En los últimos años la mediación se ha convertido en una verdadera alternativa al proceso en cuanto instrumento para resolver los conflictos civiles y mercantiles. El impulso necesario para su implementación en el ordenamiento jurídico español lo constituyó la Directiva 2008/52/CE; Directiva que dio lugar a la Ley 5/2012, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, que reguló con carácter general y de manera flexible la institución y otorgó al acuerdo de mediación, elevado a escritura pública u homologado judicialmente, la condición de título ejecutivo. De esta manera, el acuerdo de mediación, con ciertos requisitos, se coloca en un nivel similar al de la sentencia lo que supone una indudable apuesta por este mecanismo. Junto con la ley nacional, las Comunidades Autónomas también se han ocupado de legislar sobre mediación. La Ley 24/2018 de mediación de la Comunitat Valenciana, y su Reglamento de desarrollo, respetando los postulados de la Ley 5/2012, van más allá, haciendo más atractiva, si cabe, la utilización de este método adecuado de solución de controversias al regular, por ejemplo, la mediación gratuita o el sello de calidad mediadora. Estas particularidades, sin duda, repercuten positivamente tanto en las entidades y en los profesionales de la mediación, como en quienes se sirven de ella como vía pacífica para resolver sus conflictos.

Hace año y medio la Ley 5/2012, de 6 de julio, reguló la mediación en asuntos civiles y mercantiles, cumpliendo el mandato que años atrás impuso la Directiva 2008/52/CE, de 21 de mayo. Una de las grandes novedades de la misma fue la conformación del acuerdo de mediación, homologado judicialmente o elevado a escritura pública, como título ejecutivo. En principio dicha configuración no tenía nada de especial; el problema proviene del hecho de atribuir naturaleza jurisdiccional a dicho título ejecutivo, incluso cuando el mismo es elevado
a escritura pública. Esa ficción legal, que lleva a ejecutar cualquier tipo de acuerdo de mediación por la vía establecida para los títulos jurisdiccionales, plantea no pocos problemas. El presente libro analiza precisamente aquellos aspectos del proceso de ejecución que requieren de un tratamiento específico debido a la singularidad del título en cuestión. Temas controvertidos como la necesidad o no de pagar tasa judicial para solicitar la ejecución del acuerdo, la extensión del control judicial para despachar ejecución, la fijación del dies a quo del cómputo de los plazos de espera y caducidad o la amplitud de la oposición a la ejecución, son tratados y resueltos en la presente obra.

Hace año y medio la Ley 5/2012, de 6 de julio, reguló la mediación en asuntos civiles y mercantiles, cumpliendo el mandato que años atrás impuso la Directiva 2008/52/CE, de 21 de mayo. Una de las grandes novedades de la misma fue la conformación del acuerdo de mediación, homologado judicialmente o elevado a escritura pública, como título ejecutivo. En principio dicha configuración no tenía nada de especial; el problema proviene del hecho de atribuir naturaleza jurisdiccional a dicho título ejecutivo, incluso cuando el mismo es elevado
a escritura pública. Esa ficción legal, que lleva a ejecutar cualquier tipo de acuerdo de mediación por la vía establecida para los títulos jurisdiccionales, plantea no pocos problemas. El presente libro analiza precisamente aquellos aspectos del proceso de ejecución que requieren de un tratamiento específico debido a la singularidad del título en cuestión. Temas controvertidos como la necesidad o no de pagar tasa judicial para solicitar la ejecución del acuerdo, la extensión del control judicial para despachar ejecución, la fijación del dies a quo del cómputo de los plazos de espera y caducidad o la amplitud de la oposición a la ejecución, son tratados y resueltos en la presente obra.