Las diversas aportaciones reunidas en este volumen se ocupan de dos manifestaciones de la violencia, sobre las mujeres en sus relaciones de pareja y sobre los hijos menores de edad. El hecho de que ambos tipos de violencia se inscriban en la esfera privada y, más precisamente, en el ámbito de la familia, no cancela la caracterización propia de cada uno de ellos. En otras palabras, nos encontramos ante dos tipos distintos de violencia, fruto de configuraciones relacionales y sociales diferentes que, sin embargo, a menudo convergen en un mismo ámbito espacial e involucran a los mismos actores. Tanto la violencia sobre los menores de edad como la violencia de género son temas de actualidad, presentes en la agenda política y legislativa nacional. Aunque se trata de temas que han sido objeto de atención por la legislación, la jurisprudencia y la academia, creemos que hace falta un enfoque de la cuestión que proponga un tratamiento integrado de los problemas en cuestión. El objetivo de esta obra es contribuir con un tratamiento interdisciplinar de la violencia dentro de la familia, poniendo la luz en las complejas relaciones que los entornos de violencia desencadenan entre cónyuges, padres, madres, hijos e hijas. La complejidad de tales relaciones requiere cada vez más que la violencia dentro de la familia sea tratada por el Derecho atendiendo a todas las aristas que se presentan: de Derecho público y privado, civiles, penales, procesales, constitucionales, internacionales, laborales…

El régimen de determinación e impugnación de la filiación establecido por la Ley 11/1981, de 11 de mayo, ha experimentado en sus más de 20 de años de vigencia profundas mutaciones debido a su entendimiento por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, alejado totalmente de la letra de la ley, y a las distintas declaraciones de inconstitucionalidad sufridas por los artículos más importantes del sistema de acciones de filiación (el 133 y el 136). Los tribunales y Encargados del Registro Civil han debido resolver problemas sin expresa previsión legal, derivados de la profunda evolución de las costumbres familiares. En esta obra se pretende exponer las razones que hacen imprescindible una reforma legal del sistema de filiación común (de momento sólo nos consta un anteproyecto) y analizar los casos reales más frecuentes sobre determinación de la maternidad, determinación extrajudicial de la paternidad, matrimonial y no matrimonial, determinación judicial de la paternidad e impugnación de la paternidad, con particular atención también a la prueba de la filiación en los procesos de filiación y a la protección del interés del menor. La vertiente registral de la determinación de la filiación va a sufrir modificaciones tras la entrada en vigor de la Ley del Registro Civil de 2011, por lo que su análisis, tomando en consideración el proyecto de reforma presentado a las Cortes en 2014, resulta especialmente oportuno. Los temas que merecen atención particular son los más actuales o los que han necesitado de decisión registral o judicial. Así, la determinación de la filiación materna, tanto de la madre natural como de la esposa de ésta que consiente su reproducción asistida (art. 7.3 de la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida y jurisprudencia favorable a que tal maternidad legal pueda determinarse por sentencia judicial). En cuanto a la determinación extrajudicial de la paternidad, con mucha frecuencia los Encargados del Registro deben enfrentarse a pretensiones de determinación de la filiación no matrimonial del hijo de mujer casada y a los reconocimientos de paternidad cuya veracidad es dudosa. Las novedades que introduce la Ley del Registro Civil en relación con los títulos de determinación extrajudicial de la filiación se estudian con cierto detenimiento. La determinación judicial de la paternidad no matrimonial es, probablemente, el tema sobre el que más pronunciamientos judiciales encontramos, y en particular la cuestión sobre la legitimación activa del progenitor no matrimonial. Se estudia, pues, fundamentalmente la declaración de inconstitucionalidad del artículo 133 del Código civil, y la jurisprudencia uniforme sobre tal legitimación. La impugnación de la paternidad presumida del marido, y en concreto el plazo de caducidad al que el marido está sometido, ha sido objeto también de una relectura por el Tribunal Supremo, primero, y después por el Tribunal Constitucional, al declarar inconstitucional el artículo 136 del Código civil. Sobre la impugnación de los llamados reconocimientos de complacencia hay una reciente jurisprudencia favorable a que el reconocedor esté legitimado activamente, jurisprudencia muy discutible que se critica en la obra. El tema de la prueba de la filiación, en el proceso, ha planteado problemas muy interesantes, que organizo en tres apartados: la necesidad de aportar un principio de prueba de los hechos en que se funda la demanda, la realización de pruebas biológicas (en particular cuando es necesario exhumar el cadáver de una persona), el valor de la negativa a someterse a tales pruebas, y la incidencia en el proceso de la alegación de la exceptio plurium concubentium. Por último, la protección del interés del menor en los procesos de filiación se ha pretendido conseguir, en algunas sentencias, a través del nombramiento de un defensor judicial, solución que no comparto.

