Este libro se compone de tres partes: en la primera se lleva a cabo una breve aproximación al origen y desarrollo de la inteligencia artificial (IA), desde mediados del siglo pasado hasta la actualidad, y se apunta al papel cada vez más relevante que juega en nuestras vidas. En la segunda se presenta una panorámica de la incidencia de la IA en una serie de derechos o grupos de derechos fundamentales; entre otros, en la libertad personal, los derechos relativos a la vida privada, las libertades de expresión e información, el derecho a un juicio justo o la prohibición de discriminación. En la tercera parte se aborda algo a lo que se ha venido prestando menos atención que a lo expuesto en la parte segunda: la relación entre la IA y la teoría general de los derechos fundamentales, es decir, el impacto de la IA en el Estado social, democrático y, podríamos decir, digital de Derecho; la repercusión de la IA en la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad; la IA y la doble dimensión de los derechos fundamentales; la cuestión de la titularidad de los derechos en relación con la robótica y la IA; la incidencia de la IA en el objeto y el contenido de los derechos fundamentales y, finalmente, las garantías de los derechos frente a la IA.

En este libro se estudia el libre desarrollo de la personalidad, calificado en el artículo 10.1 de la Constitución española como uno de los fundamentos del orden político y de la paz social. A diferencia de lo que ha sucedido con la dignidad humana, al libre desarrollo no se le ha dedicado tanta atención doctrinal, ni en lo que se refiere a su significado propio ni a su proyección sobre concretos derechos fundamentales.
Aquí se abordan ambas cuestiones: en primer lugar, estudiamos el carácter principal del libre desarrollo de la personalidad, que impone una interpretación restrictiva de los límites que el legislador pueda establecer respecto de concretos derechos; veremos también que garantiza el respeto, por parte de los poderes públicos y de los particulares, a las decisiones de cada persona en lo que le afecten a ella, salvo que quepa invocar la protección de otros derechos o bienes constitucionalmente garantizados y en la medida en que sea necesaria dicha protección; por último, de este principio cabe derivar la exigencia de comportamientos positivos por parte de los poderes públicos e, incluso, de sujetos privados cuando las intervenciones, prestaciones, cambios normativos... sean necesarios para asegurar la efectividad de derechos y libertades con una alta carga de autodeterminación personal.
En segundo lugar, nos detenemos en concretos derechos fundamentales -desde la integridad física y moral hasta los derechos propios de las relaciones laborales, pasando por la libertad ideológica y religiosa; la intimidad, el honor y la propia imagen; la libertades de expresión e información, el derecho de asociación, el de participación en asuntos públicos y el derecho a la educación- para ver cómo incide el libre desarrollo de la personalidad en la interpretación de los enunciados normativos que configuran estos derechos y cómo condiciona la labor de desarrollo de los mismos que corresponde al legislador.

Esta obra se presenta como un Prontuario de las resoluciones que tanto el Tribunal Constitucional como la Junta Electoral Central, han venido emitiendo, el primero desde 1980 y la segunda desde 1977, sobre las elecciones municipales y el gobierno de los entes locales. Las más de ocho mil entidades locales existentes tienen un régimen electoral y de funcionamiento específico que bien merece una dedicación exhaustiva con el objetivo de ofrecer una panorámica de conjunto que ayude a entender la compleja situación en la que se encuentran en el momento presente, a la que no es ajena la preocupación legislativa, como lo prueba la reciente aprobación de diversas normas sobre la organización y funcionamiento de los entes locales, desde la Ley Orgánica 1/2003, de 10 de marzo, para la garantía de la democracia en los Ayuntamientos y la seguridad de los Concejales o la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, de Reforma de la Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que modifica, entre otras disposiciones legales, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común, mociones de censura, cuestiones de confianza, gobiernos en funciones.) ) hasta llegar a la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, que ha entrado en vigor el primero de enero de 2004 y en cuya Exposición de Motivos se alude a "las exigencias de una vida local dinámica y rica, profundamente influida por las importantes transformaciones sociales, económicas y culturales que han venido experimentando los municipios españoles durante las últimas décadas", antes de reconocer que "el objetivo último debe ser la elaboración de una nueva Ley de Bases de la Administración Local, que constituya un instrumento adecuado para que nuestros gobiernos locales afronten los complejos retos que les presentan los albores del siglo XXI". Ha sido, precisamente, en los entes locales donde se ha conseguido la última de las grandes conquistas democráticas contemporáneas: La desvinculación de la condición de ciudadano activo, en su doble dimensión de potencial elector y candidato al desempeño de cargos políticos representativos, del estatuto de la nacionalidad.