Este trabajo aborda los retos de la economía circular y el desarrollo sostenible bajo premisas de la inteligencia territorial, esto es la necesaria proyección del territorio como escenario para el cambio socioeconómico. La incorporación de tecnologías emergentes capaces de cambiar nuestra interacción con el medio, están afectando también al flujo económico, y lo hacen con efectos y una proyección que aún no ha sido suficientemente estudiada por la doctrina. Si bien la economía circular y la economía Azul se abren camino poco a poco en nuestra vida, la implicación que dicha noción proyecte desde la no menos interesante definición de que se entienda por inteligencia territorial plantea nuevos retos y deja a los operadores públicos ante la comprensión de los efectos de cambios innegables en la manera de regular lo público y de gestionar lo común

This book aims to fill an existing gap in Administrative Law teaching materials book by achieving students and scholars enough tools to learn basic concepts of Administrative Law in Spanish and In English. La proliferación de materiales adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior que han tenido lugar en los últimos años han puesto a los estudiantes en condiciones optimas para emprender el trabajo autónomo que el aprendizaje de las asignaturas básicas de Derecho Administrativo demanda, Este libro incorpora como factor destacado la combinación de lecciones en Español y en Inglés en lo que componen materiales escogidos y adaptados basados en la experiencia docente de su autora y orientados a suministrar las herramientas de aprendizaje preciso con los que superar las asignaturas oficiales de los planes de estudio del Grado en Relaciones Laborales y Trabajo social que suponen introducción a los conceptos básicos de Derecho Administrativo. Al mismo tiempo, la obra ofrece una visión totalmente novedosa al integrar la traducción al inglés de las lecciones que propone, proporcionando casos prácticos y lecturas en inglés, con la idea de familiarizar al estudiante con la terminología y hacer posible un aprendizaje bilingüe de la materia. Esta integración idiomática. obligada a tenor de lo dispuesto en la normativa reguladora de los estudios de Grado y los planes de estudios aprobados y acreditados por la ANECA, plantea no pocos retos a nuestros estudiantes, ya que condiciona la obtención del título de Graduado. Sirviendo además como canal de visibilidad internacional de los estudios y siendo fomentada por loa planes de estudios y la política educativa de los centros, así como por la agencia de evaluación de calidad de materiales docentes. La incorporación de la enseñanza en ambos idiomas, permitirá al texto ser utilizado en la docencia en inglés, existente en las facultades de ciencias Sociales y Estudios Sociales españolas, así como servir de instrumento útil para los estudiantes de intercambio (Erasmus, ISEP. Asia Oriental... etc) internacionales. En este contexto los materiales incorporan además la virtud de servir de introducción bilingüe para los profesionales en ejercicio y juristas que así lo requieran, suministrando material de apoyo para la docencia, y para la investigación en la materia. De tal suerte que proporcionen a los profesionales una herramienta actualizada y útil de manejo en el ejercicio de la profesión. La obra incorpora también un capítulo de herramientas online, enlaces, blogs y recursos didácticos de utilidad que completen la orientación práctica y actual de unos materiales que vienen a cubrir una laguna en la materia.

El camino que toda investigación nos revela es apasionante. Pues cuando iniciamos el primer paso poco podemos aventurar el resultado final del mismo. Así cuando iniciamos la pregunta de investigación que nos condujo hasta aquí habían sucedido ya múltiples trabajos que se ocupaban con mayor o menor profundidad de aspectos tales como la gobernanza, la transparencia, la administración electrónica, o la incorporación de nuevas técnicas de control de la actuación administrativa, en un derecho administrativo derivado de la crisis económica. Se habían producido significativos avances respecto del examen de la noción de simplificación administrativa, y en el ámbito de la protección de los derechos que en el contexto de la sociedad- red acaban siendo objeto de especial vulnerabilidad, y en consecuencia requieren significativa atención, (derecho a la información, a la intimidad, y a la garantía de confidencialidad que lleva aparejada), y un régimen derecho a la protección de datos complementario. Pero, nada puede ser entendido ni investigado ya en nuestro país sino lo es bajo el paraguas de la matriz del derecho comunitario. Matriz que conjuga un sistema Europeo y una legitimación institucional, capaz de alterar las reglas internas de los mercados en aras de instrumentos financieros globales y de propuestas que deban integrarse de manera coherente en el ordenamiento jurídico de cada país miembro de la Unión. Así, sucedería respecto de la proyección de KINSGBURY en el Derecho Administrativo Global que tan interesante resulta para explicar la necesidad de dar respuestas globales a problemas también globales. El Código Renual, de Derecho Administrativo y Procedimiento y las fallas de un sistema que se nutre de técnicas a veces insuficientes se han revelado especialmente notorias en el contexto de la crisis económica, social y por ende política de los últimos años en nuestro país. Ya no podemos sin más dejar relegado a un segundo plano el papel del ciudadano en la configuración de las políticas públicas. No es de recibo, instaurar mecanismos únicos de “auctoritas” en contextos de globalización e intercomunicación tales que soslayan con la fuerza de los hechos las premisas unilaterales del quien desea ostentar de manera unilateral el poder. La premisa Constitucional que abogaba por una soberanía nacional residenciada en el pueblo, adquiere entonces una especial significación, y se traduce en la implementación de nuevas formas de participar y de expresar la voluntad de organización diferente a la que hasta ahora hemos podido aprehender. Quizás, por ello, el letargo del jurista en dar respuesta a las dinámicas sociales, o hacerlo de manera sesgada, esté siendo el caldo de cultivo de la expresión de una nueva forma de economía colaborativa. Economía que si bien debe - situarse aún en el contexto del artículo 128 de la Constitución, que sigue sometiendo toda la riqueza del país al interés nacional, se ordena de forma auto-gestionada, implicando la participación activa de quienes proveen servicios y quienes lo reciben. Pues bien, en este contexto, en una creciente literatura que pone en valor la necesidad del uso de dispositivos que contribuyan a la generación de Big data, en aras de la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, y en el contexto de una creciente necesidad social, las políticas urbanas deben proponer nuevos paradigmas de gestión de los recursos públicos.