El desarrollo normativo producido por la pandemia ha girado en torno a medidas de flexibilidad interna, teniendo como objetivo estabilizar el empleo, evitar la destrucción de puestos de trabajo y la capacidad productiva del tejido empresarial. La obra realiza un estudio pormenorizado de la prórroga de las medidas adoptadas previstas en el art. 23 RDL 8/2020 y de las nuevas relativas a las suspensiones y reducciones de jornada por fuerza mayor y causas económicas, técnicas, organizativas y de producción vinculadas con el COVID-19, así como de las medidas extraordinarias vinculadas a las mismas en materia de protección por desempleo y cotizaciones.

El autor, máximo experto en la materia, actualiza de manera importante su obra adaptándola a las últimas resoluciones de Juzgados y Tribunales, y, en concreto, a la Sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de octubre de 2019, que ha declarado inconstitucional el impuesto, cuando sea confiscatorio, así como a las Sentencias del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 2020, sobre la declaración de nulidad de las liquidaciones firmes de plusvalía municipal. Por otro lado, realiza un exhaustivo análisis de la última jurisprudencia dictada sobre las distintas formas de acreditar, en cada caso, la inexistencia de incremento de valor del terreno, así como de la posibilidad de reclamar la devolución del impuesto basándose en errores en su valoración catastral.

Desde la declaración del estado de alarma en marzo de 2020, se han aprobado diversas normativas en el ámbito de los arrendamientos urbanos que han resultado insuficientes. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo entre el arrendador y el arrendatario, muchos acuden a los Tribunales alegando la situación imprevisible causada por la crisis COVID-19 y la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus, especialmente en los locales de negocio ante el cierre o recorte en su aforo. Así pues, presentamos un análisis exhaustivo de las sentencias sobre esta cuestión. Por un lado, aquellas que afectan concretamente a los contratos de arrendamientos, mostrando los primeros Autos de los Juzgados de 1.ª Instancia, admitiendo o no las medidas cautelares solicitadas. Por otro lado, las resoluciones referidas a otro tipo de contratos, en su gran mayoría del Tribunal Supremo, cuya argumentación resulta sumamente interesante para preparar y alegar motivos en la demanda.

El autor, máximo experto en la materia, actualiza de manera importante su obra adaptándola a las últimas resoluciones de Juzgados y Tribunales, y, en concreto, a la Sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de octubre de 2019, que ha declarado inconstitucional el impuesto, cuando sea confiscatorio, así como a las Sentencias del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 2020, sobre la declaración de nulidad de las liquidaciones firmes de plusvalía municipal. Por otro lado, realiza un exhaustivo análisis de la última jurisprudencia dictada sobre las distintas formas de acreditar, en cada caso, la inexistencia de incremento de valor del terreno, así como de la posibilidad de reclamar la devolución del impuesto basándose en errores en su valoración catastral.

La declaración del estado de alarma decretada por el Gobierno para hacer frente a la pandemia ha restringido los derechos básicos de los españoles, empezando por la libertad de circulación por el territorio nacional. Sin embargo, a los tres meses de decretarse, ya se habían producido 1,2 millones de propuestas de sanciones a ciudadanos por burlar las medidas del estado de alarma y 9.000 detenciones por ese mismo motivo. Con todo, el modelo sancionador elegido dista mucho de ser el adecuado en relación con las conductas perseguidas, al haberse optado por la normativa sobre seguridad en detrimento de las leyes sectoriales de carácter sanitario. En esta monografía, se realiza un análisis del sistema sancionador durante la pandemia, así como del delito de resistencia y desobediencia a la autoridad.

Los arts. 806 a 811 del Capítulo II del Título II del Libro IV de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, regula la liquidación del régimen económico matrimonial (arts. 806 a 811) y comprende, en realidad, dos procedimientos diferentes: el de formación de inventario y el de liquidación en sentido estricto, con una variante más para el régimen de participación.
Nos encontramos, sin duda, ante una de las regulaciones más complejas de toda la LEC, por lo que ha sido y seguirá siendo fuente inagotable de resoluciones judiciales y de opiniones que hay que conocer.

