Germán Fernández Farreres (Zaragoza, 1953), es catedrático de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Con anterioridad lo fue de la Universidad de Málaga (1986-1988) y, durante los años 1989-1993, prestó servicios como Letrado del Tribunal Constitucional. Ha sido Director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Complutense de Madrid y del Departamento de Derecho Administrativo de la misma Universidad. Entre otras publicaciones, es autor de los libros La subvención: concepto y régimen jurídico (IEF, 1983), Asociaciones y Constitución (Civitas, 1987), El régimen de las ayudas estatales en la Comunidad Europea (Civitas, 1993), El recurso de amparo constitucional según la jurisprudencia constitucional (Marcial Pons, 1995), El paisaje televisivo en España (Aranzadi, 1997), La contribución del Tribunal Constitucional al Estado Autonómico (Iustel, 2005) y ¿Hacia una nueva doctrina constitucional del Estado Autonómico? (Civitas, 2008). Coautor, junto a J. González Pérez, de los Comentarios a la Ley de Asociaciones (Civitas, 2002), ha dirigido, asimismo, las obras colectivas Colegios Profesionales y Derecho de la Competencia (Civitas, 2002), Transportes y Competencia (Civitas, 2004) y Comentarios a la Ley General de Subvenciones (Civitas, 2005).

Germán Fernández Farreres (Zaragoza, 1953), es catedrático de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Con anterioridad lo fue de la Universidad de Málaga (1986-1988) y, durante los años 1989-1993, prestó servicios como Letrado del Tribunal Constitucional. Ha sido Director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Complutense de Madrid y del Departamento de Derecho Administrativo de la misma Universidad. Entre otras publicaciones, es autor de los libros La subvención: concepto y régimen jurídico (IEF, 1983), Asociaciones y Constitución (Civitas, 1987), El régimen de las ayudas estatales en la Comunidad Europea (Civitas, 1993), El recurso de amparo constitucional según la jurisprudencia constitucional (Marcial Pons, 1995), El paisaje televisivo en España (Aranzadi, 1997), La contribución del Tribunal Constitucional al Estado Autonómico (Iustel, 2005) y ¿Hacia una nueva doctrina constitucional del Estado Autonómico? (Civitas, 2008). Coautor, junto a J. González Pérez, de los Comentarios a la Ley de Asociaciones (Civitas, 2002), ha dirigido, asimismo, las obras colectivas Colegios Profesionales y Derecho de la Competencia (Civitas, 2002), Transportes y Competencia (Civitas, 2004) y Comentarios a la Ley General de Subvenciones (Civitas, 2005).

La 16ª edición del volumen II de esta obra incorpora, como es habitual, las modificaciones introducidas por la legislación producida en el tiempo transcurrido desde la aparición de la edición precedente, así como la jurisprudencia contenciosa-administrativa y constitucional en la medida necesaria para dar una imagen fiel y completa del estado actual del Derecho Administrativo.

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1ª edición.

El derecho fundamental de asociación, reconocido en el artículo 22 de la Constitución, y de antigua tradición en nuestro constitucionalismo, constituye un fenómeno sociológico y político, como tendencia natural de las personas y como instrumento de participación, respecto al cual los poderes públicos no pueden permanecer al margen. Nuestra Constitución no es ajena a estas ideas y, partiendo del principio de libertad asociativa, contiene normas relativas a asociaciones de relevancia constitucional como los partidos políticos (artículo 6), los sindicatos (artículo 7 y 28), las confesiones religiosas (artículo 16), las asociaciones de consumidores y usuarios (artículo 51), las organizaciones profesionales (artículo 52), y de una forma general define, en su artículo 22, los principios comunes a todas las asociaciones eliminando el sistema de control preventivo, contenido en la Ley 191/1964, de 24 de diciembre, de Asociaciones, y posibilitando su ejercicio. Consecuentemente, la necesidad ineludible de abordar el desarrollo del artículo 22 de la Constitución, mediante Ley Orgánica al tratarse del ejercicio de un derecho fundamental (artículo 81), implica que el régimen general del derecho de asociación sea compatible con las modalidades específicas reguladas en leyes especiales y en las normas que las desarrollan, para los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones empresariales, las confesiones religiosas, las asociaciones deportivas, y la asociaciones profesionales de Jueces, Magistrados y Fiscales. Con este objetivo se establece un régimen mínimo y común, que es, además, el régimen al que se ajustarán las asociaciones no contempladas en las legislación espacial. I. Disposiciones generales.? II. Constitución de las asociaciones.? III. Funcionamiento de las asociaciones.? IV. Asociados.? V. Registro de asociaciones.? VI. Medidas de fomento.? VII. Garantías jurisdiccionales.? VIII. Consejos sectoriales de asociaciones.? Disposiciones adicionales. Disposiciones transitorias. Disposición derogatoria única. Disposiciones finales.