El Tribunal de garantías constitucionales como órgano de tutela de los derechos fundamentales

El tratamiento dispensado a los derechos fundamentales durante la vida del Tribunal de Garantías Constitucionales de la II República es el objeto de este libro.
A pesar de la importancia histórica de aquel órgano, han sido pocos los estudiosos que se han ocupado de él, y menos aún quienes han analizado su jurisprudencia. Por ese motivo, el libro que presentamos al público representa una contribución esencial, llenando un vacío muy necesitado de cobertura.
Muchos son los interrogantes que solventa: ¿Gozaron todos los derechos fundamentales de la Constitución republicana del mismo nivel de protección? ¿Cuáles
fueron los derechos fundamentales que suscitaron un mayor número de conflictos constitucionales? ¿En qué medida la coyuntura política, y la suspensión
parcial de la eficacia de la Constitución moduló la jurisprudencia del Tribunal en materia de derechos fundamentales? Estos y otros muchos enigmas se ven resueltos en las páginas del libro que el lector tiene entre sus manos.
Pero si hay en este libro una contribución realmente destacable es el enorme esfuerzo constructivo para identificar la dogmática de los derechos fundamentales que guió al Tribunal de Garantías Constitucionales; indagación realizada no sólo
a través de la jurisprudencia dictada en amparo (como una pesquisa más simplista pudiera abordar), sino analizando todas las sentencias del Tribunal que se refiriesen a derechos fundamentales, cualquiera que fuese el procedimiento en que tuviesen origen. Obviamente, tal pesquisa se enfrenta a un irresoluble problema histórico: la escasa vida del Tribunal, unida a los períodos de suspensión del propio articulado constitucional. Sin embargo, como demuestra esta obra, es posible reconstruir un esbozo de esa dogmática, que muy posiblemente se hubiera ido
consolidando de haber tenido oportunidad de perdurar el régimen republicano.
Ese núcleo dogmático es, sin lugar a duda, un elemento novedoso, nunca abordado por la historiografía y que aporta un valor de primer orden a este estudio.
Si bien la Constitución española de 1931 se inspiró directamente en la Constitución de Weimar, formulando un cambio de valores que habían de ser objeto de protección constitucional, superando las concepciones liberales burguesas y avanzando hacia una concepción social, este trabajo demuestra que ello no obtuvo un refrendo práctico en el sistema de protección de derechos. Lo cierto es que el resultado fi nal siguió arrojando reminiscencias de la concepción liberal al otorgar una clara preponderancia a los derechos civiles o de libertad frente a los políticos y, por supuesto, frente a los prestacionales. El clásico liberty and property de la concepción liberal burguesa todavía no había sido totalmente superado.

• Índice
Prólogo, por Ignacio Fernández Sarasola 11
Introducción 21
1. La concepción de los derechos fundamentales en la
Asamblea Constituyente de 1931 31
1.1. Introducción 33
1.2. La influencia de la doctrina extranjera en la concepción de los
derechos fundamentales de la Constitución de 1931 40
1.3. El modelo de derechos fundamentales en la Constitución de 1931 53
1.3.1. La superación del modelo liberal 53
1.3.2. El reconocimiento constitucional de los derechos fundamentales 57
Derechos individuales, 59. Derechos políticos, 68. Derechos sociales, 72
1.3.3. Condicionamiento para el ejercicio efectivo de los derechos constitucionalmente
reconocidos. La figura de la suspensión de las garantías constitucionales 79
2. El Tribunal de Garantías Constitucionales como órgano de defensa
de la Constitución 93
2.1. Introducción y antecedentes 95
2.2. El modelo político. El Senado y los Consejos Políticos como
alternativas al Tribunal de Garantías Constitucionales 105
2.2.1. La gestación de la idea de un modelo de control político 105
2.2.2. La cristalización en el debate parlamentario del Proyecto de Constitución
de la posibilidad de optar por un modelo de control político 115
2.2.3. Una vuelta de tuerca en el debate de la Lotgc. La postura de Elola 119