El régimen de determinación e impugnación de la filiación establecido por la Ley 11/1981, de 11 de mayo, ha experimentado en sus más de 20 de años de vigencia profundas mutaciones debido a su entendimiento por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, alejado totalmente de la letra de la ley, y a las distintas declaraciones de inconstitucionalidad sufridas por los artículos más importantes del sistema de acciones de filiación (el 133 y el 136). Los tribunales y Encargados del Registro Civil han debido resolver problemas sin expresa previsión legal, derivados de la profunda evolución de las costumbres familiares. En esta obra se pretende exponer las razones que hacen imprescindible una reforma legal del sistema de filiación común (de momento sólo nos consta un anteproyecto) y analizar los casos reales más frecuentes sobre determinación de la maternidad, determinación extrajudicial de la paternidad, matrimonial y no matrimonial, determinación judicial de la paternidad e impugnación de la paternidad, con particular atención también a la prueba de la filiación en los procesos de filiación y a la protección del interés del menor. La vertiente registral de la determinación de la filiación va a sufrir modificaciones tras la entrada en vigor de la Ley del Registro Civil de 2011, por lo que su análisis, tomando en consideración el proyecto de reforma presentado a las Cortes en 2014, resulta especialmente oportuno. Los temas que merecen atención particular son los más actuales o los que han necesitado de decisión registral o judicial. Así, la determinación de la filiación materna, tanto de la madre natural como de la esposa de ésta que consiente su reproducción asistida (art. 7.3 de la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida y jurisprudencia favorable a que tal maternidad legal pueda determinarse por sentencia judicial). En cuanto a la determinación extrajudicial de la paternidad, con mucha frecuencia los Encargados del Registro deben enfrentarse a pretensiones de determinación de la filiación no matrimonial del hijo de mujer casada y a los reconocimientos de paternidad cuya veracidad es dudosa. Las novedades que introduce la Ley del Registro Civil en relación con los títulos de determinación extrajudicial de la filiación se estudian con cierto detenimiento. La determinación judicial de la paternidad no matrimonial es, probablemente, el tema sobre el que más pronunciamientos judiciales encontramos, y en particular la cuestión sobre la legitimación activa del progenitor no matrimonial. Se estudia, pues, fundamentalmente la declaración de inconstitucionalidad del artículo 133 del Código civil, y la jurisprudencia uniforme sobre tal legitimación. La impugnación de la paternidad presumida del marido, y en concreto el plazo de caducidad al que el marido está sometido, ha sido objeto también de una relectura por el Tribunal Supremo, primero, y después por el Tribunal Constitucional, al declarar inconstitucional el artículo 136 del Código civil. Sobre la impugnación de los llamados reconocimientos de complacencia hay una reciente jurisprudencia favorable a que el reconocedor esté legitimado activamente, jurisprudencia muy discutible que se critica en la obra. El tema de la prueba de la filiación, en el proceso, ha planteado problemas muy interesantes, que organizo en tres apartados: la necesidad de aportar un principio de prueba de los hechos en que se funda la demanda, la realización de pruebas biológicas (en particular cuando es necesario exhumar el cadáver de una persona), el valor de la negativa a someterse a tales pruebas, y la incidencia en el proceso de la alegación de la exceptio plurium concubentium. Por último, la protección del interés del menor en los procesos de filiación se ha pretendido conseguir, en algunas sentencias, a través del nombramiento de un defensor judicial, solución que no comparto.

