Este libro es fundamental para comprender la trata de personas en el ciberespacio, abordado de manera magistral por la Dra. Beatriz Susana Uitts. Ofrece un análisis exhaustivo de los derechos humanos y la jurisprudencia, incluyendo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, revelando carencias en el marco jurídico internacional. Proporciona soluciones urgentes, incluyendo un marco de protección internacional contra la explotación sexual de menores en línea. Oportuno y actualizado, destaca la responsabilidad estatal en la era digital, cerrando brechas de impunidad. Con un enfoque de derechos humanos, aporta conocimientos especializados sobre la trata de personas, la esclavitud moderna y la dignidad humana, siendo esencial para estudiantes, académicos, abogados, jueces, fiscales y otros profesionales. La Dra. Beatriz Susana lidera la lucha contra la trata de menores en el espacio virtual, Esta obra colectiva representa un estudio sobre la explotación sexual de mujeres y menores desde una perspectiva de derecho positivo, con el análisis de estos distintos tipos penales que atentan contra el bien jurídico, libertad sexual. Y desde una perspectiva político criminal, que permite conocer la situación actual de estas conductas típicas y los distintos aspectos a tener en cuenta a la hora de debatir sobre la forma correcta de abordar este fenómeno y el resto, íntimamente relacionados, como son la trata de seres humanos y la prostitución. Por otro lado, resulta imprescindible conocer la normativa internacional que se encarga de regular los aspectos fundamentales y recoge las líneas generales que los estados miembros deben adoptar en materia de explotación sexual. Y en definitiva resaltar el tratamiento que desde el ámbito del derecho penal internacional se da a la explotación sexual de mujeres y menores. Esta obra completa el catálogo de Editorial Aranzadi.

Se analiza la trayectoria de los Montes de Cierzo y Argenzón, que constituyeron en 1665 una comunidad facera, disuelta en 1901. En esos territorios han convivido, desde tiempo inmemorial y de forma legítima y legalmente aceptable, propiedades privadas, que han sido objeto de inscripción y transmisión, con terreno comunal. Esta obra completa el catálogo de Aranzadi.

La sustracción parental de niños y niñas no es nada nuevo, siempre ha estado ahí. Sin embargo, sólo la repercusión de algunos casos mediáticos la ha colocado en el epicentro del debate doctrinal y jurisprudencial. Teniendo en cuenta que la incidencia de la violencia intrafamiliar y de género hace de la sustracción de menores un fenómeno complejo con múltiples aristas, y en cuya resolución están implicados una pluralidad de instrumentos jurídicos, el objetivo de este trabajo es el examen de este forma de criminalidad en sus distintas vertientes a la luz de las últimas reformas legislativas. A tal efecto, en una primera parte, se realiza un exhaustivo análisis dogmático y jurisprudencial del artículo 225 bis del Código Penal, para determinar si en su configuración actual responde realmente a las necesidades represivas de esta modalidad de violencia. Y, en una segunda parte, más allá de la imprescindible respuesta penal, se examinan las medidas de adecuación del contexto normativo civil y procesal a la realidad de madres e hijos/as víctimas de violencia intrafamiliar y de género, introducidas por la Ley 8/2021, de 2 de junio y la LO 8/2021, de 4 de junio, con el fin de determinar su eficacia preventiva de traslados y retenciones ilícitos de menores instrumentalizados en supuestos de violencia vicaria. Esta obra completa el catálogo de Editorial Aranzadi.

Esta obra se ofrece como una herramienta teórica y práctica en la que se desglosan y analizan de forma estructurada más de ciento cincuenta conceptos jurídicos, especialmente de derecho público, todos ellos de relevancia dentro del ámbito de la actuación del Defensor del Pueblo a lo largo de las últimas cuatro décadas. Estos conceptos relevantes son los que vertebran, orientan y aseguran el sistema de garantías del Defensor del Pueblo para la protección de los derechos fundamentales, dado que, además de caracterizar a la institución como entidad que se mueve bajo el respeto esencial al interés público y la legalidad, ayudan a comprender la utilidad práctica de su actividad mediadora con los poderes públicos, ofreciendo estrategias imaginativas para resolver los conflictos de la ciudadanía y facilitando respuestas de derecho material en un escenario en el que la Administración se despoja de la noción de autoridad para relacionarse con el ciudadano en un plano de horizontalidad. A través de la mediación institucional, el Ombudsman no decide ni “adjudica” derechos en el sentido estricto de la palabra. Su misión principal es aconsejar o sugerir un cambio o modificación de comportamientos; por lo que de sus opiniones no puede reclamarse obediencia, sino que se requiere convicción a partir del momento en que la capacidad de persuasión del Defensor del Pueblo junto con su magistratura de opinión, hayan alcanzado unos niveles de credibilidad y de autoridad reconocidos. En definitiva se trata de una obra lúcida, útil y práctica que nos ayuda a comprender mejor una institución tan cercana a los ciudadanos, demostrando su utilidad y oportunidad como vía complementaria en la defensa de los derechos de los ciudadanos. Esta obra completa el catálogo de Aranzadi.

Análisis del régimen jurídico relativo a la intervención en el uso del suelo en la Comunidad de Castilla y León, con múltiples referencias a la normativa urbanística de otras Comunidades Autónomas. - Marco normativo y competencial de la disciplina urbanística. - Control del uso del suelo: la licencia urbanística y la declaración responsable. - Fomento de la edificación, conservación y rehabilitación. - Protección de la legalidad.

