Este libro es especialmente útil en la medida en que anticipa el análisis del nuevo régimen jurídico que se establecerá a partir de la reforma legislativa de la discapacidad que está prevista para esta legislatura.

Estas operaciones de reestructuración adquieren máxima trascendencia en los sectores de la actividad económica, posibilitando a las empresas ahorrar costes, ganar en eficiencia y adquirir presencia en el mercado.

Richard Susskind, el conocido gurú de la abogacía nos invita a re?exionar sobre la transformación de las profesiones jurídicas a partir del impacto que en los próximos años va a tener la tecnología sobre el sector legal. En El Abogado del Mañana, Susskind re?exiona en torno a tres ideas sobre las que sustenta el cambio de paradigma: qué transformaciones se han producido en el Derecho y en el ejercicio profesional de los operadores jurídicos, cómo hay que interpretar lo que denomina ?nuevo paisaje? y qué perspectivas de futuro se ofrecen para los abogados jóvenes. En la abogacía surgen áreas que generan inquietud, pero al mismo tiempo son tan estimulantes como la abogacía low-cost, las start-up jurídicas, la inteligencia arti?cial aplicada al Derecho, los servicios jurídicos online, la digitalización judicial, los modelos laborales alternativos, la resolución de disputas a través de internet o tribunales online o los marketplaces de servicios jurídicos. Aunque, como dice el autor, el libro se concibe inicialmente para la próxima generación de abogados, afecta a todos; incluso a los más experimentados. En la profesión jurídica, Susskind advierte que estamos en la antesala de un nuevo cambio que probablemente será mucho más profundo que los anteriores. Cabe pensar que lo que los agoreros ven con temor no es sino la naturaleza del mundo en el que los cambios acaban siendo siempre sinónimo de oportunidades. Susskind traslada a los abogados del futuro un desafío inquietante pero, a su vez, lo hace con una invitación clara al optimismo. Éste es nuestro tiempo, vamos a abrazarlo....

El Instituto Cuatrecasas de Estrategia Legal en RRHH presenta con esta obra la segunda fase del Proyecto Technos —Proyecto Technos II (2019-2021)—, que nace con la vocación de servir de inspiración y también, y, sobre todo, de guía práctica a las empresas que quieren llevar a cabo una transformación real apoyada en las estrategias de RRHH más innovadoras, pero, a su vez, integradas en el conjunto del marco legal en el que van a ser implantadas. Desde sus inicios, este Proyecto dirigido por el Instituto Cuatrecasas ha tenido como principal objetivo el identificar cuáles son las consecuencias esenciales de la adopción de las nuevas tecnologías en el empleo y en la gestión de RRHH. Los tres años de análisis profundo del impacto individual de las tecnologías tan disruptivas como las estudiadas en los Informes previos de la primera fase del Proyecto —Redes Sociales (2016), Internet of Things (2017), Robótica (2018), Inteligencia Artificial (2018), Economía de Plataformas y Blockchain (2019) e Informe General (2019)—, nos ha otorgado una posición de privilegio para poder llevar a cabo un proceso de reflexión general de lo que repetidamente venimos denominando como el impacto de la confluencia o convergencia de las nuevas tecnologías en los modelos de negocio de las organizaciones. Los cinco temas elegidos para esta primera serie de «DOCUMENTOS SOBRE EL IMPACTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA GESTIÓN DE LAS PERSONAS Y DE LAS RELACIONES LABORALES» —Códigos telemáticos; Registro horario y derecho a la desconexión; Analítica de personas; Retención del talento, y Compliance y whistleblowing—, han sido desarrollados por un equipo liderado por el Instituto Cuatrecasas y compuesto por directivos de empresas españolas muy significativas. En sus páginas, el lector encontrará pautas a seguir, aspectos claves a tener en cuenta y recomendaciones específicas de implantación e identificación de mejores prácticas en aspectos muy concretos y operativos para la empresa digitalizada o en proceso de digitalización.

¿Puede ser más eficaz y garantista la investigación penal de un fiscal que la de un juez de instrucción? Esta es la pregunta a la que trata de responder esta obra.
En ella se hace un estudio riguroso sobre la realidad del proceso penal en nuestro país, se analizan datos estadísticos y se ofrecen opiniones doctrinales plurales que conducen a un panorama sombrío: la cronificación de la ineficiencia de un modelo basado en unas estructuras que ya no pueden ofrecer una adecuada respuesta a la criminalidad del siglo XXI.
Se trata de una de las primeras publicaciones que hace un análisis detallado de las reformas procesales del año 2015 y, más en concreto, de los arts. 284.2 y 324 LECrim, para constatar que no han servido para superar la dilación estructural del sistema de Justicia penal.
Y esto es así porque el problema es el sistema, como ponen de manifiesto los dos intentos de reforma integral de la LECrim que, desde gobiernos con distinto signo político, coinciden en lo esencial: atribuir la dirección de la investigación penal al Ministerio Fiscal y reconvertir al juez de instrucción en un verdadero juez de garantías. En esta monografía se exponen las razones que permiten avanzar hacia ese sistema.
En el nuevo modelo que se propone el juez asume su verdadera posición como tercero imparcial en el marco de una controversia entre las partes. Y, en ese marco funcional, las defensas y las acusaciones podrán intervenir en la investigación del fiscal, sin merma alguna de su eficacia, y podrán acudir al juez de garantías para hacer valer sus pretensiones.
En definitiva, el sistema que se plantea en esta obra permite conjugar dos principios que sólo pueden ser considerados como complementarios: la eficacia y las garantías.

