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Las respuestas de la Administración a las consultas de los ciudadanos han motivado a lo largo de los años una importante litigiosidad, especialmente en el ámbito tributario y urbanístico, tal y como demuestra el repertorio de jurisprudencia Aranzadi. La creciente complejidad y extensión del ordenamiento jurídico fuerza los ciudadanos a tener que acercarse cada vez más a la Administración para que les aclare el sentido de las normas o cómo y dónde se encuentra regulada determinada materia. La respuesta que aporta la autoridad pública plantea una larga serie de problemas jurídicos. Esa respuesta ¿es una disposición, un acto o una mera opinión?, ¿cuál es el fundamento sobre el que se basa?, ¿qué relación tiene con el precedente administrativo, la doctrina de los actos propios o el principio de confianza legítima?, ¿debería ser susceptible de recurso judicial o de revisión de oficio?, ¿en qué casos surge el derecho a indemnización?, y, finalmente, ¿la regulación actual de la cuestión es adecuada o sería necesario la intervención del legislador en este terreno? La presente obra trata de responder a estas cuestiones con apoyo en la doctrina y jurisprudencia existentes.

La propiedad privada es el régimen más eficiente de explotación de recursos escasos, pero no siempre es posible porque su implantación está sujeta a costes que, en ocasiones, la hacen inviable. La disminución eficiente de tales costes es, por ello, requisito necesario para que pueda expandirse. A ello contribuye el desarrollo de tecnologías físicas, jurídicas y organizativas. Este trabajo tiene por objeto el estudio de algunas de estas tecnologías jurídicas, especialmente en materia de derechos de propiedad sobre bienes inmuebles.
Para que la propiedad privada pueda cumplir su función eficientemente -estimular las inversiones a largo plazo y facilitar una asignación eficiente de recursos- se requiere una sofisticada ingeniería jurídica, pues en un entorno de contratación impersonal, como es el mercado, existe un inevitable trade off entre seguridad y liquidez de los derechos de propiedad, en el caso de que se mantenga la regla de reivindicabilidad ilimitada propia del Derecho común.
La superación del citado trade off requiere, por ello, la derogación de dicha regla, lo que caracteriza al Derecho de la seguridad del tráfico jurídico. Ello implica la abstracción causal inter tertios , la cual produce la inversión de las reglas de protección de los iura in rem propia del Derecho común.
Para que dicha inversión de las reglas de protección produzca el efecto deseado -la superación del trade off entre seguridad y liquidez de los derechos de propiedad-, son necesarios, sin embargo, requisitos adicionales. En el caso de los bienes muebles, basta con la atribución a la posesión de buena fe de una función legitimadora. En el caso de los bienes inmuebles, sin embargo, debido a sus especiales características, ello no es posible. Se requiere la intervención directa del Estado en el sistema transmisivo, es decir, una intervención no solo normativa -derogación de la regla de reivindicabilidad ilimitada- sino, también, institucional, mediante la introducción del Registro de derechos, el cual implica la publificación del sistema de transmisión de los derechos de propiedad sobre bienes inmuebles.
El Derecho de la seguridad del tráfico jurídico, instrumentado en el ámbito inmobiliario mediante el Registro de derechos, consigue así superar el inevitable trade off entre seguridad y liquidez en un entorno de contratación impersonal gobernado por las reglas del Derecho común. En otros términos, consigue que los derechos sean, al propio tiempo, más líquidos y más seguros -y, por lo tanto, más valiosos- que en el Derecho Común.

Se analizan con todo lujo de detalles los pasos a seguir desde que alguien decide la constitución de una fundación hasta que su idea queda materializada en la creación de una nueva persona jurídica plenamente operativa. Tras aclarar la regulación aplicable, el autor repasa las fases por las que atraviesa la creación de una fundación, y todas sus vicisitudes: naturaleza, forma, capacidad, contenido necesario, efectos, problemas de la fundación pendiente de inscripción, etc. Todo ello adaptado a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre de Fundaciones, al recientemente aprobado, Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal y a la más reciente normativa autonómica sobre la materia. Se incluye además como anexo un modelo de estatutos adaptado a la Ley 50/2002 y a su Reglamento, que puede resultar muy útil como referencia, tanto para la constitución de nuevas fundaciones, como para la adaptación a la Ley de las constituidas con carácter previo a su aprobación.