El ejercicio de la abogacía con arreglo a los principios y normas de deontología profesional del abogado constituye no sólo un derecho y un deber de los abogados, sino también una garantía esencial para el derecho de defensa y la función de los abogados como colaboradores de la Administración de Justicia. La excelencia ética es también un valor, un activo económico del mercado de servicios de la abogacía y un pilar esencial del Estado de Derecho. No puede haber Estado de Derecho sin una abogacía libre, independiente y excelente éticamente. El objetivo de esta publicación es examinar los principios y normas que rigen la excelencia ética, la deontología profesional, teniendo en cuenta, además, dos elementos nuevos que se añaden a la misma, como son el uso de nuevas tecnologías y la globalización que va imponiendo modelos comparativos de uso y aplicación del derecho. Este libro no es un manual de deontología profesional, sino un estudio de las cuestiones más relevantes en esta materia que se plantean en un mundo global y globalizado, y donde la regulación deontológica es, cada vez, más susceptible de ser comparada y permite extraer de ese ejercicio comparativo, principios y bases que trascienden al derecho nacional. Para ello se aborda el estudio de los principios y normas deontológicas de la abogacía en su dimensión nacional e internacional, considerando tanto el Código Deontológico de la Abogacía Española de 2002 como el reciente Código Deontológico de la Abogacía Española de 2019, y examinando las principales cuestiones atinentes a honorarios profesionales, secreto profesional del abogado externo e interno, el abogado como control de cumplimiento, el régimen de la publicidad, conflictos de intereses, ejercicio de la abogacía ante jueces y tribunales y aspectos éticos del abogado sujeto a relación laboral especial, y aspectos societarios. Se incluye también un estudio de las normas éticas que rigen el ejercicio público de la Abogacía, así como de deontología comparada, y análisis de la jurisprudencia esencial sobre deontología profesional. Finaliza el libro con dos capítulos dedicados a las nuevas tecnologías y su impacto en el ejercicio de la abogacía, así como a la cada vez más importante responsabilidad social del abogado.

Bajo el título Las loyalty shares: cortoplacismo contra activismo accionarial se abordan todo un conjunto de problemas, complejos, enmarcados en el ámbito del Gobierno corporativo y a los que las loyalty shares pretenden responder. Algunos ordenamientos de nuestro entorno, como el francés o el italiano, las han introducido recientemente con la idea de favorecer la permanencia de los accionistas en la sociedad y su involucración, al mismo tiempo que sirven de freno al desarrollo de estrategias cortoplacistas. En cuanto mecanismo de control reforzado, las loyalty shares implican una ruptura del principio de proporcionalidad y, en consecuencia, ese es el marco en el que comenzamos el análisis. Pero, además, cualquier decisión por la que se quiera optar requiere un estudio previo del instrumento, así como de las ventajas y desventajas que se perciben de su utilización; dicho estudio ha de servir, en último término, para valorar su idoneidad o no para atender a los problemas señalados. Pero cualquier solución pasa por un análisis previo de la composición o estructura demográfica de las sociedades de capital que nos permita atender y entender los objetivos que persigue cada uno de los grupos que la integran, así como las estrategias que desarrollan. Y es que se constata que el cortoplacismo que parece imperar en los mercados resulta coincidente en el tiempo con el desarrollo y expansión de algunos inversores institucionales, en particular, de los denominados hedge funds, hasta el punto de que se les ha considerado culpables de dicho cortoplacismo. Es preciso, pues, que las soluciones que se propongan atiendan a los efectos negativos que las loyalty shares pueden generar en función de la demografía accionarial de las sociedades. Y todo ello lleva a que se esté poniendo el acento en el concepto de "activismo responsable", planteamiento que es el que subyace en la Directiva (UE) 2017/828 del Parlamento y del Consejo, de 17 de mayo.

La Ley concursal no es ni puede ser ajena a la presencia de la Administración Pública en el Concurso. Sin embargo, los problemas que derivan de las particulares relaciones e intereses que entran en juego cuando se presenta el elemento público no son tratados con la amplitud y cuidado que sería deseable y la regulación se revela inadecuada e insuficiente y más en un contexto de crisis como el actual. Por un lado, aún cuando el legislador de 2003 pretendió reducir los privilegios de la Administración en el marco del procedimiento concursal, las últimas reformas (2014) no han venido sino a reforzarlos. Por otro lado, la realidad ha puesto de relieve el uso y abuso de personificaciones instrumentales para, al amparo de una pretendida flexibilización de la acción administrativa, actuar en régimen de derecho privado huyendo del Derecho Administrativo. El principal problema radica en que la excepción al sometimiento a un procedimiento concursal de determinadas personificaciones que contiene el artículo 1.3 LC no se corresponde con una clasificación ni propia de la normativa administrativa ni aceptable desde muchos puntos de vista. En definitiva, se hace preciso reformular ese precepto y hacer un nuevo replanteamiento sobre la base del análisis de otras experiencias como la alemana o la norteamericana. A ello se dedica la primera parte del estudio. Desde el punto de vista de los efectos de la declaración de concurso sobre los contratos, se constatan numerosas descoordinaciones entre la normativa pública y la normativa privada necesitadas de una interpretación correctora no exenta de dificultades como consecuencia de las lagunas existentes y de las sucesivas reformas concursales que se han producido en los últimos tiempos mediante Real Decreto Ley. Del mantenimiento de los contratos o no una vez declarado el concurso depende la continuidad o no de los empresarios en el mercado. Especialmente complejo resulta en este sentido el concurso de las sociedades concesionarias de obras públicas, por dos motivos: en primer lugar, por las razones que han llevado a esas sociedades a una situación de insolvencia y, por otro, las técnicas de financiación -viejas y nuevas- a las que recurren y por sus eventuales privilegios.

Estos Casos y Materiales responden al nuevo modo de impartir las asignaturas de Derecho que exigen los actuales planes universitarios. En este libro se toman en consideración los problemas que suscita el Derecho Mercantil con una visión esencialmente práctica. Los Casos y Materiales son un complemento de los Principios de Derecho Mercantil y de las Instituciones de Derecho Mercantil (también editados por Aranzadi). Los capítulos de los Casos y Materiales comienzan con la exposición de la normativa aplicable en cada capítulo, resumen a continuación la jurisprudencia más destacada y la doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado y terminan con casos prácticos variados que los estudiantes habrán de resolver.

Estos Casos y Materiales responden al nuevo modo de impartir las asignaturas de Derecho que exigen los actuales planes universitarios. En este libro se toman en consideración los problemas que suscita el Derecho Mercantil con una visión esencialmente práctica. Los Casos y Materiales son un complemento de los Principios de Derecho Mercantil y de las Instituciones de Derecho Mercantil (también editados por Aranzadi). Los capítulos de los Casos y Materiales comienzan con la exposición de la normativa aplicable en cada capítulo, resumen a continuación la jurisprudencia más destacada y la doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado y terminan con casos prácticos variados que los estudiantes habrán de resolver.