La presente obra contiene un comentario analítico y exhaustivo, artículo por artículo, de la principal norma de Derecho de Defensa de la Competencia, la Ley 15/2007, que incluye un análisis actualizado y pormenorizado de jurisprudencia y práctica decisoria de las autoridades españolas actualizada. Ha sido elaborada por especialistas de reconocido prestigio procedentes tanto del mundo académico como profesional (judicatura, abogacía) y su propósito es proporcionar una visión integral y eminentemente práctica de los principales aspectos de un área del derecho que en los últimos tiempos cobra cada vez mayor relevancia para los agentes económicos y sus asesores, al tiempo que servir como referencia de consulta para profesionales y académicos. La obra ha alcanzado su quinta edición, y presenta como novedades principales respecto de ediciones anteriores la inclusión de un análisis general de las consecuencias derivadas de los ilícitos concurrenciales, que cubre, las sanciones administrativas, las acciones civiles de resarcimiento de daños previstas en la Ley 15/2007 y otro tipo de consecuencias de índole penal y en materia de contratación con el sector público. Se incluye, por tanto, un comentario de las novedades relevantes introducidas por el Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo que transpone al derecho interno la Directiva 2014/104/UE sobre las acciones de daños resultantes de las infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea.

La Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas, a la que se dedica el presente Comentario, es la tercera Ley española dedicada a tal materia tras la pionera Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales y la Ley 4/1997, de 24 de marzo, de Sociedades Laborales. La Ley 44/2015 se funda principalmente en las experiencias derivadas de la aplicación práctica de ambas referidas Leyes e introduce ciertas reformas y mejoras más o menos significativas respecto de ellas. Tales reformas e innovaciones abarcan la práctica totalidad de los contenidos especiales propios de la Sociedad Laboral: requisitos y reglas relativas a la adquisición y pérdida de su carácter “laboral”, especialidades relativas al tratamiento del capital social y al régimen de las acciones y participaciones sociales -con innovaciones importantes-, ciertas reglas especiales en el régimen del órgano de administración y en materia jurídica-financiera, introducción no totalmente definida de las “sociedades participadas”, entre otros aspectos. Sin embargo, no pocas de tales reformas e innovaciones plantean dudas y problemas ante su interpretación y aplicación, como se pone de relieve a lo largo del Comentario. Por ello, el presente Comentario, realizado por un grupo de autores acreditados expertos en la materia que ya produjo una influyente doctrina respecto de la Ley 4/1997, trata de aportar conocimientos, criterios y posibles soluciones a las diferentes situaciones problemáticas que, casi con seguridad, va a alumbrar esta nueva Ley 44/2015. Se ofrece así un conjunto de estudios y reflexiones que sin duda podrán contribuir al buen funcionamiento de la sociedades laborales españolas y que abarcan desde su calificación como tales hasta los temarios relativos a las relaciones entre sus socios, órganos sociales y poderes públicos, sin olvidar los aspectos relativos a la necesaria adaptación de los estatutos sociales de las existentes.

La Ley de Sociedades de Capital se presenta actualizada con las modificaciones a la La Ley de Sociedades de Capital, incluyendo la modificación realizada por Real Decreto-ley 15/2017, de 6 de octubre, de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos dentro del territorio nacional.

Estamos ante una nueva edición de «Lecciones de Derecho Mercantil», fruto del esfuerzo colectivo de un experimentado grupo de catedráticos de la disciplina, con amplia experiencia en el trabajo de equipo y en la publicación de obras universitarias. Se mantiene la línea proyectada desde la primera edición de la obra, 2003, para poner a disposición del lector sintéticamente las líneas maestras de cada institución examinada, sin menoscabo de su integridad. El resultado de esa tarea permite que los dos volúmenes que integran la obra contengan un conjunto de opiniones jurídicas de la más alta cualificación en los diversos sectores que componen la disciplina Derecho mercantil y que, además, aludan a las más recientes disposiciones legislativas de nuestro marco legal. En este sentido, se incorporan y analizan las reformas más importantes que, a lo largo del último año han sido objeto de publicación sobre las diversas materias tratadas en el libro, destacando, con respecto a ediciones anteriores, que la actual decimoquinta edición contiene un detallado estudio de la nueva disciplina sobre patentes; las novedades más recientes en derecho de la competencia, así como en la configuración del mercado de valores.