La posibilidad de instalar un ascensor, pese a no ser necesario para la supresión de barreras arquitectónicas, la construcción de plazas de garaje o trasteros, el acuerdo de contar con un nuevo servicio de consejería o portería, incluso la construcción de una piscina, se pueden considerar servicios comunes que, en principio, podrían ser de interés general, por lo que para su adopción habría que estarse a las mayorías fijadas en la LPH.
No obstante, no siempre es sencillo determinarlo. En ocasiones, habrá de estar al supuesto específico, como lo muestran las sentencias seleccionas en este estudio, en el que, además, podemos encontrar resoluciones que se han pronunciado sobre otros aspectos relacionados. Así, una vez adoptado el acuerdo, ¿obliga a todos al pago?, ¿existe posibilidad de exoneración?, ¿deberán soportar los comuneros cualquier servidumbre? y, en su caso, ¿cuándo procederá una indemnización?, ¿se considera esta como gasto común?, ¿quiénes podrán beneficiarse de las posibles subvenciones concedidas a la Comunidad?

La crisis originada por el COVID-19 ha dado lugar a la aprobación de medidas de flexibilización en los alquileres: moratorias en el pago de la renta, ayudas del Estado y de las CC. AA., prórroga de la duración del contrato y suspensión del desahucio para las viviendas cuyos plazos se han ampliado hasta el 31 de enero de 2021 por RDL 30/2020, de 29 de septiembre.
Esta Guía contiene todo lo que el profesional necesita: normativa estatal y autonómica, doctrina sobre la efectividad de las medidas aprobadas en los Reales Decretos 11/2020, de 31 de marzo, para viviendas, y 15/2020, de 21 de abril, para locales, con dos prácticos esquemas. Asimismo, damos respuesta a numerosas consultas, añadiendo la jurisprudencia sobre la polémica cláusula rebus sic stantibus. Se incluyen, además, formularios imprescindibles, destacando la demanda en aplicación de dicha cláusula y solicitud de medida cautelar.

La crisis originada por el COVID-19 ha dado lugar a la aprobación de medidas de flexibilización en los alquileres: moratorias en el pago de la renta, ayudas del Estado y de las CC. AA., prórroga de la duración del contrato y suspensión del desahucio para las viviendas cuyos plazos se han ampliado hasta el 31 de enero de 2021 por RDL 30/2020, de 29 de septiembre.
Esta Guía contiene todo lo que el profesional necesita: normativa estatal y autonómica, doctrina sobre la efectividad de las medidas aprobadas en los Reales Decretos 11/2020, de 31 de marzo, para viviendas, y 15/2020, de 21 de abril, para locales, con dos prácticos esquemas. Asimismo, damos respuesta a numerosas consultas, añadiendo la jurisprudencia sobre la polémica cláusula rebus sic stantibus. Se incluyen, además, formularios imprescindibles, destacando la demanda en aplicación de dicha cláusula y solicitud de medida cautelar.

La problemática penal urbanística es el tema que el autor aborda, en este libro, desde una perspectiva fundamentalmente práctica. Pero no solo se refiere a los delitos propiamente urbanísticos y a las disposiciones comunes del Título XVI del Libro II del Código Penal, sino que también hace referencia a otros íntimamente relacionados con ellos como el delito de desobediencia.
A través de muchos ejemplos reales que ha vivido como consecuencia de su ejercicio de Fiscal, trata de dar respuestas precisas a problemas concretos. Es el caso, por ejemplo, de la demolición, del error o del decomiso. El libro recoge la práctica totalidad de la jurisprudencia penal relevante en esta materia y, también, en relación con los delitos urbanísticos de normas penales en blanco, hace unas interesantes reflexiones de cuestiones fronterizas con el derecho administrativo como es la prejudicialidad. Para finalizar, estudia cuestiones procesales relacionadas con estos delitos como la legitimación o la conexidad.
Un libro completo y útil para juristas y no juristas, como arquitectos o policías, o para quienes se dediquen al complejo tema del urbanismo.