El presente trabajo de investigación aborda un tema de suma actualidad en el marco de una sociedad cada vez más envejecida: la intervención en el tráfico económico de las personas mayores. Un colectivo vulnerable, no solo por la propia fragilidad de los sujetos que lo integran, sometidos a un progresivo deterioro intelectivo fruto de la mayor esperanza de vida sino también por las circunstancias del entorno que los acoge, capaz de generarles un daño respecto del cual carecen de medios para afrontarlo. Téngase en cuenta que la Ley 8/2021, de 2 de junio por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, en plena coherencia con los postulados que incorpora la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, implementa un modelo normativo construido sobre el reconocimiento a las personas con discapacidad de capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida (art. 12 CDPD). Admitida la aplicación de esta Ley a las personas de edad avanzada, una interpretación atinada de sus mandatos normativos pasa por valorar el impacto que tiene esta nueva juridicidad en la actuación negocial de este sector poblacional; cómo juegan en él los principios de autonomía decisoria y el juego de la hegemonía de la voluntad en la toma de decisiones que le incumben de las personas mayores

La realidad nos muestra que el control efectivo que los Centros de Reconocimiento Médico tienen sobre las aptitudes psicofísicas de los conductores senior podría mejorarse pues es un hecho que conductores que no están en condiciones de conducir llegan a obtener la prórroga de la licencia o permiso, con el consiguiente riesgo para la seguridad vial. Ante esta realidad es obvio que algo falla, lo que justifica que en el trabajo se aborde la cuestión de la posible responsabilidad civil y penal del director facultativo de dichos Centros. Por otra parte, es posible que la detección de la falta de las aptitudes psicofísicas necesarias para la conducción se realice por el facultativo que atiende al conductor senior, antes de que este acuda a los Centros de Reconocimiento para solicitar la prórroga de su permiso o licencia. En este escenario surge la cuestión de si el facultativo estaría obligado a comunicar esta situación a las autoridades de la Jefatura Provincial de Tráfico, habida cuenta del riesgo que para la seguridad vial conllevaría que el conductor senior siguiera conduciendo. El conflicto está servido puesto que varios bienes jurídicos entran en juego: el derecho de todos los ciudadanos a la seguridad vial, el deber de confidencialidad del médico y el derecho del paciente senior a que se garantice el secreto de sus datos clínicos sobre su salud física o psicológica. Y la necesidad del estudio de los problemas que suscita esta confrontación se revela más que justificada. Tampoco se ha descuidado el estudio de las cuestiones relacionadas con la accidentalidad en el marco de la conducción de personas mayores, abordándose temas de tanta importancia como la afectación del envejecimiento fisiológico en la dificultad para conducción, la responsabilidad civil y seguro obligatorio en la conducción de personas de edad avanzad o la trascendencia del deterioro funcional en la víctima no conductora causante del accidente. Para concluir, la última parte del libro se dedica al estudio de los aspectos sociales de la conducción en el marco del envejecimiento: Calidad de vida e inteligencia emocional en el conductor senior, problemas de la movilidad de las personas mayores en las ciudades y terminando con el estudio de la estigmatización del conductor mayor desde una perspectiva sociológica.

Si la investigación sobre el Derecho es imprescindible para avanzar en su aplicación, el conocimiento de cómo se realiza ésta constituye pieza clave en la serena búsqueda del acierto de lo investigado.
Haciendo honor a este planteamiento, este Tratado de Usufructo ofrece al lector un tratamiento dinámico y funcional de este derecho, producto de la conexión entre la teoría y la práctica jurídicas. Fruto de la fecunda labor de investigación de un grupo de reconocidos profesores pertenecientes a distintas disciplinas jurídicas (civil, mercantil y tributaria), presenta un aquilatado estudio del usufructo ubicado en un contexto actual, tan diferente del que le acompañara en su incorporación al Código civil. El hecho de que en la actualidad una parte importante de los patrimonios familiares se integre por activos mobiliarios justifica que, además de los usufructos de minas, montes, caza, propios de una sociedad poco industrializada en la que la riqueza era inmobiliaria, se afronte el estudio de nuevas realidades como el usufructo de empresa, de acciones y participaciones sociales, de participaciones en fondos de inversión o de cartera de valores.
En un estudio de estas características no podía faltar el tratamiento fiscal del usufructo, con especial dedicación a la tributación de su constitución y a la de su transmisión inter vivos, a título lucrativo u oneroso.
Es una obra extensa en donde la importancia que se asigna al análisis de la jurisprudencia marca identidad a la misma. Dispone de un minucioso análisis de la mejor doctrina patria a la que se le ha unido un estudio de las resoluciones judiciales y las administrativas de la Dirección General de los Registros y del Notariado.
En definitiva, una obra orientada a los operadores jurídicos que día a día aplican el Derecho, a los que la mutua interacción entre la teoría y la praxis del usufructo que la misma ofrece puede resultarles de gran utilidad en su quehacer profesional.