La digitalización de la información y su posterior aprovechamiento mediante sofisticados sistemas capaces de emular al intelecto humano jalonaron el inicio de la Cuarta Revolución Industrial. Franqueadas sus puertas, apenas persisten empresas ajenas a un proceso en el cual deben tomar parte, so pena de fenecer. Lograrlo requiere valerse de unos instrumentos con los cuales el trabajador está condenado a convivir. El desempeño de algunos puestos de trabajo exigirá poseer competencias especializadas. Tal acontece con cuantos deban ser ocupados por profesionales pertenecientes a las áreas STEM. No obstante, interesa reparar en aquellos otros cuya prestación no conllevaba, o comportaba apenas, el manejo de una tecnología a la que, finalmente, han devenido permeables. El carácter instrumental de las competencias dignas de ser adquiridas por quien los ocupe, en cuyo dominio prepondera el componente práctico, erige a la empresa en proveedora idónea de formación. Su relevancia aconseja abordar el derecho del trabajador, en tanto acreedor de un débito formativo continuo y transversal. Continuo, puesto que nadie mejor que su empleadora está en condiciones de diagnosticar sus carencias para remediarlas en el momento oportuno. Y transversal, dado que buena parte de las competencias precisas están encaminadas a mejorar el cumplimiento de una prestación cuyo contenido funcional dista mucho de requerir conocimientos técnicos o habilidades especializadas. Descuella, así, el derecho a recibir formación de la empresa en el contrato ordinario de trabajo como medio para alcanzar una transición digital justa. Si antaño ese débito formativo podía entenderse saldado por la empresa que diera ocupación efectiva a sus asalariados, amoldándolo al engranaje productivo a medida que dirigía su trabajo, la transmutación sufrida por un vínculo de subordinación de confines difusos insta a una redefinición del derecho a recibir formación profesional de la empresa, considerando sus diversas dimensiones. A tal efecto, se partirá de la encaminada a acomodar la cualificación del trabajador a los requerimientos del proceso productivo con el propósito de evitar la extinción de su contrato. Se trata de una formación de índole defensiva que deberá recibir quien no consiguiera adaptarse a una modificación técnica o técnico-funcional impuesta por la empresa, pero también quien deviniera inepto para el manejo de los instrumentos tecnológicos a causa de su discapacidad, en tanto ajuste razonable. La galopante metamorfosis tecnológica que impulsa este proceso obliga, no obstante, a abordar la dimensión prospectiva del derecho a recibir formación de la empresa, cuya existencia se deduce de un art. 4.2.b) ET que, sin embargo, deja su contenido en manos de los interlocutores sociales e, incluso, de la autonomía de la voluntad individual cuando, por su carácter especializado, procediera entablar un compromiso de permanencia. Que el art. 47 bis ET atribuya hoy el derecho a recibirla de manera expresa a los afectados por un expediente temporal de regulación de empleo en su modalidad sectorial evidencia el renovado protagonismo del derecho a obtener una formación apta para preparar a los trabajadores y, por ende, a la empresa, para la asunción de los retos venideros. Considerando ambas dimensiones del derecho a recibir formación de la empresa como vertientes por donde discurre el derecho fundamental a la educación del trabajador, se presenta un estudio propositivo de su contenido donde se enfatiza su inescindible vinculación con el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación, puesto que no cabe reputar justa una transición digital excluyente. Esta obra completa el catálogo de Editorial Aranzadi.

La descarbonización de la economía en 2050 y la transición energética que la misma requiere constituye uno de los principales desafíos jurídicos actuales de la Unión Europea. La presente obra analiza con detalle (dos volúmenes) la figura de las comunidades energéticas, que ha irrumpido en la regulación de los mercados energéticos, ahora más verdes y descentralizados, y que se pretende juegue un importante papel en los mismos, desarrollando actividades como la generación, el autoconsumo, la comercialización, la agregación o el almacenamiento. Es objeto específico de atención, no obstante, la participación de entes locales en estas entidades pues son muchas las cuestiones jurídicas que se plantean en la práctica a la luz de los límites que impone el ordenamiento jurídico al desarrollo de actividades económicas por la Administración pública. El Volumen 1 se centra en la ordenación jurídica de las comunidades energéticas en el Derecho europeo (Directivas de fomento de las energías renovables de 2018; y de mercado eléctrico de 2019) y las (todavía) escasas previsiones del Derecho interno, así como los presupuestos de la participación de los entes locales en estas entidades, tanto desde la perspectiva competencial como de las relaciones jurídicas que pueden entablarse entre estas administraciones y las comunidades energéticas. Esta obra completa el catálogo de Editorial Aranzadi.

Desde una perspectiva doctrinal y judicial se analiza –en profundidad– la figura del despido colectivo, centrándonos en cuestiones conflictivas clásicas y actuales. - Actualizada con abundantes referencias a la doctrina judicial y jurisprudencial más reciente. - Análisis de las recientes leyes vinculadas al despido colectivo, así como a sus consecuencias jurídicas. - Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo (con especial referencia a los seis meses de antelación con cierre de centro de trabajo y despido de cincuenta o más personas).