El presente tomo de los Principios de Derecho civil del profesor Lasarte afronta la exposición de las diversas figuras contractuales características del Derecho civil que, como es sabido, han constituido el punto de partida de la disciplina de la contratación en otros sectores del Derecho. Previamente, desarrolla la llamada teoría general del contrato, quintaesencia de la problemática contractual, según la enseñanza clásica en la materia. La anterior edición 22.ª, que vio la letra impresa a comienzos del otoño de 2021, acomodaba el íntegro contenido de este manual a la entrada en vigor de la Ley 8/2021, de 2 de junio o LAPCD (publicada en BOE del 3 de junio de 2021 y con entrada en vigor el día 3 de septiembre del mismo año). Manteniendo la arquitectura exigida por una reforma de tal calado normativo, es evidente que dicha reforma legislativa sigue exigiendo su exposición y explicación en este manual universitario en buena parte de sus capítulos, dado que realmente la aplicación efectiva de dicha Ley por los tribunales de justicia, como ocurre siempre en el mundo del Derecho positivo, no pudo ser inmediata, sino que requirió bastantes meses? razón por la que, ahora, debemos resaltar que la presente edición actualiza su contenido atendiendo, de manera concreta, a las resoluciones jurisprudenciales del Tribunal Supremo y de las Audiencias Provinciales sobre el contenido normativo concreto de la reiterada Ley 8/2021 o LAPCD. De otro lado, es evidente que la publicación de dicha Ley en absoluto puede interpretarse como una congelación normativa en la materia, como lo acredita claramente que la presente edición, a su vez, ha debido ser actualizada conforme a las últimas novedades legislativas ya resaltadas en la faja; así como atendiendo a los nuevos desarrollos doctrinales y jurisprudenciales relativos a la Ley 8/2021, lo que ha requerido revisar y exponer igualmente las resoluciones jurisprudenciales de TS y AAPP relativas a los apoyos debidos a las personas con discapacidad.

El presente tomo de los Principios de Derecho civil del profesor Lasarte afronta la exposición de las diversas figuras contractuales características del Derecho civil que, como es sabido, han constituido el punto de partida de la disciplina de la contratación en otros sectores del Derecho. Previamente, desarrolla la llamada teoría general del contrato, quintaesencia de la problemática contractual, según la enseñanza clásica en la materia. La redacción de esta edición ha venido impuesta por la publicación de la Ley 8/2021, de 2 de junio, publicada en el BOE del siguiente día y con entrada en vigor el día 3 de septiembre de 2021, pues afecta a numerosos pasajes y replantea muchas cuestiones de las consideradas en este tomo de Contratos. Así, la Ley 8/2021 ha modificado varios artículos del CC en materia de contrato de depósito y en otras sedes normativas. Ha tenido también amplia repercusión en el contenido de este tomo el Real Decreto-Ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler (BOE de 5 de marzo, con vigencia declarada desde el siguiente día), cuya DT 1.ª ordena, sin embargo, que los contratos de arrendamiento, celebrados con anterioridad a su entrada en vigor, seguirán sujetos a la normativa que les resulte aplicable hasta que se produzca su extinción. En relación con el Texto refundido de la ley sobre las sociedades de capital, debe atenderse a la DF 4.ª de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que modifica el Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo. Respecto de la jurisprudencia, se incorporan, entre otras, en materia de cláusulas abusivas las SSTS 589/2020, de 11 de noviembre; 581/2020 y 580/2020, de 5 de noviembre; así como la 675/2020, de 15 diciembre, sobre cláusula suelo; 585/2020, de 22 de octubre, sobre IRPF en préstamo hipotecario; y 550/2020, de 22 de octubre, y 3/2020, de 8 de enero, sobre vencimiento anticipado. Entre las Resoluciones de la DGSJYFP, la de 15 de enero de 2021 admite expresamente que las partes, atendido el art. 1255 CC, pueden pactar la exclusión de la facultad moderadora de la autoridad judicial; y la de 27 de marzo de 2019, sobre donación de la nuda propiedad de un bien, con prohibición de disponer y reservándose el donante un derecho de reversión omnímodo, concluye que, vista la reserva de la facultad de revocación ad nutum por parte del donante, tal configuración convierte la figura en una donación mortis causa.

En este libro se estudia la inserción, en nuestra frágil Justicia pandémica, de nuevas herramientas procesales, auténticos inhibidores de la litigiosidad, dinamizadores de la resolución frente a la discordia y restauradores de la paz social.

