Nuestro planeta sufre una crisis climática sin precedentes. Desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos y del medio ambiente, la exigencia de responsabilidades a los Estados derivadas del incumplimiento de sus obligaciones climáticas se ha ido progresivamente materializando a través de la denominada litigación climática estratégica basada en los derechos humanos, que ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años. En este sentido, los niños y jóvenes representan más de un cuarto de los demandantes de este tipo de casos presentados hasta 2023 en todo el mundo. Es por ello por lo que esta monografía pretende contribuir al desarrollo de la literatura en la materia ofreciendo una revisión sistemática y actualizada de los casos climáticos basados en derechos humanos y liderados por niños y jóvenes, tanto ante jurisdicciones nacionales como ante instancias judiciales y cuasi judiciales internacionales y tribunales regionales de derechos humanos.

Sin duda, no sólo a nivel nacional estamos ante una materia de máxima actualidad. Al respecto cabe destacar también la creciente actividad de las instituciones europeas en este ámbito. Así, a título de ejemplo, puede citarse la Propuesta del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la gobernanza europea de datos, la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Una Estrategia Europea de Datos, o las dos Propuestas de Reglamento, el primero relativo a un mercado único de servicios digitales y el segundo sobre mercados digitales, ambos de 15 de diciembre del 2020. Finalmente, cabe citar la Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década Digital de 23 de enero de 2023 que expone las intenciones y compromisos políticos comunes y recuerda los derechos más importantes en el contexto de la transformación digital.

La obra La vivienda familiar ofrece una panorámica actualizada en torno al tratamiento jurídico de la vivienda familiar en nuestro ordenamiento jurídico, materia especialmente relevante en el ámbito del Derecho de familia que se encuentra en constante evolución, brindando al lector -de una forma asequible y compendiada- una visión sistemática de los principales conflictos que se suscitan en la práctica jurisprudencial. Las contribuciones que conforman la obra, con casi una treintena de autores, determina su estructurea en torno a tres grandes bloques temáticos. El primero versa acerca del tratamiento de la vivienda familiar en sede de régimen económico-matrimonial. La problemática relativa al derecho de uso de la vivienda familiar es el hilo conductor del segundo bloque, analizándose los criterios que rigen la atribución de dicho uso, su duración o causas de extinción. El tercero y último bloque temático tiene una naturaleza heterogénea y en él se aborda el tratamiento de la vivienda familiar desde el punto de vista fiscal, arrendaticio o de Derecho internacional privado.

En el mundo actual, el fenómeno de la movilidad de las personas entre Estados se ha acrecentado de manera notable, lo que incrementa el interés por mantener su estatus jurídico en sus desplazamientos a través de las fronteras. Parece una obviedad que una persona y su situación jurídica no puede verse modificada por un simple traslado de residencia de un Estado a otro. No puede pasar de estar casada a no reconocérsele su matrimonio; no puede tener un nombre y en el nuevo Estado al que se traslada denominársele de otra manera; no puede considerarse como hijo de unas determinadas personas en un Estado y en otro considerar que no tienen vínculo filial alguno. O ser reconocida conforme a su identidad de género en un Estado y negársele su condición en otro. El método de reconocimiento de situaciones jurídicas (a nivel internacional) y el principio de reconocimiento mutuo (a nivel europeo) son dos poderosos mecanismos para garantizar la libre circulación de personas y familias, de manera que la situación/relación que ha sido creada en un Estado puede reconocerse de pleno en otro. La perspectiva LGTBIQ presente en muchos de los desafíos planteados en este trabajo, recibe una respuesta alineada con los Derechos humanos con el desarrollo e implementación de estos dos mecanismos.

La Fundación Derecho y Discapacidad (FDyD) y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) promueven esta investigación jurídico-legal que tiene como propósito examinar los diez años de vigencia de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. Dado que en este año 2023 se cumple el décimo aniversario de la promulgación del texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, legislación marco en materia de personas con discapacidad en nuestro país, es el momento apropiado para analizar este cuerpo legal de modo sistemático y concienzudo. Así surge el presente volumen: “Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social: balance crítico tras 10 años de vigencia”, concebido como una obra colectiva, producto de la contribución de las personas expertas más cualificadas, que a través de sus aportaciones permitan enjuiciar académica y científicamente las múltiples dimensiones de esa Ley. Coordinada por Rafael de Lorenzo y Luis Cayo Pérez Bueno, esta obra colectiva nutre la serie Derecho de la Discapacidad de la colección Grandes Tratados de Thomson Reuters Aranzadi, la referencia editorial en español sobre promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad.

La regulación de las subvenciones y, en general, de la actividad de fomento constituye, hoy, uno de los elementos de mayor relación entre los ciudadanos y los Poderes Públicos. El poder subvencional ha sido una de las cuestiones más analizadas en la jurisprudencia ordinaria y en la doctrina del Tribunal Constitucional como consecuencia de diversos factores de orden competencial, económico y derivados de la conexión con la Unión Europea. En este contexto la Obra comprende una doctrina general sobre el régimen jurídico de las subvenciones realizada sobre la base de la Ley estatal y de las normas de desarrollo de la misma que se han ido publicando y que conforman un profundo acervo normativo con entidad propia. Este análisis se completa con una selección de los regímenes especiales más importantes y de mayor relevancia. El conjunto de la Obra pretende constituir un estudio sistemático y completo con el que adentrarse en el régimen jurídico de las subvenciones públicas y cómo determinar el régimen de derechos y deberes.

