Los algoritmos seleccionan candidatos, organizan los horarios, dan instrucciones, vigilan y controlan el trabajo, evalúan el desempeño y recompensan o despiden trabajadores. En esta obra se analizan y ejemplifican estos usos y sus consecuencias. En este sentido, se defiende que la dirección algorítmica está alterando el equilibrio interno del contrato de trabajo. El uso de tecnologías para vigilar y controlar a los trabajadores cada vez se aleja más del espíritu original de garantizar que los trabajadores cumplen sus obligaciones, para pasar a manejarse de forma mucho más agresiva. La regulación actual pensada para un uso defensivo de la tecnología se muestra claramente insuficiente para proteger a las personas trabajadoras del actual uso ofensivo de los algoritmos. Así, se expone cómo el uso extractivo de ciertas tecnologías está debilitando el poder de negociación de los trabajadores y reduciendo la posibilidad efectiva de ejercicio de sus derechos, que se concreta en; 1) un aumento de la discriminación; 2) un incremento en la intensidad del trabajo que pone en riesgo su salud física y psicológica; 3) reducción de sus salarios. Adicionalmente, desde la perspectiva social se estudia cómo algunas de estas tecnologías no aportan productividad real a la economía, lo que puede acabar perjudicando la innovación tecnológica productiva. En este contexto se analiza la regulación actual en materia de protección de datos y algunas propuestas regulatorias europeas en materia de algoritmos. Se concluye que el carácter individual de estas y la falta de medidas de control de su cumplimiento las hacen manifiestamente insuficientes para superar los retos que estas tecnologías suponen. Este trabajo es una llamada a la regulación de los algoritmos extractivos con objeto de mejorar las condiciones de trabajo e incentivar la innovación productiva.

La colaboración entre el Gobierno, el sector privado y la sociedad civil se ha convertido en una actividad fundamental de las organizaciones del sector público, actividad que genera una nueva dinámica relacional, dado que la Administración contemporánea no puede abordar determinadas políticas públicas sin la colaboración y aprobación de los ciudadanos. Teniendo en cuenta esta realidad, el libro que el lector tiene en sus manos analiza la colaboración público-privada desde una aproximación novedosa, como es el estudio de la función de la retórica que envuelve a estas colaboraciones. La retórica tanto en las relaciones entre la administración y la empresa colaboradora, como entre estas entidades y los ciudadanos. Las conclusiones de este libro proporcionan recomendaciones importantes para la práctica y construcción de apoyo y legitimidad tanto del sector público como del sector privado: sugieren que los relatos que suelen utilizarse para describir y explicar la colaboración público-privada son determinantes en la configuración de las percepciones de los individuos con respecto a su idoneidad para conseguir el interés general, vinculado a un mejor desempeño de los servicios públicos. Identificar los medios de credibilidad apropiados en la argumentación retórica mediante la que se facilita la información es clave para la gobernanza colaborativa, mientras que los gestores que ignoran su importancia o hacen un uso inadecuado pueden obstaculizar el éxito de estos proyectos.

En esta obra realiza un análisis completo sobre la nueva regulación sobre el trabajo a distancia y el teletrabajo. El auge de esta forma de trabajo derivado de la situación de emergencia sanitaria Cvid19 ha provocado una rápida reacción del Gobierno realizando una extensa regulación. En este trabajo se analizan cada uno de los aspectos de dicha regulación, desde la voluntariedad del acuerdo de trabajo a distancia hasta los derechos de conciliación de los teletrabajadores, pasando por la prevención de riesgos laborales y los accidentes de trabajo en el trabajo a distancia entre otros. El trabajo pretende resolver, en cada una de los temas relacionados con el teletrabajo, cuestiones que no quedan suficientemente claras en la normativa y que pueden plantear problemas jurídicos. Así como dar orientaciones y recomendaciones a los operadores jurídicos sobre posibles soluciones.