El presente estudio aspira a construir una teoría dogmática del dominio público como parte del orden constitucional económico. El Derecho económico se ha concebido, en su época de mayor intervención, fundamentalmente como el instrumento del Estado en su tarea de defensor y conformador de la economía, en tanto que titular legítimo del poder político. Este paradigma intervencionista, sin embargo, sufre un decisivo golpe a partir del último tercio del siglo xx, fruto de una reflexión sobre la propiedad constitucional, que debe ser entendida como un derecho fundamental genuino, con su contenido esencial correspondiente y con una vertiente institucional que vertebra todo el ordenamiento. La tesis del presente estudio es que la teoría del dominio público debe ser entendida como una limitación del derecho de propiedad constitucional. Así, los límites negativos del derecho de propiedad constitucional, tanto los proporcionados y no indemnizables como los justificados por su utilidad pública y sometidos a indemnización, son a su vez los límites positivos de la intervención del poder público. Ambas vertientes empastan así como dos mitades de una manzana. Sólo deberá excluirse el dominio privado de un bien o categoría de bienes mediante el régimen demanial, cuando existan razones de índole económica que justifiquen su uso común o su explotación concesional. Aquí aparece como central el concepto, que hemos manejado en el trabajo, de bienes de tránsito. La idea central del estudio es, por tanto, que la comprensión de todos los bienes, también los bienes públicos, como objetos de tráfico jurídico y económico sirve al mejor funcionamiento de la economía. Los bienes públicos no son ya tanto bienes afectos a fines públicos que haya que proteger, como bienes del orden constitucional económico cuya función en el tráfico verdaderamente justifica su carácter público y su tipo de uso. Así pues, la discusión entre modelos funcionalistas o patrimonialistas no es, creemos, tan relevante ya, como la idea de que el poder público que se ejercita sobre esos bienes debe estar justificado y debidamente sometido a control en virtud de la función que los bienes vinculados cumplen en la economía general.

Otros libros de Iglesias Sevillano, Héctor

En la presente obra construimos una propuesta para abordar los problemas que surgen del estudio del Derecho Global y las normas supranacionales. Adoptando una vía de análisis jurídico-pública (y, en particular, jurídico-administrativa) defendemos la normatividad plena de las normas supranacionales del Derecho Global. Para lograr este objetivo, en primer lugar, formamos dos conceptos en torno a los cuales pivotará el conjunto del estudio: el concepto de Derecho Global y el concepto de ciudadano corporativo, que sería el sujeto privado que ejercita de facto las funciones de relevancia jurídico-pública. Pero el verdadero objeto de estudio del presente trabajo es el concepto y tipos de norma supranacional. La teoría normativa aspira a demostrar que las normas supranacionales del Derecho Global son normas jurídicas genuinas y que puede, incluso, ser aplicadas por el juez nacional, siguiendo un determinado procedimiento en tres fases, que denominamos procedimiento de legitimación. Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.