Los Reales Decretos-Leyes 5/2023, de 28 de junio, y 6/2023, de 19 de diciembre, han supuesto un nuevo sistema casacional civil.
Esta Guía permitirá conocer sus novedades a través de la legislación, doctrina, cuadros comparativos, esquemas y preguntas y respuestas, así como los Acuerdos tanto de la Sala Primera como el trascendental Acuerdo de la Sala de Gobierno de 8 de septiembre de 2023, que impone nuevas obligaciones formales y la complementación de una carátula obligatoria a la hora de interponer una casación civil. Incorporamos, también, los formularios más relevantes, esperando que proporcione la herramienta más útil para acudir a la casación.

Dentro del Libro II del Código Penal, el delito de robo se encuentra regulado en el Capítulo II, ?De los robos?, del Título XIII, ?Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico?, arts. 237 a 242.
Analizamos los elementos básicos del delito como son el ánimo de lucro, el apoderamiento de cosas ajenas y la fuerza en las cosas, en la que se incluyen el escalamiento o la fractura de cerraduras o puertas, entre otras. Respecto a los tipos agravados, examinamos supuestos del robo en casa habitada, en establecimiento abierto al público y la especial gravedad de que este sea perpetrado con violencia, con intimidación o con instrumentos peligrosos, así como los casos en que es aplicable el tipo agravado de menor entidad. ¿En qué casos se entiende que hay tentativa o consumación? ¿Qué particularidades tiene el delito continuado al tratarse de un delito patrimonial? En el estudio jurisprudencial contenido en la presente Revista se analizan estas cuestiones, entre otras, a través de las resoluciones dictadas por nuestros juzgados y tribunales en sus resoluciones.
Y además, en la parte de Actualidad:
· Cómputo de los plazos de instrucción: ¿Se cuentan los de las incidencias durante la tramitación? · Los nuevos delitos contra los animales tras la Ley Orgánica 3/2003 · Blanqueo imprudente

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) es quien paga tanto la prestación contributiva como los subsidios por desempleo. La obra aborda de forma novedosa las resoluciones judiciales dictadas a favor de los beneficiarios en conflictos determinantes en los distintos niveles de protección del desempleo en el ámbito de la Seguridad Social: el contributivo, el asistencial y el complementario. El estudio atiende específicamente a los aspectos prácticos, dado que realiza un examen de la forma en que la jurisprudencia interpreta y adapta dichos preceptos a las situaciones concretas.
Este trabajo resultará de indudable interés para los profesionales y expertos, ya que facilitará su labor de asesoramiento y gestión de conflictos frente al SEPE.

¿Las cláusulas pactadas en tu contrato de arrendamiento de vivienda son válidas o nulas?
Te ofrecemos 100 casos reales resueltos por los Tribunales en los que el arrendatario ha alegado nulidad de una cláusula obteniendo sentencia estimatoria, respecto al plazo de duración, su período mínimo o la prórroga legal, la revisión de renta, las reparaciones necesarias, la renuncia al derecho de subrogación o adquisición preferente, las garantías del arrendamiento, entre otras cuestiones.
El arrendamiento de vivienda, cuyo régimen aplicable contempla el art. 4, apdo. 2, de la Ley de Arrendamientos Urbanos 29/1994, establece la posibilidad de regirse por los pactos determinados por la voluntad de las partes, pero siempre dentro de las previsiones legales del Título II ?De los arrendamientos de viviendas?, de ahí que las cláusulas pactadas en un contrato nunca podrán ir en contra del mismo, ni de lo establecido en los Títulos I y IV, de carácter imperativo, ya que serían nulas conforme señala el art. 6 de la citada Ley.
Presentamos esta práctica colección ?Casos ganados?, para conocer cuál es el criterio de los Tribunales, con el objetivo de agilizar el trabajo del profesional que pretenda alegar nulidad de una cláusula en el arrendamiento de vivienda.

La protección a las víctimas de violencia de género es una de las premisas más importantes a la hora de luchar contra esta lacra social. Conscientes de la ausencia en el mercado editorial de una obra de tales características, reunimos en esta monografía la jurisprudencia más actual y relevante sobre medidas civiles y penales de protección, reguladas en el Capítulo IV del Título V de la LO 1/2004, además de en otras leyes específicas.
Con esta práctica selección, se pueden responder a todas las preguntas sobre medidas de protección, desde la competencia para las medidas civiles en los diferentes momentos procesales, qué medidas civiles o penales son posibles, todo lo relacionado con la orden de protección a las víctimas, la resolución en que se adoptan y los recursos que caben contra la adopción o denegación de estas.

Siendo la citada impugnación la forma de defensa de los propietarios que consideran que los acuerdos de la junta son contrarios a la ley o a los estatutos, resultan lesivos o suponen un grave perjuicio para cualquier propietario, es importante saber quién puede accionar, con qué requisitos y en qué plazo. Aunque la LPH fija cuáles deben ser, existe numerosa casuística al respecto, por eso es importante conocer la respuesta de la jurisprudencia: ¿qué acuerdos son anulables y cuáles nulos de pleno derecho?, ¿qué significa la expresión ?salvar el voto??, ¿se podrían impugnar también los acuerdos negativos?, ¿están legitimados para impugnar los propietarios que abandonan la junta antes de una determinada votación?,
¿y los ausentes?, ¿es necesario contestar en contra para impugnar?, ¿cómo ha de computarse el plazo, se podría interrumpir por alguna causa?, y ¿podrá volver a someterse esta misma cuestión a junta?
Y además, en la parte de Actualidad:
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Instalación de placas fotovoltaicas privativas en la azotea del edificio ·
Los locales y el derecho al voto ·
Sanciones a los propietarios. Acuerdo nulo de pleno derecho

