El despido colectivo y los mecanismos de ajuste -suspensión y reducción temporal de jornada-, están de plena actualidad. Desde el 2013 a la fecha, hemos asistido a dos crisis pero que han sido abordadas desde una muy diferente perspectiva. La regulación derivada del COVID-19, que se expone con detalle en el último capítulo de este libro, contrasta significativamente con el sentido y espíritu de la reforma del 2012. En la segunda edición de esta obra, se introduce una jurisprudencia que ha cambiado de forma radical muchos aspectos de la reforma del 2012, ajustándolos a través de una interpretación en muchos casos discutible pero siempre de gran importancia. En pocos campos del Derecho del Trabajo, la jurisprudencia europea y nacional ha alcanzado tanta importancia como en esta materia, determinando conceptos básicos, restringiendo o ampliando los términos normativos, redibujando el sentido de nuestro sistema jurídico y de los mecanismos que éste contiene. Pero, no sólo la doctrina judicial ha aportado significativos cambios. y si los textos ejes del despido colectivo, la suspensión y la reducción temporal de jornada, siguen siendo en su contenido basicamente los mismos; no es menos cierto que sobre ellos han operado multitud de cambios que han afectado de una forma relevante el sentido de la norma. Junto a ello, en ámbitos como el concursal se han aprobado nuevas normas que dibujan un escenario legal distinto. Todo ello es contemplado con detalle en esta segunda edición. Con esta obra, en suma, podemos contemplar, con la distancia que da el paso de casi una década, una regulación clave y siempre de actualidad en el ámbito socio económico de este país. La extensión del análisis, el importante peso de la doctrina judicial, y la deconstrucción de la norma, ayudan al lector a moverse en un ámbito complejo pero imprescindible para cualquiera que quiera entender la realidad del Derecho Social en España.

El conflicto entre el trabajo autónomo y el trabajo asalariado ha sido una constante en la evolución de esas figuras. Fundamentalmente, el trabajo autónomo o por cuenta propia se define en contraposición al trabajo por cuenta ajena. Ello ha derivado en un volumen ingente de resoluciones judiciales en nuestro país, al igual que en otros de nuestro entorno, en las cuales se analiza de forma individualizada cada supuesto para dar una solución al litigio planteado, aplicando la criticada pero útil teorización de los indicios como instrumento de averiguación de la concurrencia de las clásicas notas de dependencia y ajenidad adaptadas en su interpretación al momento actual. Sobre este panorama, se plantea una realidad de revalorización del trabajo por cuenta propia acompañada de un enjuiciamiento crítico de las nociones que han venido caracterizando el ámbito subjetivo del Derecho del Trabajo, concluyendo en un intenso debate doctrinal derivado de los nuevos modelos de organización del trabajo. El TRADE, figura hibrida o mera categoría de trabajo autónomo, según la visión que se tome en consideración., se analiza y expone en sus facetas de confección normativa, doctrinal y jurisprudencial. En esta obra, junto a los aspectos anteriores, se sacan a la luz y analizan con detalle las posiciones y propuestas alrededor del trabajo en las plataformas digitales, así como la doctrina judicial existente a la fecha. Nunca hasta ahora el debate entre el binomio autónomo/asalariado había alcanzado un nivel tal de repercusión mediática, propio de los fuertes intereses en juego. A través de la lectura del texto, entendemos el sentido de las diversas posiciones y el reto que supone su solución para el propio sentido y concepto del Derecho del Trabajo: su vuelta a su valor inicial como instrumento de reequilibrio entre empresario y trabajador o su difuminación por la expulsión de su ámbito de un colectivo cada vez más importante de trabajadores.

Pocos asuntos han sido tan debatidos, en sus dos facetas práctica y doctrinal, como el de los efectos de la imprudencia del trabajador accidentado en la responsabilidad del deudor de seguridad -empresario, encargados, técnicos y profesionales, etc.-. Las respuestas doctrinales han sido muy diversas y las posiciones al respecto antagónicas. En el ámbito judicial, nos encontramos con un panorama no muy distinto, plagado de resoluciones contradictorias. Todo ello sitúa al operador jurídico y al ciudadano ante un panorama confuso y cambiante Los cambios legislativos o jurisprudenciales producidos desde la primera edición de esta monografía no han abierto una vía de solución que clarifique nuestra realidad jurídica. En esta segunda edición, se aportan más de 300 nuevas sentencias, desde los juzgados de lo Social, Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia al Tribunal Supremo, con la intención de acercarnos lo más posible al derecho “vivo”. La realidad se nos aparece como múltiple y tremendamente rica a pesar de los intentos de legislador de unificación -atribución al orden social de la competencia sobre las sanciones administrativas laborales-, surgiendo nuevos problemas y matices propios de un sistema en continua y constante evolución que no acaba de encontrar con la clave que lo estabilice. El autor nos acerca al detalle, pero también consigue darnos una visión completa y totalizadora de los efectos de la imprudencia del trabajador en la responsabilidad empresarial en nuestro ordenamiento jurídico. En esta segunda edición, se sigue la metodología de la primera. Un estudio pormenorizado de la doctrina judicial, de sus diversas tendencias, líneas, posturas y matices con una exposición de casos y supuestos concretos que ayuden a aquél que se acerque al mismo a la comprensión y estudio de la materia. Igualmente, no faltan las propuestas teóricas y los comentarios críticos que convierten esta obra en mucho más que un mero compendio sistemático de jurisprudencia, en una obra de referencia en un ámbito siempre polémico.

