La Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario (en vigor desde el 16 de junio de 2019), ha transpuesto a nuestro ordenamiento la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014. Su principal finalidad es la transparencia y la comprensión de los contratos y de las cláusulas contractuales, así como el justo equilibrio entre las partes, lo que conlleva importantes modificaciones que pueden repercutir en las posteriores reclamaciones de los consumidores y usuarios a los que ya no será tan fácil alegar falta de la citada transparencia ante los Tribunales.
En la presente monografía se analizan con detenimiento todas las novedades que ha introducido este texto normativo y su reglamento. Asimismo, con base en la jurisprudencia más reciente, en la doctrina de la DGRN y en los postulados del TJUE, se solventan los variados y numerosos problemas prácticos que se suscitan tanto en los procedimientos hipotecarios y en los de ejecución ordinaria del art. 579 LEC como en los juicios declarativos iniciados contra las entidades bancarias, ora por consumidores por cláusulas abusivas, ora por quienes no ostentan dicha consideración, pero reclaman la nulidad de una cláusula de su escritura de hipoteca.

La Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario (en vigor desde el 16 de junio de 2019), ha transpuesto a nuestro ordenamiento la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014. Su principal finalidad es la transparencia y la comprensión de los contratos y de las cláusulas contractuales, así como el justo equilibrio entre las partes, lo que conlleva importantes modificaciones que pueden repercutir en las posteriores reclamaciones de los consumidores y usuarios a los que ya no será tan fácil alegar falta de la citada transparencia ante los Tribunales.
En la presente monografía se analizan con detenimiento todas las novedades que ha introducido este texto normativo y su reglamento. Asimismo, con base en la jurisprudencia más reciente, en la doctrina de la DGRN y en los postulados del TJUE, se solventan los variados y numerosos problemas prácticos que se suscitan tanto en los procedimientos hipotecarios y en los de ejecución ordinaria del art. 579 LEC como en los juicios declarativos iniciados contra las entidades bancarias, ora por consumidores por cláusulas abusivas, ora por quienes no ostentan dicha consideración, pero reclaman la nulidad de una cláusula de su escritura de hipoteca.

La Ley de Enjuiciamiento Civil contempla, en su Título IV del Libro III, la ejecución dineraria, y en el Título V, la no dineraria. Dicha normativa se confiesa incapaz de solventar la riqueza de cuestiones que esta compleja materia plantea en la praxis, lo que revierte en detrimento de los justiciables. En la presente obra, con base en la jurisprudencia ?no siempre pacífica?, se exponen las cuestiones conflictivas que la Ley silencia o regula de manera deficiente: cantidades reclamables, intereses, ampliación de la ejecución, localización del patrimonio del ejecutado, bienes inembargables, garantías del embargo, tercerías de dominio y de mejor derecho, subastas judiciales y mecanismos alternativos de realización forzosa, terceros ocupantes de inmuebles subastados, ejecuciones de dar, hacer y no hacer, conductas punibles del ejecutado, etc.

En el proceso de ejecución no se declara ni se condena, sino que directamente se actúa, lo que supone una injerencia en la esfera patrimonial del ejecutado a quien se debe dotar de garantías e instrumentos de defensa, sin desatender las dignas pretensiones del ejecutante que se hallan reconocidas en un título ejecutivo. El equilibrio en este conflicto de intereses dificulta la labor ejecutiva, suscitando cuestiones conflictivas cuya resolución se presenta compleja.
En esta obra, con base en un detallado análisis de las distintas resoluciones dictadas por nuestros Tribunales, se da respuesta a cada uno de los problemas que las disposiciones generales del proceso de ejecución civil plantea: títulos ejecutivos procesales, extraprocesales y extranjeros, condenas a favor de consumidores indeterminados, costas, ejecución provisional, motivos de oposición, acumulación de ejecuciones, causas de suspensión, etc.

La Ley de Enjuiciamiento Civil contempla, en su Título IV del Libro III, la ejecución dineraria, y en el Título V, la no dineraria. Dicha normativa se confiesa incapaz de solventar la riqueza de cuestiones que esta compleja materia plantea en la praxis, lo que revierte en detrimento de los justiciables. En la presente obra, con base en la jurisprudencia ?no siempre pacífica?, se exponen las cuestiones conflictivas que la Ley silencia o regula de manera deficiente: cantidades reclamables, intereses, ampliación de la ejecución, localización del patrimonio del ejecutado, bienes inembargables, garantías del embargo, tercerías de dominio y de mejor derecho, subastas judiciales y mecanismos alternativos de realización forzosa, terceros ocupantes de inmuebles subastados, ejecuciones de dar, hacer y no hacer, conductas punibles del ejecutado, etc.

La generalización de préstamos con garantía hipotecaria como medio habitual para la adquisición de una vivienda en España ha puesto en evidencia las carencias de nuestra legislación procesal e hipotecaria.
Conscientes de la apremiante necesidad de aportar soluciones útiles, en la presente obra, con base en un detenido análisis de las resoluciones dictadas por nuestros Tribunales, de la doctrina de la DGRN y de los postulados del TJUE, se solventan los numerosos problemas prácticos que se suscitan tanto en los procedimientos hipotecarios y en los de ejecución ordinaria del art. 579 LEC como en los juicios declarativos iniciados contra las entidades bancarias, ora por consumidores por cláusulas abusivas, ora por quienes no ostentan dicha consideración, pero reclaman la nulidad de una cláusula de su escritura de hipoteca.

En el proceso de ejecución no se declara ni se condena, sino que directamente se actúa, lo que supone una injerencia en la esfera patrimonial del ejecutado a quien se debe dotar de garantías e instrumentos de defensa, sin desatender las dignas pretensiones del ejecutante que se hallan reconocidas en un título ejecutivo. El equilibrio en este conflicto de intereses dificulta la labor ejecutiva, suscitando cuestiones conflictivas cuya resolución se presenta compleja.
En esta obra, con base en un detallado análisis de las distintas resoluciones dictadas por nuestros Tribunales, se da respuesta a cada uno de los problemas que las disposiciones generales del proceso de ejecución civil plantea: títulos ejecutivos procesales, extraprocesales y extranjeros, condenas a favor de consumidores indeterminados, costas, ejecución provisional, motivos de oposición, acumulación de ejecuciones, causas de suspensión, etc.

Los procedimientos de reclamación de los honorarios de abogado o de la cuenta de procurador, denominados en la práctica forense ?jura de cuentas?, suscitan numerosos y variados problemas que su parca regulación es incapaz de solventar. En la presente obra, atendiendo a las peculiaridades de los distintos órdenes jurisdiccionales, sin olvidar el caso en que el deudor haya sido declarado en concurso, se aportan soluciones a cuestiones conflictivas y consejos prácticos para que abogados y procuradores puedan cobrar las cantidades que les son debidas por su intervención en procesos judiciales, todo ello con base en un detenido análisis de numerosas resoluciones dictadas en esta materia y de la jurisprudencia más reciente, incorporando, asimismo, formularios para su reclamación.