En esta obra se aborda el estudio de la mediación en su dimensión jurídica, es decir, considerando que su ámbito son los conflictos de índole jurídica, que su fundamento o razón de ser es la voluntad de las partes y que está destinada a producir efectos jurídicos. Más allá de que pueda ser útil para la descongestión de la carga de trabajo de los tribunales, la mediación es analizada aquí como una vía más que puede ser utilizada por los ciudadanos y sus abogados para la mejor satisfacción de los intereses de los primeros. Además de los conceptos generales de la mediación, se describe el desarrollo de la misma, exponiendo las dificultades que se suscitan en la práctica y señalando las soluciones adecuadas, desde una perspectiva jurídica multidisciplinar. Con un lenguaje claro y una estructura didáctica, para facilitar su comprensión por quienes no poseen una previa formación jurídica, se abordan los ámbitos diferentes en los que puede producirse la mediación civil, mercantil y de familia, incluso con una referencia importante al supuesto en que se suscite un proceso penal derivado de un conflicto de familia, propiciando la mediación penal. En esta segunda edición se ha revisado toda la obra, actualizándola, se han modificado íntegramente los temas relativos a la mediación civil, y se ha adaptado a las novedades impuestas por la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

La presente obra analiza el régimen jurídico-procesal del sistema de limitación temporal en la fase de instrucción previsto en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este análisis se ha llevado a cabo desde el estudio integral de las reformas operadas por las Leyes 41/2015 y 2/2020, así como desde la comparación con otros sistemas de limitación temporal de la fase de instrucción que habrían inspirado dichas reformas o son el origen de las mismas. Además de lo anterior, esta obra ha observado con detalle la posición de diversas instituciones y operadores jurídicos sobre las diferentes reformas del sistema y se ha realizado especial análisis de la aplicación de las mismas tanto por los Tribunales nacionales como supranacionales, así como su relación tanto con el derecho a no sufrir dilaciones indebidas, como con el derecho al plazo razonable. Por último, el presente estudio desgrana pormenorizadamente las consecuencias procesales de la aplicación del sistema de limitación temporal en la fase de instrucción en armonía con los pronunciamientos que el Tribunal Supremo ha realizado sobre la cuestión.

Hace menos de veinticinco años, el debate sobre la crisis del Estado de Derecho era inimaginable en la Unión Europea. Era plenamente compartido que la Unión solo admitía a Estados democráticos, respetuosos de los derechos humanos y defensores de las ideas de libertad. También se daba por hecho que los candidatos, una vez ya dentro de la organización, solo podían perfeccionar y mejorar su respeto de los principios en los que se basa el Estado de Derecho como son el de legalidad, la separación de poderes, la rendición de cuentas, la independencia judicial y la libertad de prensa, entre otros. Sin embargo, las tendencias de los últimos años demuestran que se puede desandar el camino andado. En este sentido, en algunos Estados Miembros se detectan ataques esporádicos pero muy preocupantes a los valores en los que la Unión se basa, incluido el Estado de Derecho, mientras que en otros la deriva ya es directamente hacia una autocracia. Por ello, casi una veintena de investigadores europeos se han unido para presentar su diagnóstico y su pronóstico sobre esta enfermedad que padece la Unión en forma de crisis del Estado de Derecho, especialmente tras la COVID-19. La obra se inscribe en el marco de los proyectos de investigación PID2021-126765NB-I00 del MICINN, AICO/2021/099 de la GVA e INDI22/50 de la FUSP sobre la “Crisis del Estado de Derecho en la UE. Especial referencia a Polonia, Hungría, Croacia, Estonia, España e Italia y a la incidencia de la pandemia del covid-19”.

La Ley 2/2023, de 20 de febrero, de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, supone un nuevo reto para las organizaciones públicas y privadas en materia de compliance. La nueva Ley supondrá un cambio de paradigma por cuanto, a la práctica, cualquier organización de 50 o más trabajadores se verá obligada a afrontar el cumplimiento normativo. En efecto, la existencia de un régimen sancionador, la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, la prohibición de represalias internas, la protección de la presunción de inocencia de la persona afectada, así como la escasa cultura en España de la delación, son algunas de las cuestiones que comportarán un vuelco en nuestro sistema jurídico, a la par que la necesaria solución de muchas lagunas y dudas interpretativas. La Ley apela a la debida diligencia de los sujetos obligados, a la competencia de los responsables del sistema interno de información, pretendiendo por ello este libro dar respuesta práctica a algunas de las dudas o cuestiones fundamentales que se nos plantean a la hora de decidir cómo implantar estos sistemas internos en las organizaciones.