El codemandado simboliza una conquista esforzada, una feliz evolución de nuestro proceso contencioso-administrativo. Desde esta seguridad hay, no obstante, algunos apartados de la intervención que admiten todavía recorrido en su análisis, como es natural a una institución cuyo estudio sigue haciendo cavilar a los procesalistas, comenzando por las tensiones a que se ve sometida en su puesta en práctica, más aún en un terreno, caso de la materia administrativa, donde se multiplica su presencia y se acompaña de una dosis no menos importante de singularidad. Importa e interesa el análisis del codemandado, también, a los efectos de ajustar elementos trascendentes de su régimen jurídico como el llamamiento en causa y sus circunstancias o el desenlace de las costas procesales. Sin olvidar, claro está, la misión central, esto es, el reto que representa la potenciación de la defensa real y efectiva de los terceros perjudicados sin que se resienta al tiempo el derecho de las dos partes originales a obtener una tutela judicial sin dilaciones indebidas.

La vacunación constituye una herramienta de salud pública que ha transformado radicalmente la virtualidad de la prevención sanitaria y el signo de la
batalla secular contra las enfermedades contagiosas. Importa en nuestros días que se siga discurriendo sobre la vacunación en clave jurídica por muchas razones. Ante todo, conviene tomar conciencia de que se está ante un tema cambiante, complejo y controvertido en el que, aparte de la cientificidad, confluyen una serie de elementos y factores cuya cabal conjugación exige de la presencia de normas capaces no solo de proporcionar armonía entre las dos esencias de la vacunación -la prevención a título individual y la inmunidad de grupo en interés de todos-, sino también de encauzar convenientemente otros retos relevantes como el acceso universal y equitativo a las vacunas o la buena gestión del calendario oficial de vacunación. Ocurre, además, que de fuera nos llegan señales de alerta sobre la dimensión que adquiere el rechazo a la vacunación y sobre cómo esta se ha convertido en un alarmante problema social que está en la agenda política de no pocos países de nuestro entorno. Contando con todo ello, la curiosidad sirve la pregunta que guía este ensayo: ¿cumple el tratamiento que ofrece nuestro ordenamiento jurídico al hecho de la vacunación?

La renovada formulación de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional a finales de 2012 (Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses) ha dado lugar a un intenso y sonado debate sobre el papel que han de desempeñar las tasas judiciales y su encaje en nuestro sistema judicial. Hace falta por eso mismo tratar de ajustar y perfilar los contornos de esta figura, y con este propósito el libro propone un recorrido inspirado por dos ideas fuerza: de un lado, la necesidad de explicar la complejidad y el grado de precisión y tino que se requiere para alcanzar una convivencia armónica entre el derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de acceso a la justicia, que es la primera de todas las demás, y las tasas judiciales, poniendo especial acento en las enseñanzas que proporciona la dilatada y rica jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al respecto. De otro, la importancia de advertir la significación y el impacto particulares de las tasas judiciales en el contexto de una justicia tan singular como es la administrativa, donde está en juego mucho más que la defensa del interés particular del recurrente. Una especialidad que el legislador no ha acertado a retratar en toda su extensión y que, en combinación con otros obstáculos en el acceso al proceso como la reforma de las costas procesales en la primera instancia, puede hacer perder vitalidad al control judicial de nuestras Administraciones Públicas.