El presente trabajo constituye una aportación teórica, pero también práctica, acerca de los criterios que deben permitirnos diseñar y usar las herramientas normativas que, en los próximos años, deberán guiar el desarrollo de sistemas basados en inteligencia artificial, con potencial impacto sobre los derechos fundamentales. El autor dedica una parte importante de su trabajo a estudiar la naturaleza jurídica de las llamadas evaluaciones de impacto algorítmico en nuestro ordenamiento jurídico, a analizar cómo se produce la recepción de una práctica habitual en los sistemas del derecho común que más allá de las directrices éticas a las que responden, están basadas en un traspaso de la responsabilidad y de la obligación de ponderar, un ejercicio que ahora se exige a empresas y administraciones públicas implicadas. En un escenario normativo dominado por el enfoque de riesgo, como el propuesto por la Unión Europea, el papel de las evaluaciones de impacto algorítmico deviene clave. A los juristas nos corresponde, cuanto antes, aceptar este nuevo paradigma, comprendiendo los efectos del principio de responsabilidad proactiva y tratando de definir, con criterios jurídicos estables, qué elementos deben formar parte de ese juicio y cómo deben interpretarse los resultados. Un desafío, pero también una oportunidad, que la obra aprovecha para establecer los términos de un debate necesario.

El derecho a la vida es algo inherente al hombre y está protegido por los instrumentos jurídicos internacionales más importantes a los que se han adherido la inmensa mayoría de países. Pero para vivir una vida digna ha de existir una libertad que también pertenece al hombre desde el momento en el que nace y hasta que fenece. Vida y libertad, sin embargo, son derechos que pueden ser limitados de forma ilegal y/o legal por el propio hombre en una situación de clara contradicción, cuando no de perversa paradoja. Cuando el hombre comete supuestamente algún ataque grave contra bienes jurídicos dignos de ser protegidos por el Derecho penal, aparece de inmediato la necesidad de que se celebre un juicio con todas las garantías debidas, y con ello, el derecho-deber del Estado al ius puniendi que colisionará cuanto menos con los derechos a la libertad, a la presunción de inocencia y a un juicio con todas las garantías debidas. Pero para que se pueda materializar la justicia es preciso tener al investigado a disposición y sin riesgo de fuga, y por ende, existe la posibilidad de privar al hombre de la libertad de forma provisional hasta que se dicte una sentencia conforme a derecho en un tiempo que puede llegar hasta cuatro años, con una provisionalidad realmente insufrible. Estamos ante una realidad muy incómoda, cuando no peligrosa, pues pueden conculcarse derechos que jamás podrán ser compensados ni por la más generosa de las indemnizaciones en caso de error, y no es lo mismo que un investigado se presente ante la justicia con grilletes y procedente de unos calabozos, a hacerlo en libertad, aunque sea provisional. Ante una realidad tan compleja y necesaria como es la prisión provisional, se impone realizar un análisis sosegado sobre su aplicación y posibles alternativas cuando estamos ya en el siglo XXI en la llamada era digital. ¿Es tan precisa la prisión provisional?, ¿cómo podemos conjugar el derecho a hacer justicia con el derecho a la libertad?, ¿cómo podemos asegurar que un investigado esté libre de forma provisional sin ser un peligro potencial para la sociedad? ¿existen alternativas a la prisión provisional? Se plantean múltiples incógnitas que los juristas nos planteamos porque la sociedad también se lo plantea al albur de los últimos casos de prisión provisional acaecidos en la España de los últimos tiempos, y que han tenido finales muy dispares. La obra que el lector tiene en sus manos es un trabajo multidisciplinar que invita a la reflexión clara y directa sobre la institución siempre polémica de la prisión provisional analizada desde diversos prismas que pretende realizar un análisis, y también aportar luz ante la privación de un derecho que es tan básico para el hombre como lo es el de la libertad.

El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea incorpora importantes novedades, entre las que destaca la figura del Delegado de Protección de Datos (DPO). Posteriormente, ha sido la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales (LOPDGDD) la que ha matizado y desarrollado algunas de sus atribuciones.
Al DPO le corresponde la supervisión del cumplimiento normativo en protección de datos, la tarea de informar y asesorar de forma periódica a la gerencia o dirección y, finalmente, la mediación en caso de conflicto entre los diferentes actores implicados.
La presente obra pretende facilitar al operador jurídico el desarrollo de sus tareas y funciones, en un sector, el de la proteccio?n de datos, muy te?cnico y especializado. La complejidad del lenguaje, los tecnicismos propios de profesionales IT y la necesaria polivalencia del DPO son simplificados en esta monografía con el objetivo de aportar al lector los conocimientos, ideas y conceptos clave que le deben permitir desarrollar todas las tareas propias del Delegado.
Para ello, se plantean y resuelven casos prácticos que detallan la actuación del DPO en la gestión de procesos críticos: desde el asesoramiento en la realización de evaluaciones de impacto o en el desarrollo de software y APP?s móviles, pasando por la supervisión de los registros de actividades de tratamiento, la definición de las bases de legitimación de los mismos y la gestión de las transferencias internacionales de datos, hasta su papel en la gestión de reclamaciones y brechas de seguridad.
La presente monografía aúna teoría y práctica, como si se tratase de una guía básica, que ofrece recursos para el desarrollo de las funciones del DPO, una profesión al alza, de presente y futuro en Europa.

El debate acerca del reconocimiento, extensión y límites del derecho al olvido digital es actual, polémico y trascendental, en la medida que colisionan distintos derechos fundamentales y se concentran intereses de actores muy diversos –particulares, motores de búsqueda, boletines oficiales, medios de comunicación, webmasters, etc.–. A la espera del nuevo Reglamento europeo de protección de datos, que todo parece indicar que introducirá una mayor seguridad jurídica al respecto, han sido las autoridades de protección de datos europeas, y especialmente la AEPD, las que han abordado la problemática relacionada con el ejercicio del habeas data como reacción a la perennidad de la información y a los efectos multiplicadores de Internet. La reciente STJUE de 13 de mayo de 2014 ha venido a confirmar la línea argumentativa de la AEPD, al reconocer un derecho al olvido digital en sentido amplio, que incluye la posibilidad que los ciudadanos soliciten directamente a los buscadores la desindexación de informaciones en base a los derechos de cancelación y oposición de los datos personales. Sin embargo, muchos son los interrogantes que quedan abiertos, en especial, los relacionados con la posibilidad de atribuir responsabilidad a los editores fuente, ya sean las agencias de los boletines oficiales o los medios de comunicación en relación con las noticias conservadas en las hemerotecas digitales. Además, las dudas se extienden al papel que el TJUE ha atribuido a los motores de búsqueda, que deberán analizar las solicitudes y estudiar el caso concreto para finalmente decidir si los datos a los que enlazan son inadecuados, obsoletos y excesivos en relación con los fines y el tiempo transcurrido. Todas estas cuestiones controvertidas son objeto de estudio en este trabajo que pretende precisamente clarificar los términos del debate acerca del derecho al olvido digital.