La composición multidisciplinar en la autoría de la obra ha permitido proponer un método común y testado para concretar, dentro de la gestión de cada conflicto, las habilidades, técnicas y procedimientos a emplear por las personas mediadoras. - La obra tiene una faceta eminentemente práctica que ofrece una guía para el ejercicio de la mediación. - Indicación de los procesos, habilidades y técnicas a seguir. - Se ofrecen también casos y materiales (formularios y documentación complementaria).

La obra supone un profundo estudio sobre la ordenación del territorio marítimo desde su perspectiva planificadora. La primera parte aborda la delimitación del territorio nacional, tanto en su parte terrestre como en la marítima, en este último caso con la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. También se estudia la extensión del territorio autonómico al espacio marítimo. La segunda parte describe la construcción de la planificación del espacio marítimo desde sus comienzos con la llegada del Estado Moderno hasta la implementación de las técnicas de ordenación del espacio marítimo por parte de las Naciones Unidas y la Unión Europea. Por último, se aborda el actual marco jurídico de la ordenación del espacio marítimo en España y los Planes de Ordenación sobre dicho espacio recientemente aprobados. Esta obra completa el catálogo de Aranzadi.

La digitalización de la información y su posterior aprovechamiento mediante sofisticados sistemas capaces de emular al intelecto humano jalonaron el inicio de la Cuarta Revolución Industrial. Franqueadas sus puertas, apenas persisten empresas ajenas a un proceso en el cual deben tomar parte, so pena de fenecer. Lograrlo requiere valerse de unos instrumentos con los cuales el trabajador está condenado a convivir. El desempeño de algunos puestos de trabajo exigirá poseer competencias especializadas. Tal acontece con cuantos deban ser ocupados por profesionales pertenecientes a las áreas STEM. No obstante, interesa reparar en aquellos otros cuya prestación no conllevaba, o comportaba apenas, el manejo de una tecnología a la que, finalmente, han devenido permeables. El carácter instrumental de las competencias dignas de ser adquiridas por quien los ocupe, en cuyo dominio prepondera el componente práctico, erige a la empresa en proveedora idónea de formación. Su relevancia aconseja abordar el derecho del trabajador, en tanto acreedor de un débito formativo continuo y transversal. Continuo, puesto que nadie mejor que su empleadora está en condiciones de diagnosticar sus carencias para remediarlas en el momento oportuno. Y transversal, dado que buena parte de las competencias precisas están encaminadas a mejorar el cumplimiento de una prestación cuyo contenido funcional dista mucho de requerir conocimientos técnicos o habilidades especializadas. Descuella, así, el derecho a recibir formación de la empresa en el contrato ordinario de trabajo como medio para alcanzar una transición digital justa. Si antaño ese débito formativo podía entenderse saldado por la empresa que diera ocupación efectiva a sus asalariados, amoldándolo al engranaje productivo a medida que dirigía su trabajo, la transmutación sufrida por un vínculo de subordinación de confines difusos insta a una redefinición del derecho a recibir formación profesional de la empresa, considerando sus diversas dimensiones. A tal efecto, se partirá de la encaminada a acomodar la cualificación del trabajador a los requerimientos del proceso productivo con el propósito de evitar la extinción de su contrato. Se trata de una formación de índole defensiva que deberá recibir quien no consiguiera adaptarse a una modificación técnica o técnico-funcional impuesta por la empresa, pero también quien deviniera inepto para el manejo de los instrumentos tecnológicos a causa de su discapacidad, en tanto ajuste razonable. La galopante metamorfosis tecnológica que impulsa este proceso obliga, no obstante, a abordar la dimensión prospectiva del derecho a recibir formación de la empresa, cuya existencia se deduce de un art. 4.2.b) ET que, sin embargo, deja su contenido en manos de los interlocutores sociales e, incluso, de la autonomía de la voluntad individual cuando, por su carácter especializado, procediera entablar un compromiso de permanencia. Que el art. 47 bis ET atribuya hoy el derecho a recibirla de manera expresa a los afectados por un expediente temporal de regulación de empleo en su modalidad sectorial evidencia el renovado protagonismo del derecho a obtener una formación apta para preparar a los trabajadores y, por ende, a la empresa, para la asunción de los retos venideros. Considerando ambas dimensiones del derecho a recibir formación de la empresa como vertientes por donde discurre el derecho fundamental a la educación del trabajador, se presenta un estudio propositivo de su contenido donde se enfatiza su inescindible vinculación con el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación, puesto que no cabe reputar justa una transición digital excluyente. Esta obra completa el catálogo de Editorial Aranzadi.

