Esta obra toma como base la tesis doctoral del autor del año 2015, actualizando sus contenidos al presente e incorporando algunas de las principales novedades en la industria: impacto de la tecnología blockchain, financiación de litigios por terceros y nuevos modelos de financiación relacionados con la gran distribución de los marketplaces on-line. En ese sentido, cuando comenzamos nuestra investigación en el año 2008, los materiales disponibles en nuestro país eran muy limitados entre los que podemos destacar la obra colectiva dirigida por Álvarez Arjona y Erláiz Cotelo publicada, la obra coordinada por Trias Sagnier o los comentarios a la Ley de Capital Riesgo dirigida por Díaz Ruiz e Iglesias Prada, todas ellas publicadas en el año 2006, seguramente con motivo de la promulgación de la entonces nueva Ley 25/2005, de 26 de noviembre. Toda esta bibliografía llegó con solvencia principalmente de la mano de la experiencia y conocimiento asentado en los grandes despachos. También es el año 2006 el año en el que arranca la Revista Española de Capital Riesgo, una publicación que ha terminado por consolidarse y convertirse en un referente del sector dando cabida a los enfoques tanto profesionales como académicos al que se terminaría por sumar más adelante el Anuario de Capital Riesgo. Desde el punto de vista doctrinal el año 2006 supone un auténtico avance porque consigue que grandes autores se vuelquen en el estudio de la materia hasta la publicación en el año 2012 de la obra colectiva dirigida por Martínez-Echevarría que ha de ser considerada como referencia obligada. No obstante, sorprende que desde la promulgación de la ley de 2014 -a excepción de los esquemas publicados por Recondo en 2016- no se haya publicado ninguna obra adicional de referencia sobre la materia, que no se hayan actualizado las novedades que trajo la normativa vigente o que no se hayan ocupado de plantear el impacto de las nuevas tecnologías y los nuevos modelos de negocio en la industria. Merece mención especial la titánica labor realizada por José Martí Pellón por el desarrollo del capital-riesgo en España incluso desde antes de la promulgación de la primera Ley del año 1999 que proporcionó por primera vez un régimen jurídico unitario en nuestro país. A pesar de que sus aportaciones se realizaran desde el enfoque económico, su trabajo ha servido de inspiración y punto de partida para muchos juristas. El capital-riesgo es, en definitiva, una realidad compleja, cuyos componentes jurídicos, económicos o de gestión no pueden cercenarse los unos de los otros para ser estudiados de forma individual pues se terminaría perdiendo la esencia de la materia. La instrumentación jurídica de las operaciones de capital-riesgo es una cuestión puramente de técnica jurídica. De ahí precisamente nace la importancia de este trabajo de investigación que pretende dotar de un marco general, categorizado y ordenado facilitando la comprensión que permita servir de base para edificar sobre su estructura. Acudiendo a la abstracción conceptual y la sistematización procuraremos dotar de aquella referencia que permita incardinar cualesquiera otros estudios específicos sobre aspectos particulares. No hemos sido capaces de encontrar un trabajo de investigación que haya seccionado la industria de capital-riesgo para tratar la operativa relacionada con la instrumentación jurídica de las transacciones. Por ello, consideramos que esta aportación puede venir a suplir este vacío complementando el cuerpo doctrinal ya existente sobre la materia.

La tecnología blockchain está demostrando su inmenso potencial transformador abriendo puertas a nuevos modelos de negocio desintermediados, descentralizados, transparentes y seguros. En ese contexto, las Initial Coin Offerings (ICOs) se han ido perfilando como un nuevo mecanismo de financiación alternativa con un importante crecimiento anual: este método recaudó 250 millones de dólares en 2016, 5.480 millones en 2017 y 8.120 millones sólo en la primera mitad de 2018. Una ICO supone una emisión de activos digitales, denominados tokens, a cambio de criptomonedas o divisas ordinarias. Dichos tokens sirven como medio de pago para distintos servicios digitales o bien como título representativo de derechos de contenido patrimonial. Las ICOs plantean múltiples cuestiones jurídicas en relación a su incardinación dentro del sistema regulatorio actual y su diferenciación con figuras afines como las operaciones de capital riesgo, la financiación participativa (crowdfunding) y las ofertas públicas de valores (OPVs), a saber: determinación de la naturaleza jurídica de los tokens, formas de estructurar una emisión de tokens de acuerdo con la normativa sobre valores vigente, cuestiones de gobierno corporativo en relación a los fondos recaudados, etc.