Desde hace décadas, el debate jurídico sobre la planificación y los planes ha tenido dos importantes polos de atracción: la planificación económica y la planificación urbanística. Pero planificación y planes existen prácticamente en cualquier ámbito de actuación del poder ejecutivo. En esta obra se analiza el plan, en primer término, en el contexto de las formas de actuación de la administración, que todavía tienen una fuerza estructurante en la parte general del Derecho administrativo; y se propone, a continuación, una clasificación de los planes que permite ensayar una escala de la planificación en atención a su función directiva conforme a dos criterios: el volumen de la actividad administrativa dirigida por el plan y la fuerza vinculante de sus determinaciones. El estudio se completa con el tratamiento, entre otras cuestiones, del procedimiento de aprobación de los planes y su (parcial) europeización; así como de su control judicial a través de los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El objeto de esta monografía no consiste en abordar el estudio de la jurisprudencia en cuanto fuente formal del Derecho -cuestión sobre la que existen abundantes y exhaustivos trabajos-, sino que en ella se asume su condición de fuente complementaria del ordenamiento jurídico, en el sentido del art. 1.6 del Código Civil. Desde dicho enfoque, este estudio se circunscribe al ámbito contencioso-administrativo, dada la escasez de trabajos específicos sobre el valor de la jurisprudencia, tema que se ha abordado, casi siempre, desde la perspectiva civilista, procesalista o de la teoría general del Derecho y, sobre todo, debido a las peculiaridades de esta rama del ordenamiento jurídico, que pueden justificar, eventualmente, una respuesta distinta en este ámbito. Así las cosas, en este trabajo se comienza por delimitar el concepto de jurisprudencia para a continuación analizar, de un lado, su eficacia -carácter vinculante, absoluto o relativo, o valor meramente persuasivo, tanto respecto de los órganos judiciales inferiores como de aquellos que la emanan- y, de otro lado, su función en el ordenamiento jurídico administrativo -protección de la norma y, en su caso, creación de Derecho-, examinando no solo aquellas que le corresponde desempeñar a la luz del ordenamiento vigente, sino también las que debería cumplir desde la óptica de los principios de igualdad y seguridad jurídica enunciados en la Constitución.

El Derecho es una de las formas de dirigir la actividad de la Administración, pero no es la única. Política, Derecho y presupuestos han sido formas tradicionales de dirigir (y dotar de legitimidad democrática a) la actividad administrativa que cuentan con un reconocimiento constitucional: el Gobierno dirige (también políticamente) la Administración (art. 97 CE); la Administración actúa con sometimiento pleno a la ley y al Derecho (art. 103.1 CE); y lo que gasta la Administración debe ser autorizado por el Parlamento a través de los presupuestos (art. 66.1 CE en relación con el art. 134.2 CE). Hablar de las fuentes del Derecho administrativo es hablar de quién puede elegir y utilizar el Derecho como forma de dirigir la actividad de la Administración; o, expresado de otra manera, quién puede imponer a la Administración sus decisiones como mandatos jurídicos, que desencadenan las específicas consecuencias de estos. En esta obra se presenta un sistema de fuentes del Derecho administrativo del que forman parte cuestiones clásicas (como la derogación de las normas o la ley concreta y singular), temas relativamente nuevos (como el soft law, las normas técnicas de origen privado o la evaluación normativa) y temas viejos tratados con planteamientos modernos (el ámbito de vigencia territorial de la norma jurídico-administrativa y el principio europeo de reconocimiento mutuo o una propuesta de construcción sistemática de los límites o prohibiciones constitucionales relativos a la retroactividad de las normas, por ejemplo).

Las sociedades contemporáneas avanzan en dos líneas convergentes: el envejecimiento y la urbanización progresiva de la población. De acuerdo con las previsiones de la OMS y la ONU, en 2050 el 22% de la población mundial tendrá más de 60 años y cerca del 70% vivirá en ciudades. Estas cifras aumentan en el caso de Europa, donde la esperanza de vida ha crecido de forma imparable en las últimas décadas. Madrid, Berlín y Roma superan ya el 20% de población mayor de 65 años. Vivimos, así, en un mundo de ciudades envejecidas, que presentan problemas específicos vinculados a la mayor vulnerabilidad de las personas mayores, como ha visibilizado de forma especialmente cruel la pandemia de COVID-19. Esta realidad no puede obviarse en la configuración del Derecho y de las políticas públicas locales. Las ciudades se sitúan en la primera línea de atención y cuidado a las personas mayores a través de la prestación de servicios sociales, del diseño de políticas de participación ciudadana, de la concesión de subvenciones, de las políticas de vivienda y del diseño urbanístico de la ciudad, por citar solo algunos ejemplos. Con este punto de partida, el libro que se presenta reúne los resultados de una investigación enmarcada en el marco del Plan Nacional I+D de 2016, que tenía como objetivo analizar el impacto del envejecimiento de nuestras ciudades en el Derecho y la política local. Los autores son investigadores de reconocido prestigio en el ámbito del derecho y el gobierno local, que se integran en el Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid. Los estudios elaborados incorporan análisis jurídicos y de ciencia política, datos empíricos y atienden, en muchos casos, al Derecho comparado, tanto en el marco de la Unión Europea como de Estados Unidos. Se trata de ofrecer de este modo una imagen lo más completa posible del tratamiento que se da al fenómeno del envejecimiento en el Derecho y la política local en la actualidad.

