Por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, se aprobó el Código Penal, que entró en vigor el 24 de mayo de 1996. Esta edición recoge el texto -concordado y anotado- del Código, con las útltimas modificaciones llevadas a cabo por la LO 1/2015, de 30 de marzo, LO 2/2015, de 30 de marzo y L 4/2015, de 27 de abril, así como las siguientes disposiciones -entre otras- concordadas con el actual Código Penal: - Ley Penal y Procesal de la Navegación Aérea (1964). - Ley Orgánica de Represión del Contrabando (1995). - Ley sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior (2003). - Ley Orgánica del Régimen Electoral General (1985). - Ley Orgánica del Tribunal del Jurado (1995). - Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (2010). - Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores (2000). - Reglamento de la responsabilidad penal de los menores (2004). - Ley por la que se establecen reglas para el Ejercicio de la Gracia de Indulto (1870). - Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1998). - Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (2004). - Ley de Extradición Pasiva (1985). - Ley de protección de la seguridad ciudadana (2015). - Ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (2010). - Ley Básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica (2002). - Constitución española (1978). Completa esta obra un extenso índice analítico, que facilita la consulta de los textos incluidos en el libro.

Esta obra presenta como novedad la inclusión, junto con la recopilación y ordenación de los principales impuestos de nuestro sistema tributario (IRPF, Sociedades, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales e IVA), de supuestos prácticos que facilitan la adecuada comprensión de las normas recopiladas. Junto con las concordancias normativas, se recogen múltiples ejemplos (muchos tomados de la realidad) sobre cuestiones que revisten especial interés, intentando así facilitar la comprensión de los impuestos sobre las que las mismas versan, tanto en lo que atañe a los conceptos que en ellos se utilizan, como en cuanto a su funcionamiento. La obra está basada en la experiencia y en ella han primado los aspectos prácticos del Derecho financiero y tributario, insertándolos en el seno de la teoría, puesto que ambas facetas se complementan mutua y recíprocamente. Este contenido, sumamente práctico, ha de resultar útil tanto a los que ya están trabajando sobre estas materias, como a los que se proponen comenzar a hacerlo o para los que se están formando en las aulas universitarias.

En el presente volumen se recogen los textos legales que en materia de vivienda constituyen un sector de indudable interés en nuestro ordenamiento jurídico. Bajo el epígrafe «Normas básicas» se contienen: la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 (con la modificación efectuada por la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas), el texto refundido de la LAU de 1964 y el denominado Decreto Boyer, normas éstas en relación con la materia arrendaticia. Constituye otro bloque normativo la Ley de Propiedad Horizontal (que incluye la reforma realizada por la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas), y las disposiciones reguladoras de las viviendas de protección oficial, así como el Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016. Normas esenciales complementadas por otras que, a modo de acompañamiento, amplían la esfera y contenido de aquéllas. La obra se completa con un índice de materias para facilitar su consulta.

El presente volumen de la Biblioteca de Legislación recoge los textos básicos sobre protección de Derechos fundamentales, tanto de ámbito universal (Declaración de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Sociales y Culturales) como europeo (Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, Carta Social Europea, Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores) y nacional (Constitución Española y Estatutos de autonomía). Para facilitar el manejo de la obra, los textos se presentan convenientemente anotados, incluyéndose, asimismo, un exhaustivo índice analítico.

Esta edición recoge el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, de desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad. Como normas complementarias, en materia de pliegos de cláusulas administrativas, se incluyen el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, la Orden de 8 de marzo de 1972 y el Decreto 2572/1973, de 5 de octubre. En materia de revisión de precios, figura el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre. Esta obra contiene, además, el Real Decreto 30/1991, de 18 de enero, el Decreto 3186/1968, de 26 de diciembre, la Resolución de 17 de mayo de 1991, el Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, la Orden HAP/2425/2013, de 23 diciembre, la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, y la Resolución de 23 de enero de 2007. Igualmente se recogen parcialmente las Leyes de Carreteras, Costas, Autopistas, Texto Refundido de la Ley de Aguas, concretamente los artículos reguladores de los contratos de obras dentro de su respectivo ámbito de aplicación, así como la Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. Los textos se incluyen actualizados y concordados, completándose el volumen con un extenso índice analítico.

La incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de una Ley de la Jurisdicción Voluntaria forma parte del proceso general de modernización del sistema positivo de tutela del Derecho privado iniciado hace más de una década con la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000, en cuya disposición final decimoctava encomendaba la remisión a las Cortes Generales de un proyecto de ley de jurisdicción voluntaria. La regulación de la jurisdicción voluntaria dentro de la Ley de Enjuiciamiento Civil como ha ocurrido en España desde 1855, era fruto de la vocación recopiladora de nuestro Derecho histórico, pero la sentida necesidad de una mayor coherencia sistemática y racionalidad en nuestro sistema procesal, recibe una adecuada respuesta con la presente Ley de la Jurisdicción Voluntaria. Al igual que en la mayoría de los países de nuestro entorno, se ha procedido a separar la jurisdicción voluntaria de la regulación procesal común, manteniéndose entre ellas las relaciones naturales de especialidad y subsidiariedad que se producen entre normas dentro de cualquier sistema jurídico complejo. El interés del ciudadano ocupa un lugar central entre los objetivos de esta Ley. A lo largo de su articulado se establecen instrumentos sencillos, efectivos y adecuados a la realidad social a la que se aplican, en el caso de que requieran la intervención de los tribunales de justicia a través de cualquiera de los actos de jurisdicción voluntaria. Instrumentos en los que se ha aprovechado la experiencia de los operadores jurídicos y la doctrina emanada de los tribunales y de los autores para ofrecer al ciudadano medios que faciliten la obtención de determinados efectos jurídicos de una forma rápida y con respeto de todos los derechos e intereses implicados dentro de la esfera personal y patrimonial de las personas.

La incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de una Ley de la Jurisdicción Voluntaria forma parte del proceso general de modernización del sistema positivo de tutela del Derecho privado iniciado hace más de una década con la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000, en cuya disposición final decimoctava encomendaba la remisión a las Cortes Generales de un proyecto de ley de jurisdicción voluntaria. La regulación de la jurisdicción voluntaria dentro de la Ley de Enjuiciamiento Civil como ha ocurrido en España desde 1855, era fruto de la vocación recopiladora de nuestro Derecho histórico, pero la sentida necesidad de una mayor coherencia sistemática y racionalidad en nuestro sistema procesal, recibe una adecuada respuesta con la presente Ley de la Jurisdicción Voluntaria.
Al igual que en la mayoría de los países de nuestro entorno, se ha procedido a separar la jurisdicción voluntaria de la regulación procesal común, manteniéndose entre ellas las relaciones naturales de especialidad y subsidiariedad que se producen entre normas dentro de cualquier sistema jurídico complejo. El interés del ciudadano ocupa un lugar central entre los objetivos de esta Ley. A lo largo de su articulado se establecen instrumentos sencillos, efectivos y adecuados a la realidad social a la que se aplican, en el caso de que requieran la intervención de los tribunales de justicia a través de cualquiera de los actos de jurisdicción voluntaria. Instrumentos en los que se ha aprovechado la experiencia de los operadores jurídicos y la doctrina emanada de los tribunales y de los autores para ofrecer al ciudadano medios que faciliten la obtención de determinados efectos jurídicos de una forma rápida y con respeto de todos los derechos e intereses implicados dentro de la esfera personal y patrimonial de las personas.

La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, constituye la norma básica del proceso de aprobación, ejecución y control de los Presupuestos Generales del Estado y por ello se configura como el núcleo de la presente obra, actualizada con las modificaciones realizadas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015 y por la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio. El núcleo de las normas estatales de ámbito presupuestario incluye además la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, asimismo modificada por la citada Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio.. El conjunto de las disposiciones estatales recoge también la Ley Reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial. En relación con las disposiciones de la Unión Europea, se incluye el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria (Pacto Presupuestario), y los artículos relevantes en materia de Presupuestos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La obra se cierra con el bloque de las normas presupuestarias relativas a las Corporaciones Locales, que comprende el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (Títulos I y VI), objeto de modificación por el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre; el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que desarrolla lo dispuesto en la norma anterior en materia de Presupuestos, así como el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales. En todos los casos, las disposiciones aparecen anotadas extensa y detalladamente, así como debidamente concordadas, lo que permite acceder a otras normas de menor rango, anotadas a pie de página, que configuran el conjunto de las reglas aplicables en materia presupuestaria, tanto estatal como local.

Este libro contiene el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que ha sido reformado en numerosas ocasiones, siendo las últimas de ellas las modificaciones introducidas por la Ley 34/2014, de 26 de diciembre, de medidas en materia de liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social; la Ley 35/2014, por la que se modifica el TRLGSS en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social; la Ley 36/2014, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 y el Real Decreto-Ley 17/2014, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico. La elaboración de este texto refundido comenzó con la Ley 36/1990, de 20 de diciembre, que autorizó al Gobierno a realizar un texto en el que se integraran las normas específicas de Seguridad Social y las disposiciones en dicha materia contenidas en normas de otras ramas de ordenamiento jurídico. Posteriormente, la Ley 22/1992, de 30 de julio, de medidas urgentes sobre fomento de empleo y protección por desempleo otorgó una autorización al Gobierno para regularizar las disposiciones que, en materia de protección por desempleo, se contenían en ella. Finalmente, en la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de reforma del régimen jurídico de la función pública y de la protección por desempleo, se autorizó al Gobierno para que la aludida refundición se extendiera también a las disposiciones que sobre la materia de Seguridad Social y protección por desempleo se contenían en la misma. Se incluye, además, un índice analítico para facilitar la consulta de la obra.

Esta Cuarta Edición contiene, como en las ediciones anteriores, un comentario integral y por artículo de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia. Incluye, además, el comentario a los artículos de la Ley 3/2013 que regulan los principales aspectos de organización y procedimiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y que sustituyen a los preceptos derogados de la Ley 15/2007. La jurisprudencia y práctica decisional incluidas en el Comentario están actualizadas a julio de 2014, por lo que ya se recogen las primeras Resoluciones de la nueva autoridad española.