En este trabajo monográfico, se destina un primer capítulo al estudio de la Jurisdicción - única-, con detenido análisis de su concepto, naturaleza, fundamento, extensión y límites, así como del referido, de modo transversal, a todos y cada uno de sus afluentes o modalidades, para concluir con un breve análisis de la competencia. La segunda parte - y acaso, la más relevante, se destina a la disquisición actual entre las dos ramificaciones esenciales de una misma modalidad jurisdiccional - la Jurisdicción civil - con sus variables “voluntaria” y “contenciosa”. La tercera parte de este estudio corresponde a la Jurisdicción penal, si bien su enfoque ha quedado muy condicionado por la pandemia, pues la conflictividad derivada de esta modalidad jurisdiccional, pese a no ser la más cuantitativa durante el confinamiento - con la excepción de los ciber-delitos y la violencia de género-, ha sido, sin embargo, en la que más apremiantemente se ha detectado la brecha digital y la urgente necesidad de la reforma, no sólo con una redistribución organizativa y de optimización de recursos, sino - fundamentalmente- con una modificación estructural, global y vertebradora, precisada de inminente reforma. En esta Jurisdicción es, pues, precisamente, dónde se espera, una vez superada la pandemia COVID-19, la gran transformación - y revolución- de nuestros procesos penales. De ahí que dediquemos un breve capítulo a analizar las más relevantes medidas propuestas - entendiendo por tales, fundamentalmente, las que llegan para quedarse - tanto en el plano organizativo y de gestión procesal, como en el plano procedimental. En este capítulo, además, se acometerá un breve análisis de esas zonas de confluencia de modalidades jurisdiccionales, cuya asunción y gestión, lejos de agilizar, simplificar y abaratar nuestra Justicia, contribuyen a ralentizarla, obstaculizarla, dilatarla e, incluso, encarnizarla, como consecuencia de las duplicidades, ocasionalmente triplicidades procedimentales establecidas en nuestra vigente legislación procesal. En la materia de la Jurisdicción contencioso-administrativa más afectada por la crisis sanitaria, recrudecida con otra económica, que es - no cabe duda- la tributaria, y de cuya eficaz persecución, saneamiento y pacificación, ahí dónde hubiere un incumplimiento o un conflicto, depende la reconstrucción de nuestro país, contamos con una legislación excesivamente amplia, cambiante y poco depurada, así como con un procedimiento dual - ante la propia Administración y, tan solo, posteriormente, ante la Jurisdicción - carente de la más elemental dualidad de partes. De ahí que se dedique un capítulo específico, el último, al estudio, en primer término, de esta Jurisdicción, la contencioso-tributaria, con una inicial disertación a propósito de si esta especialidad tributaria debiera o no escindirse de su tronco común, el contencioso-administrativo, para, inmediatamente después acometer un estudio - con propuestas concretas de urgente modificación - sobre el procedimiento contencioso-tributario, desde la primera instancia hasta la novedosa casación por unificación de doctrina. Y a las diversas propuestas estructurales estudiadas en estos dos bloques temáticos, se adiciona un tercer bloque, destinado específicamente a la desjudicialización de algunos conflictos tributarios, merced a su posible derivación a mecanismos intra o extrajudiciales tan diversos como el fomento y potenciación la conformidad, la conciliación, la mediación e, incluso, el arbitraje.

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En esta monografía se ofrece una panorámica general de los conflictos familiares y sucesorios contenciosos más trascendentes: los procesos sobre la capacidad de las personas: incapacitación, reintegración de la capacidad, prodigalidad e internamiento involuntario por razón de trastorno físico; procesos matrimoniales y de menores: nulidad, separación y divorcio; procesos de restitución o retorno en los supuestos de sustracción internacional; procesos de división judicial de patrimonios: división de la herencia, intervención y administración del caudal hereditario. Sin perjuicio de la detallada exposición del procedimiento establecido, en nuestra vigente normativa sustantiva y procesal, para la resolución de cada uno de estos relevantes conflictos familiares y de división de patrimonios, la autora analiza, caso por caso, qué concretos procesos debieran ser reconducidos a la Jurisdicción voluntaria, con análisis de cuál debiera ser, en cada caso, el operador jurídico o profesional del Derecho llamado a solventarlos, así como de las particularidades, peculiaridades o especialidades de sus específicos procedimientos.

En esta monografía se ofrece una panorámica general de los conflictos familiares y sucesorios contenciosos más trascendentes: los procesos sobre la capacidad de las personas: incapacitación, reintegración de la capacidad, prodigalidad e internamiento involuntario por razón de trastorno físico; procesos matrimoniales y de menores: nulidad, separación y divorcio; procesos de restitución o retorno en los supuestos de sustracción internacional; procesos de división judicial de patrimonios: división de la herencia, intervención y administración del caudal hereditario. Sin perjuicio de la detallada exposición del procedimiento establecido, en nuestra vigente normativa sustantiva y procesal, para la resolución de cada uno de estos relevantes conflictos familiares y de división de patrimonios, la autora analiza, caso por caso, qué concretos procesos debieran ser reconducidos a la Jurisdicción voluntaria, con análisis de cuál debiera ser, en cada caso, el operador jurídico o profesional del Derecho llamado a solventarlos, así como de las particularidades, peculiaridades o especialidades de sus específicos procedimientos.

La acción surge necesariamente como consecuencia de la preexistencia de una relación jurídico-material. La relación jurídico-material, de la que participan dos o más sujetos, está compuesta, por un número indeterminado de acciones, desde una compraventa hasta de su relación? El derecho de acción es el derecho a la Justicia, que se instrumenta, sin por ello agotarse en su seno, a través de derecho al proceso, en tanto, éste último, que derecho subjetivo de naturaleza procesal que aspira a la obtención de sentencias justas, a ser posible de fondo y, en todo caso, motivadas, congruentes y estables. El objeto del proceso viene integrado por la pretensión. La pretensión no es un derecho sino una mera ?petición?, efectuada ante el órgano judicial, ya sea desde el lado activo (pretensiones declarativas, constitutivas y de condena), ya desde el pasivo (pretensión de absolución) con vistas a que ésta responda, por el ?cauce? o ?vía? del proceso, de manera motivada congruente y estable?