Desde hace décadas, el debate jurídico sobre la planificación y los planes ha tenido dos importantes polos de atracción: la planificación económica y la planificación urbanística. Pero planificación y planes existen prácticamente en cualquier ámbito de actuación del poder ejecutivo. En esta obra se analiza el plan, en primer término, en el contexto de las formas de actuación de la administración, que todavía tienen una fuerza estructurante en la parte general del Derecho administrativo; y se propone, a continuación, una clasificación de los planes que permite ensayar una escala de la planificación en atención a su función directiva conforme a dos criterios: el volumen de la actividad administrativa dirigida por el plan y la fuerza vinculante de sus determinaciones. El estudio se completa con el tratamiento, entre otras cuestiones, del procedimiento de aprobación de los planes y su (parcial) europeización; así como de su control judicial a través de los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El Derecho es una de las formas de dirigir la actividad de la Administración, pero no es la única. Política, Derecho y presupuestos han sido formas tradicionales de dirigir (y dotar de legitimidad democrática a) la actividad administrativa que cuentan con un reconocimiento constitucional: el Gobierno dirige (también políticamente) la Administración (art. 97 CE); la Administración actúa con sometimiento pleno a la ley y al Derecho (art. 103.1 CE); y lo que gasta la Administración debe ser autorizado por el Parlamento a través de los presupuestos (art. 66.1 CE en relación con el art. 134.2 CE). Hablar de las fuentes del Derecho administrativo es hablar de quién puede elegir y utilizar el Derecho como forma de dirigir la actividad de la Administración; o, expresado de otra manera, quién puede imponer a la Administración sus decisiones como mandatos jurídicos, que desencadenan las específicas consecuencias de estos. En esta obra se presenta un sistema de fuentes del Derecho administrativo del que forman parte cuestiones clásicas (como la derogación de las normas o la ley concreta y singular), temas relativamente nuevos (como el soft law, las normas técnicas de origen privado o la evaluación normativa) y temas viejos tratados con planteamientos modernos (el ámbito de vigencia territorial de la norma jurídico-administrativa y el principio europeo de reconocimiento mutuo o una propuesta de construcción sistemática de los límites o prohibiciones constitucionales relativos a la retroactividad de las normas, por ejemplo).

Este libro se presenta como un estudio metodológico, sobre todo, de la decisión administrativa (más o menos) discrecional; o, si se prefiere, como una metodología de la discrecionalidad administrativa (y de su control judicial). Una metodología de este tipo ofrece diferencias esenciales con respecto a las metodologías tradicionales centradas en la aplicación judicial del Derecho, porque dos maneras de aplicar el Derecho en cumplimiento de dos funciones constitucionales distintas (la de la Administración y la de los jueces) dan lugar a dos metodologías diversas. Son objeto de análisis las reglas de racionalidad que deben ser observadas en el proceso de adopción por la Administración de decisiones dirigidas por el Derecho: cómo debe llevarse a cabo el trabajo con los hechos que definen el problema sobre el que hay que resolver (por ejemplo, cómo se identifican los datos relevantes y cuándo puede ser racionalmente aceptable tener un relato fáctico como verdadero); cómo se completa o se «construye» por la Administración la norma aplicable al caso a partir del texto de la regla que vincula jurídicamente su actuación (mediante la utilización de criterios adicionales, de legalidad o de oportunidad, que concretan los márgenes de indeterminación de la norma jurídico-administrativa y la refieren suficientemente –o, mejor, óptimamente- al caso sobre el que se trata de decidir); qué función corresponde en esa tarea al denominado soft law; qué estructura racional argumentativa tiene una decisión administrativa adoptada por ponderación entre mandatos finalísticos de optimización, etcétera. Las reglas metodológicas que más interesan aquí no son las del «control de la discrecionalidad» por los jueces, sino las del «correcto (no solo legal) ejercicio de la discrecionalidad» por el órgano administrativo.

La implantación obligatoria del nuevo título de grado en Derecho, impuesta por la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en el marco del proceso de convergencia iniciado por la Declaración de Bolonia de 1999, implica profundos cambios en la forma en que las diferentes disciplinas jurídicas son expuestas por los profesores y estudiadas por los alumnos en las Universidades españolas. Así, el nuevo crédito ECTS, junto con la tradicional enseñanza a través de lecciones magistrales, asigna un papel capital, en el proceso de adquisición por los estudiantes de los conocimientos, capacidades y destrezas correspondientes, a las «clases lectivas prácticas» así como a la realización de otras «actividades académicas dirigidas», como seminarios o trabajos, con la convicción de que la enseñanza práctica debe asumir una mayor relevancia en nuestra Universidad.
El panorama de los libros de texto y manuales universitarios en España ha carecido hasta el momento de recursos que respondan a las necesidades que, tanto para el profesor como para el alumno en la preparación de la asignatura, plantea el nuevo sistema de enseñanza universitaria. Con la colección Textos y Materiales, la Editorial Thomson Reuters Civitas pretende colmar esa laguna ofreciendo un compendio articulado y coherente de fuentes documentales primarias de las distintas materias que figuran en los planes de estudio del grado en Derecho, completadas con las explicaciones y referencias bibliográficas necesarias para su adecuado uso.