El régimen de determinación e impugnación de la filiación establecido por la Ley 11/1981, de 11 de mayo, ha experimentado en sus más de 20 de años de vigencia profundas mutaciones debido a su entendimiento por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, alejado totalmente de la letra de la ley, y a las distintas declaraciones de inconstitucionalidad sufridas por los artículos más importantes del sistema de acciones de filiación (el 133 y el 136). Los tribunales y Encargados del Registro Civil han debido resolver problemas sin expresa previsión legal, derivados de la profunda evolución de las costumbres familiares. En esta obra se pretende exponer las razones que hacen imprescindible una reforma legal del sistema de filiación común (de momento sólo nos consta un anteproyecto) y analizar los casos reales más frecuentes sobre determinación de la maternidad, determinación extrajudicial de la paternidad, matrimonial y no matrimonial, determinación judicial de la paternidad e impugnación de la paternidad, con particular atención también a la prueba de la filiación en los procesos de filiación y a la protección del interés del menor. La vertiente registral de la determinación de la filiación va a sufrir modificaciones tras la entrada en vigor de la Ley del Registro Civil de 2011, por lo que su análisis, tomando en consideración el proyecto de reforma presentado a las Cortes en 2014, resulta especialmente oportuno. Los temas que merecen atención particular son los más actuales o los que han necesitado de decisión registral o judicial. Así, la determinación de la filiación materna, tanto de la madre natural como de la esposa de ésta que consiente su reproducción asistida (art. 7.3 de la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida y jurisprudencia favorable a que tal maternidad legal pueda determinarse por sentencia judicial). En cuanto a la determinación extrajudicial de la paternidad, con mucha frecuencia los Encargados del Registro deben enfrentarse a pretensiones de determinación de la filiación no matrimonial del hijo de mujer casada y a los reconocimientos de paternidad cuya veracidad es dudosa. Las novedades que introduce la Ley del Registro Civil en relación con los títulos de determinación extrajudicial de la filiación se estudian con cierto detenimiento. La determinación judicial de la paternidad no matrimonial es, probablemente, el tema sobre el que más pronunciamientos judiciales encontramos, y en particular la cuestión sobre la legitimación activa del progenitor no matrimonial. Se estudia, pues, fundamentalmente la declaración de inconstitucionalidad del artículo 133 del Código civil, y la jurisprudencia uniforme sobre tal legitimación. La impugnación de la paternidad presumida del marido, y en concreto el plazo de caducidad al que el marido está sometido, ha sido objeto también de una relectura por el Tribunal Supremo, primero, y después por el Tribunal Constitucional, al declarar inconstitucional el artículo 136 del Código civil. Sobre la impugnación de los llamados reconocimientos de complacencia hay una reciente jurisprudencia favorable a que el reconocedor esté legitimado activamente, jurisprudencia muy discutible que se critica en la obra. El tema de la prueba de la filiación, en el proceso, ha planteado problemas muy interesantes, que organizo en tres apartados: la necesidad de aportar un principio de prueba de los hechos en que se funda la demanda, la realización de pruebas biológicas (en particular cuando es necesario exhumar el cadáver de una persona), el valor de la negativa a someterse a tales pruebas, y la incidencia en el proceso de la alegación de la exceptio plurium concubentium. Por último, la protección del interés del menor en los procesos de filiación se ha pretendido conseguir, en algunas sentencias, a través del nombramiento de un defensor judicial, solución que no comparto.

Se analizan en la obra las tres situaciones conflictivas que pueden afectar a las personas o entidades que financian las compras a plazos de bienes muebles (ya sean los propios vendedores o los que prestan el dinero a éstos o al comprador). La primera, el incumplimiento de la obligación de pago por el comprador, que les faculta para iniciar el procedimiento específico del artículo 16.2 LVPBM. La segunda, el embargo del bien vendido a instancia de otros acreedores del comprador, frente al que tienen que interponer la correspondiente tercería apoyada en la reserva de dominio pactada. De particular interés es el caso de los que financian al comprador, que han visto recientemente desestimada por el Tribunal Supremo su pretensión de oponer una tercería de dominio. La tercera, la situación de insolvencia del comprador generadora de un concurso de acreedores, en el que los acreedores con reserva de dominio o prohibición de disponer tienen asignado un peculiar régimen jurídico. Siguiendo este hilo conductor aparecen tradicionales problemas sobre las compraventas a plazos con reserva de dominio, como su distinción de los arrendamientos financieros con opción de compra, la oponibilidad de reservas de dominio no inscritas o la naturaleza de la garantía.

1ª edición.