La reforma del 2012 del despido colectivo y de las medidas de suspensión de contratos de trabajo y de reducción de jornada, ha supuesto un giro radical respecto a la regulación anterior. La Autoridad Laboral ha dejado de ser el órgano decisorio de los expedientes de regulación de empleo para pasar a desempeñar en el despido colectivo un papel de asesoramiento y control: se flexibilizan y amplían las causas motivadoras de las medidas de regulación de empleo; se restringen los motivos del control judicial, intentando obviar el enjuiciamiento de la razonabilidad de la medida decidida por el empresario. Los objetivos son claros: agilizar, simplificar el procedimiento; restringir el control posterior; abaratar el coste de los despidos colectivos. Sin embargo, no se pueden obviar otra serie de modificaciones de calado: la elevación del periodo de consultas a la posición de centro de gravedad del nuevo procedimiento; la exigencia de nuevas medidas sociales de acompañamiento, entre las que destaca el plan de recolocación externa, posicionando el interés del legislador en el mantenimiento del empleo; la exigencia de un importantísimo bagaje documental, lo que junto al casi insoslayable apoyo jurídico externo, determina la externalización de gran parte del procedimiento, incrementando su onerosidad. Todos estos aspectos, junto con otros muchos -criterios de designación, prioridad de permanencia, el informe de la Inspección de Trabajo, el despido colectivo en las Administraciones Públicas, las situaciones de concurso, el control judicial- son analizados de forma rigurosa y extensa en esta obra, acompañando la cita de las sentencias más relevantes y de la doctrina en sus más diversas opiniones contemplando las últimas modificaciones normativas entre las que destaca el RDL 11/2013, de 2 de agosto. La nueva regulación ofrece numerosos interrogantes, que en gran parte le serán solventados al lector, siempre desde un punto de vista práctico y claro, acorde con la experiencia del autor en el ámbito de las relaciones laborales y recursos humanos, ya como Inspector de Trabajo y Seguridad Social, Director de Recursos Humanos o docente. Todo ello con el fin de proporcionar una visión completa de una de las cuestiones más apasionantes del Derecho Social actual.

La reforma del 2012 del despido colectivo y de las medidas de suspensión de contratos de trabajo y de reducción de jornada, ha supuesto un giro radical respecto a la regulación anterior. La Autoridad Laboral ha dejado de ser el órgano decisorio de los expedientes de regulación de empleo para pasar a desempeñar en el despido colectivo un papel de asesoramiento y control: se flexibilizan y amplían las causas motivadoras de las medidas de regulación de empleo; se restringen los motivos del control judicial, intentando obviar el enjuiciamiento de la razonabilidad de la medida decidida por el empresario. Los objetivos son claros: agilizar, simplificar el procedimiento; restringir el control posterior; abaratar el coste de los despidos colectivos. Sin embargo, no se pueden obviar otra serie de modificaciones de calado: la elevación del periodo de consultas a la posición de centro de gravedad del nuevo procedimiento; la exigencia de nuevas medidas sociales de acompañamiento, entre las que destaca el plan de recolocación externa, posicionando el interés del legislador en el mantenimiento del empleo; la exigencia de un importantísimo bagaje documental, lo que junto al casi insoslayable apoyo jurídico externo, determina la externalización de gran parte del procedimiento, incrementando su onerosidad. Todos estos aspectos, junto con otros muchos -criterios de designación, prioridad de permanencia, el informe de la Inspección de Trabajo, el despido colectivo en las Administraciones Públicas, las situaciones de concurso, el control judicial- son analizados de forma rigurosa y extensa en esta obra, acompañando la cita de las sentencias más relevantes y de la doctrina en sus más diversas opiniones contemplando las últimas modificaciones normativas entre las que destaca el RDL 11/2013, de 2 de agosto. La nueva regulación ofrece numerosos interrogantes, que en gran parte le serán solventados al lector, siempre desde un punto de vista práctico y claro, acorde con la experiencia del autor en el ámbito de las relaciones laborales y recursos humanos, ya como Inspector de Trabajo y Seguridad Social, Director de Recursos Humanos o docente. Todo ello con el fin de proporcionar una visión completa de una de las cuestiones más apasionantes del Derecho Social actual.