Los conceptos jurídicos se presentan como una de las herramientas clásicas y esenciales en la elaboración del Derecho. Ningún jurista puede preciarse de serlo si no conoce con cierto detalle conceptos como persona jurídica, negocio jurídico, Estado, propiedad, derecho subjetivo o contrato. La racionalidad propia de la tradición occidental está ligada a la utilización de conceptos.
Apenas existen estudios que examinen los conceptos jurídicos en general, como forma del pensamiento jurídico, o que establezcan pautas de formación conceptual: cuáles son los pasos que deben darse y qué orientaciones o criterios han de guiar esa tarea. Esta situación se certificaba en los albores del siglo xx y continúa siendo una constante en la actualidad. La evolución histórica del método jurídico y, en especial, los abusos de la jurisprudencia de conceptos, han llevado a considerar negativamente el trabajo con estos instrumentos. Pero los conceptos son imprescindibles para la actividad intelectual. No tenemos más remedio que seguir utilizándolos.
El objeto de este trabajo consiste precisamente en analizar la formación de conceptos jurídicos en el ámbito específico del Derecho público. En concreto, se quiere identificar una serie de pautas mínimas que puedan guiar la manera de elaborar conceptos en la investigación jurídica. Con ese fin, se ofrece una propuesta sobre qué son los conceptos jurídicos en la actualidad y cómo se forman en el marco del estudio académico del Derecho y de los ejes de evolución del Derecho público.

Este libro se presenta como un estudio metodológico, sobre todo, de la decisión administrativa (más o menos) discrecional; o, si se prefiere, como una metodología de la discrecionalidad administrativa (y de su control judicial). Una metodología de este tipo ofrece diferencias esenciales con respecto a las metodologías tradicionales centradas en la aplicación judicial del Derecho, porque dos maneras de aplicar el Derecho en cumplimiento de dos funciones constitucionales distintas (la de la Administración y la de los jueces) dan lugar a dos metodologías diversas. Son objeto de análisis las reglas de racionalidad que deben ser observadas en el proceso de adopción por la Administración de decisiones dirigidas por el Derecho: cómo debe llevarse a cabo el trabajo con los hechos que definen el problema sobre el que hay que resolver (por ejemplo, cómo se identifican los datos relevantes y cuándo puede ser racionalmente aceptable tener un relato fáctico como verdadero); cómo se completa o se «construye» por la Administración la norma aplicable al caso a partir del texto de la regla que vincula jurídicamente su actuación (mediante la utilización de criterios adicionales, de legalidad o de oportunidad, que concretan los márgenes de indeterminación de la norma jurídico-administrativa y la refieren suficientemente –o, mejor, óptimamente- al caso sobre el que se trata de decidir); qué función corresponde en esa tarea al denominado soft law; qué estructura racional argumentativa tiene una decisión administrativa adoptada por ponderación entre mandatos finalísticos de optimización, etcétera. Las reglas metodológicas que más interesan aquí no son las del «control de la discrecionalidad» por los jueces, sino las del «correcto (no solo legal) ejercicio de la discrecionalidad» por el órgano administrativo.

La implantación obligatoria del nuevo título de grado en Derecho, impuesta por la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en el marco del proceso de convergencia iniciado por la Declaración de Bolonia de 1999, implica profundos cambios en la forma en que las diferentes disciplinas jurídicas son expuestas por los profesores y estudiadas por los alumnos en las Universidades españolas. Así, el nuevo crédito ECTS, junto con la tradicional enseñanza a través de lecciones magistrales, asigna un papel capital, en el proceso de adquisición por los estudiantes de los conocimientos, capacidades y destrezas correspondientes, a las «clases lectivas prácticas» así como a la realización de otras «actividades académicas dirigidas», como seminarios o trabajos, con la convicción de que la enseñanza práctica debe asumir una mayor relevancia en nuestra Universidad.
El panorama de los libros de texto y manuales universitarios en España ha carecido hasta el momento de recursos que respondan a las necesidades que, tanto para el profesor como para el alumno en la preparación de la asignatura, plantea el nuevo sistema de enseñanza universitaria. Con la colección Textos y Materiales, la Editorial Thomson Reuters Civitas pretende colmar esa laguna ofreciendo un compendio articulado y coherente de fuentes documentales primarias de las distintas materias que figuran en los planes de estudio del grado en Derecho, completadas con las explicaciones y referencias bibliográficas necesarias para su adecuado uso.

HECHOS DIVERSOS. ACTUALIDAD.

OTROS GENERALES AGUILAR.