Este volumen contiene la Ley de Enjuiciamiento Criminal (1882), actualizada conforme a las sucesivas leyes de reforma y complementada, entre otras, por las siguientes disposiciones legales: - Ley Orgánica del Poder Judicial (1985). - Ley Orgánica de Conflictos Jurisdiccionales (1987). - Ley de Demarcación y de Planta Judicial (1988). - Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (1981). - Ley Orgánica del Tribunal del Jurado (1995). - Ley Orgánica de protección a testigos y peritos en causas criminales (1994). - Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea (2014). - Ley Orgánica reguladora del procedimiento de Habeas Corpus (1984). - Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (2015). - Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores (2000), y su Reglamento (2004). - Ley de Extradición Pasiva (1985). - Ley Orgánica de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar (1987). - Ley Orgánica Procesal Militar (1989). - Ley del Estatuto de la víctima del delito (2015), y Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre de desarrollo de la anterior, y de regulación de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (2015). La obra se completa con un extenso índice analítico para facilitar su consulta.

La idea de reunir en un solo texto las grandes leyes del trabajo, prescindiendo del peso de las reglamentarias, sigue siendo atractiva. Por ello hemos llevado a cabo la selección y anotación de las normas que, a nuestro juicio, deberían formar parte de un posible Código español del Trabajo. A tal efecto, y haciéndolas preceder por los preceptos con significación laboral/social de la Constitución, hemos incluido en este volumen las que consideramos más importantes de nuestro Derecho del Trabajo: las leyes reguladoras del Estatuto de los Trabajadores, Empresas de Trabajo Temporal, Prevención de Riesgos Laborales, Libertad Sindical, Relaciones de Trabajo, Infracciones y Sanciones en el Orden Social y Jurisdicción Social. También se incluye, aun no siendo una norma de Derecho del Trabajo estricto, la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo, y se cierra la obra con la referencia a los preceptos de la Ley 3/2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, relativos a la materia laboral. Esta decimoprimera edición incorpora las novedades normativas producidas durante los últimos doce meses, que afectan en particular tanto al Estatuto de los Trabajadores como a la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, a la Ley reguladora de la Jurisdicción Social y a la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo.

La presente edición pretende ser una obra de consulta básica y útil para el profesional del Derecho que tiene que actuar en y ante los tribunales, y para el estudiante y el estudioso que se acerque a la legislación procesal civil española. En esta obra constan todas las normas que rigen las actuaciones de los procesos civiles que tienen lugar en España: en efecto, junto a los preceptos de la Constitución con contenido procesal, y a la Ley Orgánica del Poder Judicial, se reproduce, en primer lugar, la Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2000. Además, incluye el texto de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria actualizado con la última reforma de este año, la Ley y el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas y los Reales Decretos reguladores de los depósitos y consignaciones judiciales en metálico de efectos o valores y sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia y sistema LexNET. Y como aún existen normas con relevancia procesal en determinadas leyes especiales, también figuran algunos artículos de las Leyes Orgánicas de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y del derecho de rectificación, concretos preceptos de las Leyes de Arrendamientos Rústicos, Cambiaria y del Cheque, de Condiciones Generales de la Contratación, de Venta a Plazos de Bienes Muebles, de Propiedad Horizontal, de Propiedad Intelectual, de Patentes, de Marcas, de Publicidad, de Competencia Desleal, de Sociedades de Capital, de Cooperativas, Hipotecaria y del Código Civil. Asimismo, se incluyen la Ley Concursal, la Ley de Arbitraje y la Ley de Mediación en asuntos civiles y mercantiles, y varios Reglamentos comunitarios de naturaleza procesal, directamente aplicables en nuestro Derecho. La obra se completa con un extenso índice analítico para facilitar su consulta.