Fuera de los casos previstos en el tipo básico de tráfico de drogas del art. 368 del Código Penal, nos encontramos tanto con figuras no punibles como con los diferentes tipos agravados del delito, regulados en los arts. 369 a 370 CP.
Analizamos las características de las figuras no imputables del tráfico de drogas como son el autoconsumo, el consumo compartido y la posesión o entrega de cantidad insignificante, por no lesionar el bien jurídico protegido al no poner en peligro la salud pública. En cuanto a los tipos agravados, examinamos sus elementos, que habrá que probar. ¿Qué se considera establecimiento abierto al público a efectos del tráfico de drogas? Para calcular la cantidad de notoria importancia, ¿se debe tener en cuenta la pureza de la droga? ¿Qué características tiene la organización criminal en el tráfico de drogas? En el estudio jurisprudencial contenido en el presente Cuaderno se analizan estas cuestiones, entre otras, a través de las resoluciones dictadas por nuestros jueces y tribunales en sus resoluciones.
Y además, en la parte de Actualidad:
· Revisión de sentencias condenatorias firmes por delitos sexuales tras la Ley Orgánica 10/2022 · Dos años de aplicación práctica de la nueva versión del sistema de plazos del proceso penal (art. 324 LECrim) · Cuantificación de los daños morales

La reclamación del pago de los gastos extraordinarios de los hijos entre los progenitores es uno de los procesos de ejecución de familia que con mayor frecuencia se instan ante nuestros tribunales, y esa es la razón por la que hemos reunido en esta selección de jurisprudencia las cuestiones más habituales que se plantean en la práctica.
Partimos de dos grandes bloques: los supuestos en los que procede la ejecución del gasto como extraordinario y los supuestos en los que no procede, aunque se trate a veces del mismo tipo de gasto. Así, para poder determinar si procede o no la ejecución del gasto como extraordinario, habrá que atender a distintas cuestiones: al contenido del título ejecutivo, a si ha habido una aceptación expresa del gasto, o a si se ha pactado en el convenio como extraordinario o como ordinario. Por supuesto, también es necesario que haya un conocimiento o consentimiento respecto a su pago o incluso podrá valorarse si ha existido un abono previo de los gastos que se reclaman como extraordinarios.
No procederá la ejecución como extraordinario cuando el gasto se derive de una decisión unilateral del progenitor ejecutante, y, por supuesto, debe tratarse de gastos urgentes o necesarios.
No debe olvidarse, además, que, previamente a su reclamación, tiene que determinarse la naturaleza del gasto, debiendo acudir para ello al incidente regulado en el art. 776.4 LEC, cauce legal obligatorio cuando se quiere reclamar un gasto como extraordinario que no esté previsto en el título ejecutivo. Son muy interesantes las resoluciones recogidas en este apartado del estudio.
Finalmente, pero no por ello menos importante, hemos considerado necesario prestar atención a la mediación en las reclamaciones de gastos extraordinarios, tanto cuando existen pactos alcanzados en mediación como la recomendación de acudir a ella para lograr acuerdos antes de recurrir a la vía judicial.
Y además, en la parte de Actualidad:
· Según la nueva redacción del art. 96 CC, ¿es necesario volver a valorar las circunstancias para extinguir el uso de la vivienda familiar cuando los hijos menores alcancen la mayoría de edad? · Las videoconferencias transfronterizas como medio de simplificación y aceleración de la obtención de pruebas en los procesos de Derecho de Familia en la Unión Europea · El interés superior del menor y la suspensión del régimen de visitas

El art. 250.1.7.º LEC faculta al titular de un derecho real inscrito en el Registro de la Propiedad, con asiento vigente y sin contradicción alguna, para demandar por el procedimiento de juicio verbal la efectividad de su derecho contra quienes, sin disponer de título inscrito, se opongan o perturben su ejercicio. En este cuaderno exponemos la jurisprudencia más importante referente a las especialidades procedimentales: la caución, las tasadas causas de oposición, la cognición limitada y, sobre todo, la ausencia de efectos materiales de cosa juzgada.
Y además, en la parte de Actualidad:
· Las costas de la ejecución y sus problemas · Honorarios profesionales de abogados y competencia · Prescripción, caducidad y presentación de escritos en el día de gracia

La colección completa y necesaria de resoluciones judiciales para todo profesional dedicado al ámbito de los arrendamientos urbanos.
La confluencia de varias leyes, Texto Refundido de 1964, Real Decreto-Ley 2/1985 y Ley de Arrendamientos Urbanos 29/1994 ?reformada por Ley 4/2013, Ley 2/2015 y Real Decreto Ley 7/2019, de 1 de marzo?, da lugar a distintos regímenes jurídicos aplicables en función de la fecha del contrato. Resulta imprescindible conocer el criterio del Alto Tribunal en cuestiones como el retraso en el pago de la renta, cuándo se produce la cesión de vivienda, qué indemnización corresponde en caso de desistimiento, cómo interpretar la duración por tiempo indefinido, cuál es el plazo en el caso de arrendamientos posteriores a 9 de mayo de 1985 con prórroga forzosa, qué se entiende por precario, la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus o la resolución por jubilación del arrendatario, entre otros muchísimos temas.
Recogemos en este estudio jurisprudencial más de 20 años todas las resoluciones del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, dictadas desde el año 2000, clasificadas por conceptos, y ordenadas por tribunales y fechas, distinguiendo aquellas que han fijado ?doctrina jurisprudencial?. Cada una de las sentencias está encabezada por un título específico, realizado por analistas del Departamento Jurídico de Arrendamientos Urbanos, con el rigor que caracteriza a la Editorial Jurídica sepín, siempre con el objetivo de agilizar el trabajo del profesional.