El presente libro es fruto de una labor de investigación, estudio y recopilación de la experiencia vivida como magistrado en un juzgado especializado en acciones individuales frente a condiciones generales de contratación en préstamos concertados con personas físicas.
Se trata de una materia que se está desarrollando ante nuestros ojos con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como director de orquesta y el resto de órganos judiciales nacionales como intérpretes de una partitura no siempre fácil de ejecutar.
Se analizan multitud de resoluciones judiciales de las diversas instancias judiciales y se ofrece una opinión personal sobre algunos de los problemas que plantea el ejercicio ante los tribunales de este tipo de acciones.
La protección del consumidor frente a las entidades predisponentes de clausulados contractuales, cuya necesidad deriva de una sociedad donde la contratación en masa en determinados sectores es ya una regla general, requiere de un esfuerzo en el estudio de las respuestas jurídicas que garanticen dicha protección sin desatender la realidad del fenómeno de las condiciones generales de contratación como instrumento de gestión de intereses básicos y colectivos para nuestra sociedad.

Presentamos una obra de comentarios sobre el Real Decreto-Ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban Medidas Urgentes para la Ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de Servicio Público de Justicia, Función Pública, Régimen Local y Mecenazgo, el denominado Decreto-Ley Ómnibus. Como se desprende de su propia denominación, estamos ante una norma que responde a una apremiante necesidad y con un contenido tremendamente heterogéneo.
En este contexto, los autores focalizan su estudio en las reformas de índole procesal que han afectado a todas las jurisdicciones, analizando, de manera directa, los textos introducidos en las cuatro normas procesales, que engloban desde modificaciones de gran calado, en el caso de la jurisdicción civil, hasta otras puntuales, aunque también de gran importancia, en las otras tres normas procesales.
Es pretensión de esta obra acercar a los profesionales del Derecho un primer estudio de las reformas con una visión práctica ?llevada a cabo por cuatro profesionales del Derecho procesal? para así tener una percepción ágil de lo que suponen estos cambios.

Siendo la junta de propietarios el órgano superior de la comunidad en el que se han de plantear y resolver todas las cuestiones comunitarias y dónde se debe adoptar cualquier tipo de acuerdos, resulta imprescindible saber quién puede convocarla; cuáles son los requisitos necesarios; en qué plazo y cómo notificarla; quién puede asistir o votar, y cómo se deben redactar y notificar las actas. Además, aunque en principio la Ley de Propiedad Horizontal nos aclara cómo hacerlo, existe numerosa casuística al respecto, por eso y tras la publicación del monográfico La junta de propietarios. 415 preguntas y respuestas, hemos considerado de interés actualizar este interesante estudio de jurisprudencia. Ambas obras son independientes, pero resultan un complemento indispensable, dado que en ellas encontrarán tanto la respuesta de la jurisprudencia, en aquellos casos en los que se hayan pronunciado, y, en su defecto, el criterio de sepín en el estudio de todas estas cuestiones prácticas.
Este trabajo pretende ser una herramienta de trabajo imprescindible que le ayudará a encontrar la solución para cada caso concreto, tanto para argumentarlo en su propia reunión de la comunidad como en su acción judicial.
Los extractos de jurisprudencia siguen la dinámica de trabajo de sepín: se publican con un breve título que resume el contenido, lo que facilita la lectura, y se clasifican por voces y pronunciamientos, para que encontrar la solución sea una tarea rápida y sencilla, a pesar de tratarse de una recopilación de más de 900 sentencias.
Esperamos que este exhaustivo estudio le ayude a resolver todas sus dudas sobre la junta de propietarios.