La Constitución Española de 1978 se sitúa en la cúspide de la pirámide normativa sobre la que descansa nuestro ordenamiento jurídico. De ahí que, aunque la mayor parte de los títulos de esta Biblioteca recogen nuestra más Alta Norma, resulta coherente, útil e incluso imprescindible disponer en la colección de un libro, manejable al máximo, que permita en cualquier momento consultar la Constitución, profusamente anotada y comentada en todos sus preceptos. La incorporación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional obedece a dos razones: en primer lugar, a que el Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución, siendo por tanto lógico, a fin de que el profesional y el estudiante dispongan de los instrumentos básicos de la constitucionalidad española, que figure la Ley reguladora del Alto Tribunal de Garantías; y, en segundo lugar, el trascendental significado que dicha Ley encierra en sí misma. En esta edición se incorporan las modificaciones realizadas por la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho. El volumen, por consiguiente, está orientado hacia la vía de la constitucionalidad, finalidad que se alcanza mediante la incorporación de un exhaustivo registro de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, subdividido en tres índices: Cronológico. Concordado con los artículos de la Constitución, y de Materias. Completa el volumen un extenso índice analítico general, que remite tanto a los artículos de la Constitución cuanto a los de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

La presente obra contiene, como norma fundamental, la denominada segunda edición del Código Civil, publicada por Real Decreto de 24 de julio de 1889 en la Gaceta de Madrid de los días 25, 26 y 27 de los mismos mes y año -la primera edición toma como fecha la de 1 de mayo de 1889, pero la Ley del día 26 ordena hacer y publicar una edición reformada, que es, por tanto, la segunda-, con todas las modificaciones habidas desde entonces -las últimas por efecto de la completa entrada en vigor de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria y de la Ley del Registro Civil de 2011-; modificaciones que, para su mejor conocimiento, se recogen sistemáticamente al principio de la obra en una doble vertiente: disposiciones modificatorias y artículos y epígrafes afectados por las reformas. Se ha considerado de utilidad, en orden a una más plena presentación de la obra, incluir las normas que fueron preparatorias de la antedicha segunda edición del Código, y que son las siguientes: Ley de 11 de mayo de 1888, Real Decreto de 6 de octubre de 1888, Real Orden de 8 de diciembre de 1888, Real Decreto de 11 de febrero de 1889, Ley de 26 de mayo de 1889, Real Decreto de 24 de julio de 1889 y Real Orden de 29 de julio de 1889. Se completa la obra con una exhaustiva anotación de más de 1450 notas (destacando entre ellas las que recogen la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y del Tribunal Supremo, algunas muy detalladas y extensas sobre instituciones jurídicas antes reguladas por el Código Civil y hoy por Leyes especiales, así como las referencias a las disposiciones de derecho civil, foral o especial) y un índice analítico que permite una rápida y eficaz investigación al lector interesado en ello.

La Ley Concursal supuso, desde el momento de su promulgación, un importante hito en nuestro Derecho de la insolvencia, al instaurar un sistema concursal moderno y unitario, que a lo largo de los años ha ido experimentado reformas para una idónea adaptación a los cambios que su propia aplicación exigía, y que han implicado su desarrollo normativo en temas tan cruciales como la regulación de la retribución, con arreglo a arancel, de los administradores concursales (RD 1860/2004, de 6 de septiembre); la exigencia de un seguro de responsabilidad civil para poder actuar como administrador concursal (RD 1333/2012, de 21 de septiembre), y la garantía de la publicidad de las resoluciones procesales que se adopten a lo largo del proceso concursal, así como de las negociaciones que se lleven a cabo en el mismo, asegurada por el Registro Público Concursal (RD 892/2013, de 15 de noviembre), que asimismo es el instrumento que garantiza la coordinación entre los Juzgados de lo Mercantil y los distintos registros públicos, y con los expedientes sobre acuerdos extrajudiciales de pagos. Por último se incluye, el Reglamento 2015/848/UE, de 20 de mayo, del Parlamento Europeo, sobre procedimientos de insolvencia, cuya trascendencia es indiscutible puesto que garantiza que los procedimientos transfronterizos de insolvencia se desarrollen de forma eficaz y eficiente, lo que supone el cumplimiento del objetivo que en el ámbito de cooperación judicial en materia civil establece el artículo 81 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La obra se completa con un detallado Índice Analítico.