La obra resuelve una cuestión importante para la viabilidad económica de las empresas y de los autónomos, como es el derecho a la devolución del IVA configurado como un derecho de crédito frente a la Administración.

Luis MUÑOZ SABATÉ, abogado y psicólogo, examina el indicio como medio de prueba, tanto en la jurisdicción civil como en la penal. El autor trata de dar respuesta a los principales interrogantes que plantean los indicios: cómo se forman, cómo buscarlos, dónde encontrarlos, cómo preservarlos, cómo trasladarlos al proceso y sobre qué clase de soporte (testimonio, documento, pericia).
El libro consta de una parte general, en la que se realiza una exposición de las famosas tablas indiciarias y se examinan los indicios más frecuentes en el lugar del crimen, los indicios para detectar la mentira, los indicios de la insolvencia, los indicios más frecuentes en el blanqueo de capitales, etc.
Se incluye también una parte especial que entra en el detalle del análisis de 72 indicios, que son descritos uno a uno por el autor, indicando a la vez su aplicación a los distintos temas de prueba. MUÑOZ SABATÉ se acerca aquí, salvando obviamente las distancias epistemológicas, a la famosa tabla periódica de los elementos de MENDELÉYEV.
La información y el método que proporciona el autor pretenden servir de ayuda al juez, al abogado, al detective, al policía, al perito y cuantos otros se dedican a la investigación de lo lícito e ilícito.

Esta monografía analiza los factores que pueden jugar a favor y en contra de la credibilidad del testimonio, teniendo en cuenta las aportaciones del Derecho procesal, de la psicología del testigo y de la filosofía del derecho. Siguiendo las modernas orientaciones del Derecho probatorio, se acentúa la necesidad de abandonar el intuicionismo y subjetivismo judicial para partir de una concepción más racional de la prueba que ofrezca criterios objetivos que permitan fundar y motivar la credibilidad a favor o en contra del testimonio. Y todo ello partiendo de la premisa de que es más importante «lo que dice el testigo» que «cómo lo dice». Es decir, es más importante el testimonio (la declaración) que la persona del testigo (su apariencia externa y el lenguaje no verbal).
Se incluye un anexo en el que se analizan las resoluciones judiciales más relevantes desde la perspectiva de la credibilidad del testimonio.

Esta obra gira en torno a una única cuestión, incardinada dentro de esa omnicomprensiva categoría que se viene denominando «responsabilidad contractual», pero que engloba toda una serie de diferentes y heterogéneos remedios o instrumentos al alcance del acreedor, que no siempre resultan armónicamente articulados entre sí.
No obstante su trascendencia práctica, el viejo problema que aquí se aborda aún está abierto a discusión. En el supuesto de imposibilidad sobrevenida de la prestación, imputable al deudor, cabe dudar entre dos posibles soluciones:
a) Conceder al acreedor el derecho a obtener el valor de la prestación (la aestimatio rei), como algo previo e independiente de la indemnización de los ulteriores o adicionales daños y perjuicios. Solución que el autor defiende y denomina «autonomía del cumplimiento por equivalente». b) Resolver la situación con una sola indemnización de daños y perjuicios, que comprendería tanto el equivalente pecuniario, como el resto de los daños sufridos por el acreedor, al mantener un «concepto integral de indemnización».
Para resolver adecuadamente esa cuestión y sustentar su tesis, el autor examina minuciosamente tanto los preceptos del Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil como un elevado número de sentencias del Tribunal Supremo, a la luz de sus antecedentes históricos. Y también otros temas conexos, como las distintas formas de lesión del derecho de crédito, o la tipología de los intereses del acreedor. Siempre desde la inevitable perspectiva práctica que requiere el tratamiento de un problema que, más allá de la pura especulación teórica, se plantea cotidianamente en nuestros tribunales.

Esta monografía se ha centrado en analizar los aspectos más relevantes de la regulación del «Dictamen de peritos» de la actual Ley de Enjuiciamiento Civil, y cuáles han sido las consecuencias prácticas de su aplicación para todos los intervinientes en el proceso, tras el cambio que la regulación de este medio de prueba supuso con respecto a la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881.
El hilo conductor que ha vertebrado y ha dado continuidad a los tres capítulos de esta publicación, es la figura del perito judicial, entendido no sólo como a aquel profesional que tradicionalmente era designado por los tribunales de justicia, sino también aquél cuyo dictamen es aportado al proceso de forma privada por las partes litigantes.
La experiencia del autor como socio de un gabinete jurídico y pericial dedicado al estudio del grafismo y a la detección de alteraciones documentales (fundado por su padre Juan Francisco Orellana Gómez en el año 1961 y actualmente formado por su hermano Juan Francisco Orellana de Castro y por él mismo), le ha permitido intervenir como perito calígrafo en miles de asuntos judiciales. Además, sus conocimientos jurídicos como abogado, junto al desempeño de su cargo de presidente de la Asociación catalana de peritos judiciales y forenses colaboradores de la Administración de Justicia desde hace años, le han permitido adquirir un conocimiento profundo de la práctica forense, dándole la posibilidad de conocer el día a día de los tribunales, a veces tan alejado de la literalidad de la norma.