La reforma del 2012 del despido colectivo y de las medidas de suspensión de contratos de trabajo y de reducción de jornada, ha supuesto un giro radical respecto a la regulación anterior. La Autoridad Laboral ha dejado de ser el órgano decisorio de los expedientes de regulación de empleo para pasar a desempeñar en el despido colectivo un papel de asesoramiento y control: se flexibilizan y amplían las causas motivadoras de las medidas de regulación de empleo; se restringen los motivos del control judicial, intentando obviar el enjuiciamiento de la razonabilidad de la medida decidida por el empresario. Los objetivos son claros: agilizar, simplificar el procedimiento; restringir el control posterior; abaratar el coste de los despidos colectivos. Sin embargo, no se pueden obviar otra serie de modificaciones de calado: la elevación del periodo de consultas a la posición de centro de gravedad del nuevo procedimiento; la exigencia de nuevas medidas sociales de acompañamiento, entre las que destaca el plan de recolocación externa, posicionando el interés del legislador en el mantenimiento del empleo; la exigencia de un importantísimo bagaje documental, lo que junto al casi insoslayable apoyo jurídico externo, determina la externalización de gran parte del procedimiento, incrementando su onerosidad. Todos estos aspectos, junto con otros muchos -criterios de designación, prioridad de permanencia, el informe de la Inspección de Trabajo, el despido colectivo en las Administraciones Públicas, las situaciones de concurso, el control judicial- son analizados de forma rigurosa y extensa en esta obra, acompañando la cita de las sentencias más relevantes y de la doctrina en sus más diversas opiniones contemplando las últimas modificaciones normativas entre las que destaca el RDL 11/2013, de 2 de agosto. La nueva regulación ofrece numerosos interrogantes, que en gran parte le serán solventados al lector, siempre desde un punto de vista práctico y claro, acorde con la experiencia del autor en el ámbito de las relaciones laborales y recursos humanos, ya como Inspector de Trabajo y Seguridad Social, Director de Recursos Humanos o docente. Todo ello con el fin de proporcionar una visión completa de una de las cuestiones más apasionantes del Derecho Social actual.

El expediente de regulación de empleo es un instrumento de gran tradición en nuestro país cuyo uso por las empresas es lamentablemente frecuente en situaciones particularizadas o generalizadas de crisis o cambio. Hoy vivimos una situación compleja, en la cual el expediente de regulación de empleo deja de ser el instrumento individualizado para resolver situaciones concretas de crisis o cambio para convertirse en protagonista de primera página en medios de comunicación social nacionales y regionales. A las dificultades sociales que causa un expediente de regulación de empleo -rápido empeoramiento de las relaciones laborales, perdida de confianza en la dirección de la empresa, daño a la imagen de la misma- se añaden otras puramente jurídico-técnicas que devienen de la peculiar regulación de la que se les dota en nuestro país. Así: - La esencia de la regulación está apoyada sobre una serie de conceptos jurídicos indeterminados, cuya definición substanciada en el caso concreto dificulta la posibilidad de la elaboración de una teorización general. Determinar si cada supuesto que motiva la solicitud de un expediente de regulación de empleo se acomoda o no a las causas enunciadas en la normativa vigente supone a veces la realización de una labor de interpretación compleja. - Inexistencia de claridad en relación a ciertas cuestiones básicas tales como las limitaciones a la potestad de selección de los trabajadores por la empresa. - La concurrencia del ERE con figuras o instituciones jurídicas controvertidas como el grupo de empresas o la sucesión - La existencia de una dualidad de órdenes jurisdiccionales, social y contencioso-administrativo, con competencias en la impugnación de las diversas cuestiones que suscita un ERE, y cuya delimitación no es ni mucho menos clara. - La existencia en numerosos aspectos de una jurisprudencia confusa y contradictoria. Este libro da respuesta a la inseguridad jurídica que pueda provocar un ERE, analizando la práctica, supuestos reales y aportando modelos y formularios.

Pocos asuntos han sido tan debatidos, en sus dos facetas práctica y doctrinal, como el de los efectos de la imprudencia del trabajador accidentado en la responsabilidad del deudor de seguridad -empresario, encargados, técnicos y profesionales etc.-. Las respuestas doctrinales han sido muy diversas y las posiciones al respecto antagónicas. En el ámbito judicial, nos encontramos con un panorama no muy distinto, plagado de resoluciones contradictorias. Todo ello sitúa al operador jurídico y al ciudadano ante un panorama confuso y cambiante. Por primera vez, a través de esta monografía, se desentraña de forma conjunta con una contundente aportación jurisprudencial y doctrinal, además de un estudio preciso, en el que no sobran los comentarios críticos, la realidad actual de la influencia de la negligencia del trabajador en todos los órdenes judiciales en los que juega esta figura -social, penal, civil y contencioso-administrativo- respecto a todas aquellas instituciones en las cuales se trae comúnmente a colación -accidente de trabajo, delitos y faltas contra la seguridad y salud de los trabajadores, indemnización por daños y perjuicios, recargo de prestaciones y sanción administrativa-. A fin de dotar de una mayor practicidad a la obra, las resoluciones judiciales son recogidas en gran parte con una síntesis del caso resuelto, lo que permite al lector utilizarlas para casos similares que le sean planteados. Con ello, no se trata tan sólo de situar al lector ante el estado actual de las cosas, sino también de llevarle más allá, proporcionándole los datos y argumentos necesarios para poder superar aquél, a fin de dotar a trabajadores, empresarios y operadores jurídicos de la seguridad que permita la natural adecuación de sus comportamientos a las exigencias de la legislación preventiva.