La situación del enjuiciamiento criminal en España desde el punto de vista legislativo hace tiempo que ha tocado fondo.
En este momento existen verdaderas dificultades para fijar siquiera los textos legales vigentes, dado el cúmulo de reformas legislativas extravagantes –algunas a medio hacer– que se han prodigado en los últimos años. La presente obra expone de forma clara el sistema de juicios penales tal como ha quedado diseñado tras las últimas reformas legislativas.
Ello incluye, entre otras muchas materias, los juicios rápidos, los juicios sobre violencia doméstica y de género –incluida la orden de protección de las víctimas–, la orden europea de detención, el Tribunal Internacional de Justicia, los límites de la jurisdicción universal de los tribunales españoles, la revisión de los presupuestos de la prisión provisional, el nuevo marco legislativo del juicio abreviado, la promoción de la conformidad del imputado e incluso los síntomas que abocan a generalizar la segunda instancia en los juicios penales. La reflexión crítica sobre estas materias, a la luz de las garantías constitucionales, ayuda a mitigar el compás de espera de una más que necesaria sustitución de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Se suponía que la ejecución procesal era lo más sólido que teníamos en nuestro sistema de tutela judicial. Sin embargo, han bastado una marea social de indignados y unas pocas ventadas judiciales en el contexto de crisis económica que padecemos para poner en solfa hasta sus más preciados fundamentos. Los embates en plan kamikaze provocados por algunos casos que tuvieron eco social nos han alarmado. Las reacciones instintivas han sido de puro desbarajuste legislativo. Los resultados, lejos de dar respuesta a las preocupaciones de las bases indignadas, perpetúan los desaguisados.
La situación ha sido objeto de reflexión serena y sosegada en las Jornadas Internacionales de Derecho Procesal, que se celebraron los días 18 y 19 de noviembre de 2013 en el marco de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Esta obra recoge las diversas intervenciones y comunicaciones que se produjeron a lo largo del evento.
El mensaje operativo puede resumirse en que hay que revisar y modernizar a fondo la ejecución procesal, no para desmontarla, sino para que responda a los objetivos para los que está prevista: la realidad efectiva de la tutela.