El art. 10 LAU 29/1994 ha sido modificado hasta cuatro veces: por la Ley 4/2013, de 4 de junio, el RDL 21/2018, de 14 de diciembre, el RDL 7/2019, de 1 de marzo, y recientemente, por la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda, que añade dos apartados con posibilidad de solicitar dos nuevas prórrogas extraordinarias. Resulta fundamental tener en cuenta las fechas de los contratos respecto al plazo de la prórroga, el requerimiento y la antelación necesaria para la no renovación, y destaca especialmente la renuncia a dicha prórroga. En este análisis de jurisprudencia mostramos las sentencias más relevantes.
Por otra parte, incluimos novedosas resoluciones sobre la prórroga extraordinaria de seis meses, que tuvo lugar como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, introducida por el RDL 11/2020, de 31 de marzo.
Y además, en la parte de Actualidad:
· Suspensión del lanzamiento por vulnerabilidad. Estado actual de la cuestión · Nuevos presupuestos del art. 439.6 LEC tras la Ley 12/2023, por el Derecho a la Vivienda: ¿Proceden en el juicio de desahucio sujeto a arbitraje y en la ejecución del laudo? · Límites en la actualización de renta según el IGC en los arrendamientos de vivienda. ¿Cabría aplicar el IPC si resulta inferior?

Si bien las campañas de vacunación han demostrado ser un eficaz elemento de salud pública, no puede desconocerse que las vacunas, como cualquier otro medicamento, tienen efectos secundarios que, de forma infrecuente, pueden llegar a ser graves. Mediante un estudio detallado de la jurisprudencia y de la doctrina de los órganos consultivos, la obra aborda diversos aspectos materiales y formales de la institución de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, a través de la que, actualmente, se canaliza la asunción por aquellas de los daños producidos. Las recientes campañas de vacunación frente a la COVID-19 sirven como referencia para explorar, además, otras formas jurídicas para la participación de la sociedad en el resarcimiento de las personas que sufren perjuicios como consecuencia de una vacunación realizada en beneficio de toda la comunidad.

En esta Revista analizamos una de las pruebas más complejas y que más problemas prácticos presenta: la prueba pericial.
Las distintas clases de peritaje, la diversidad de momentos en los que es posible su aportación, las incidencias en su actuación y, finalmente, entender cuándo la pericial respeta o no las ?reglas de la sana crítica? ha dado lugar a una rica doctrina jurisprudencial que recogemos en esta selección.
Y además, en la parte de Actualidad:
· El nuevo recurso de casación · Acuerdo de 8 de septiembre de 2023, sobre exigencias formales de la casación · Prescripción y medidas cautelares

Las recientes tecnologías digitales facilitan la posibilidad de comunicarnos e interactuar con los demás y, a su vez, han dado lugar a nuevas dinámicas conductuales reprochables que tienen como víctima a los menores de edad y a los discapacitados. Así, el mundo virtual actúa como ?agente victimizador?, anticipándose al mismo Código Penal que reacciona frente a nuevos ilícitos que intentan atentar contra la libertad sexual de personas vulnerables. Usando el anonimato, se sustituyen los lugares de afluencia infantiles tradicionales por el ordenador y el móvil, soportes de las herramientas digitales de acceso a las redes sociales. Todo ello aderezado con la falta de sentido común y desinhibición on line que experimenta el menor, con una personalidad en proceso de formación.
El objeto de esta obra es el estudio, desde el punto de vista criminológico y penal, de la táctica de aproximación del mayor de edad valiéndose de medios telemáticos para establecer cierta relación de confianza con el menor de edad de 16 años para producir un acercamiento con fines sexuales o embaucarle para que facilite material pornográfico.
Con la ayuda eternamente agradecida de D. Miguel Polaíno Navarrete, ejemplar persona y Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Sevilla, se profundiza en un estudio jurídico completo del delito del artículo 183 del Código Penal partiendo de su breve perspectiva histórica, su bien jurídico protegido y su consideración como acción típica, antijurídica, culpable y punible.