperarlo ahora. Cantero es autor de una obra abundante, dispersa en buena medida entre las páginas de revistas como Verbo o los Anales de la Fundación Elías de Tejada, con textos agudos de filosofía social (pensamos en los dedicados a la política católica, la democracia, la propiedad, la objeción de conciencia o la tradición jurídica hispánica) o historia de las ideas (como la serie dedicada a la literatura, religión y política en la Francia del siglo xix o, ya en el siglo xx, a la Acción Francesa). Pero también de monografías, de nuevo en esos dos ámbitos principalmente. Y así, en el primero, Educación o enseñanza: estatismo o libertad (1979) y La concepción de los derechos humanos en Juan Pablo II (1990). O, en el segundo, La contaminación ideológica de la historia. Cuando los hechos no cuentan (2009) y Auguste Comte, revolucionario a su pesar. El control social contra la libertad y el derecho (2016), además de los dos escritos con Francisco José Fernández de la Cigoña: Antonio de Capmany (1742-1813). Pensamiento, obra histórica, política y jurídica (1993) y Los orígenes del 11 de septiembre. Vida y obra de Narciso Feliú de la Peña (2015). Estos últimos premiados ambos por la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

La caracterización constitucional de nuestro Estado como un Estado social implica que son los representantes de los ciudadanos los que deben dar una configuración definitiva al orden económico y social, con la consiguiente afectación del contenido constitucional de los derechos fundamentales económicos. Se asume así que la promoción de determinados bienes e intereses colectivos se puede hacer a costa del contenido de los derechos fundamentales. El libro examina cómo ha evolucionado la capacidad legislativa de restringir los derechos fundamentales económicos en tres concretos ordenamientos jurídicos: el español, el norteamericano y el de la Unión Europea. En los sistemas español y norteamericano los órganos jurisdiccionales han asumido la necesidad de ser deferentes con el legislador en el momento de realizar su control jurisdiccional tomando como parámetro los derechos fundamentales económicos. En el ordenamiento jurídico de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia se sigue, en cambio, debatiendo entre un control deferente o uno más incisivo, con el consiguiente riesgo de lochnerización del modelo europeo.

A través de esta breve monografía se busca ofrecer un texto divulgativo para que lectores no necesariamente especialistas en Derecho puedan tener una visión clara, general y sintética del papel que le corresponde al Tribunal Constitucional como intérprete supremo de la Constitución. Con esta finalidad se hace un breve repaso de su origen histórico, de su función como órgano jurisdiccional que controla la constitucionalidad de las leyes, así como del resto de procedimientos constitucionales de los que conoce. Por otro lado, no es posible hablar del Tribunal Constitucional sin referirse a hechos muy relevantes de la historia de España, por lo que se examinan algunos de sus pronunciamientos más recientes, como el examen de la constitucionalidad de los estados de alarma decretados en el año 2020 como consecuencia de la pandemia ocasionada por la covid-19, o el análisis que lleva a cabo respecto de la aplicación del art. 155 de la Constitución como instrumento extraordinario para frenar el incumplimiento de la Constitución que se estaba produciendo en Cataluña por parte del Gobierno de la Generalitat y del Parlamento autonómico, entre otros. En definitiva, se busca una aproximación al protagonismo del Tribunal Constitucional, no solo en el campo jurídico, sino también en la escena política y social, poniendo de relieve que, si bien su legitimidad reside en las competencias que le atribuye la Constitución y en la utilización de métodos jurídicos para dictar sus resoluciones, su legitimación, entendida como concepto sociológico que se identifica con la aprobación social de su actuación, lo que está vinculado a la idea de prestigio y respeto, es algo que el Tribunal ha de ganarse, día a día, en todas y cada una de sus resoluciones.

Desde el siglo xvi, la tendencia a ampliar el ámbito de lo gubernativo fue, en sustancia, la tendencia a reducir los límites jurídicos y procedimentales propios del Estado jurisdiccional medieval o, lo que es lo mismo, a encumbrar un poder monárquico amplio, libre, absoluto. Hasta el final del Antiguo Régimen sobrevivió, sin embargo, la matriz jurisdiccionalista como marco de justificación de (y fuente de límites para) los poderes coercitivos del rey y sus agentes. Habrá que esperar a las revoluciones liberales y a la consecuente desaparición de la sociedad corporativa y de la monarquía tradicional para asistir a la transmutación efectiva de las funciones políticas o gubernativas en la administración pública contemporánea, una autoridad gubernativa que ocupa el vacío resultante de la liquidación de los cuerpos intermedios y que ejerce amplios poderes coercitivos al margen de la tradicional iurisdictio. El siglo xix sublimará lo gubernativo, es decir, ampliará enormemente el espacio reservado al Estado para intervenir libremente en pos del interés general. El llamado Estado liberal era, en realidad, un Estado administrativo diametralmente opuesto al Estado jurisdiccional medieval, que llevaba muy lejos los anuncios del Estado (solo tendencialmente) absoluto del Antiguo Régimen. El Derecho administrativo fue el principal instrumento: una disciplina sin límites de Derecho natural o constitucional que asegura esencialmente, no los derechos del individuo, sino la superioridad de la administración. Solo después de la Segunda Guerra Mundial, tras la recuperación matizada de los postulados básicos del iusnaturalismo (directamente o a través de una nueva teoría constitucional), el Derecho administrativo se orientará abiertamente hacia las garantías tanto en España como en el conjunto de los ordenamientos europeos. El presente libro desarrolla la historia del Derecho administrativo comprimida en los párrafos anteriores, desmontando o matizando convenciones historiográficas asentadas. Se refiere específicamente al Derecho administrativo español, enmarcándolo dentro del contexto europeo, sin la pretensión de historiar los de otros países. Se trata de una presentación ordenada, que enlaza la evolución histórica de algunas piezas básicas del Derecho administrativo entre sí y con las doctrinas políticas y el contexto social, haciéndose cargo de que es imposible aprehender los orígenes y trasformaciones de esta disciplina jurídica sin historiar al propio tiempo las ideas políticas, la administración y las ciencias administrativas. La obra contribuye así a colmar un importante vacío historiográfico, generado por la ausencia, hasta ahora, de una Historia del Derecho administrativo español, sin perjuicio de una relevante serie de estudios de alcance más acotado o específico elaborados por historiadores, administrativistas y economistas.