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En la actualidad, tras varios años de recesión, el número de préstamos hipotecarios ha descendido notablemente como consecuencia directa de las dificultades financieras. Las entidades crediticias han pasado de conceder préstamos hipotecarios por doquier a limitar al máximo su concesión para la adquisición de viviendas, al tiempo que paralelamente aumentan los procesos de ejecución hipotecaria. Por efecto de la crisis, estos procesos han dejado de ser algo testimonial en los Juzgados para comprender un buen número de asuntos a resolver. Y en ese contexto, la necesidad de replantear la regulación vigente se hacía perentoria.
El proceso de ejecución hipotecaria vigente sustancialmente es el mismo que se recogía en el antiguo art. 131 de la Ley Hipotecaria, es decir, si es injusto y desproporcionado, lo cierto es que lleva muchos años siéndolo y, sin embargo, ha sido asumido por todos los operadores jurídicos. Aun cuando siempre ha habido ejecuciones hipotecarias, incluso en época de bonanza económica, sólo cuando la crisis determina un incremento notable de estos procesos, se desata la polémica y aumentan las “ansias” de reforma. Por ello, puede hablarse de un antes y un después de la crisis económica en lo atinente a este tipo de ejecución. Cuestiones puramente procesales o, incluso contractuales que anteriormente no se ponían en tela de juicio, emergen ahora con otra dimensión.
Quienes asumían con naturalidad que el proceso de ejecución debía ser rígido, sumario, expeditivo y ante todo un cauce útil para proteger los derechos del acreedor, hoy claman por una reforma integral del sistema. En este sentido, la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social, poco ha hecho por la causa. Un año después de su promulgación puede afirmarse que la reforma que supone dicho texto legal, impulsada por la sentencia de 14 de marzo de 2013 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha sido parcial e insuficiente.
Es lo cierto que la necesidad de reforma venía avalada, entre otras razones, por el desequilibrio entre las partes, consustancial a todo proceso de ejecución, pero intolerable cuando se torna en verdadera indefensión para una de ellas, el ejecutado, lo que exigía un reforzamiento de su posición en el proceso, sin menoscabar los derechos del acreedor hipotecario.
En todo caso, urge la implantación de un consentimiento informado en fase contractual que llene de legitimidad jurídica un proceso que por sus propias características es de cognición judicial limitada y muy restrictivo desde el punto de vista del derecho de defensa.
En base a estas consideraciones previas, la obra aborda las cuestiones que en la práctica procesal se plantean con insistencia, haciendo un estudio pormenorizado de todos los temas actuales más importantes, con referencia al modo en que la modificación operada por la Ley 1/2013 las ha afrontado, planteando igualmente los aspectos en que futuras reformas en la materia deberían incidir.