2.2.4. El episodio final. La polémica Disposición Final de la Lotgc 124
2.3. El modelo jurisdiccional 129
2.3.1. La pugna inicial con el modelo de garantía política en la tramitación de la
Constitución de 1931 129
2.3.2. La recuperación de la senda del modelo de garantía jurisdiccional en el
debate del Proyecto de Constitución 132
2.3.3. Modelo norteamericano versus modelo europeo 135
Los partidarios del modelo norteamericano, 135. Los partidarios del modelo europeo, 143
2.4. El modelo de defensa de la Constitución finalmente elegido 155
3. El Tribunal de Garantías Constitucionales como tribunal de
defensa de los derechos 167
3.1. El recurso de amparo 172
3.1.1. Significado del «amparo» y razones de su introducción 172
El conocimiento de la figura del juicio de amparo mejicano, 175. Fórmula de reacción frente a las violaciones de derechos que habían sido registradas en la dictadura de Primo de Rivera, 176. Impotencia de los mecanismos jurisdiccionales existentes para lograr la tutela de los derechos, 179
3.1.2. Antecedentes del amparo español 181
El Derecho aragonés, 181. La Constitución mejicana de 1917 y la Constitución austríaca de 1920, 183
3.1.3. Regulación constitucional y legal. El problema de la doble instancia teórica 186
3.1.4. Ámbito Objetivo del recurso. Peculiaridad del recurso de amparo previsto en la
Ley de Orden Público 193
Derechos susceptibles de amparo, 193. Actuaciones susceptibles de impugnación por la vía del recurso de amparo, 201. El recurso de amparo bajo los condicionantes establecidos en la Ley de Orden Público. Restricción y ampliación del objeto, 202. Un tertium genus. El amparo frente a las sanciones impuestas a través de la Ley de Defensa de la República, 206
3.1.5. Ámbito subjetivo del recurso. Legitimación y órganos susceptibles de lesionar
las garantías fundamentales 207
Legitimación activa para interponer el recurso de amparo, 207. Legitimación pasiva. Órganos susceptibles de lesionar los derechos garantizados por el amparo, 210
3.1.6. Ámbito procedimental del recurso 211
Interposición, 213. Tramitación, 214. Resolución, 214. Recursos de amparo en aplicación de la Ley de Orden Público, 216
3.2. Las demás modalidades de recurso acometidas por el TGC 217
3.2.1. Recurso de inconstitucionalidad 217
Regulación constitucional y legal, 217. Ámbito objetivo del recurso, 221. Ámbito subjetivo del recurso, 226. Ámbito procedimental del recurso, 232
3.2.2. Cuestiones de competencia legislativa 242
Regulación constitucional y legal, 242. Ámbito objetivo del recurso, 247. Ámbito subjetivo del recurso, 249. Ámbito procedimental del recurso, 251
3.2.3. Responsabilidad criminal 257
Regulación constitucional y legal, 257. Ámbito objetivo del recurso, 262. Ámbito subjetivo del recurso, 264. Ámbito procedimental del recurso, 266
4. La jurisprudencia del Tribunal de Garantías Constitucionales:
tratamiento de los derechos fundamentales 271
4.1. Cuestiones generales sobre la jurisprudencia 273
4.1.1. La jurisprudencia dictada en recursos de amparo 276
La jurisprudencia revisora de sanciones impuestas en virtud de la Ley de Ordena Público., 278. La jurisprudencia relativa a las multas impuestas en virtud de la Ley de Defensa de la República. Un tertium genus., 283. La jurisprudencia dictada ante recursos de amparo ordinarios, 283
4.1.2. La jurisprudencia emanada del TGC en el resto de sus ámbitos competenciales 286
4.2. El tratamiento de los derechos fundamentales 293
4.2.1. Derechos individuales 293
Artículos 2 y 25 CR (Principio de igualdad), 293. Artículo 28 CR (garantías penal y procesal del ciudadano-tutela judicial efectiva), 301. Artículo 31 (libertad de circulación y residencia), en conexión con el artículo 42 CR (prohibición absoluta de extrañamiento o deportación de los españoles), 333. Artículo 33 y 44 CR (libertad de industria y comercio e intervención estatal en la explotación y coordinación de industrias y empresas), 337. Artículo 34 CR (libertad de expresión), 346.
4.2.2. Derechos políticos 356
Artículo 38 CR (derecho de reunión y manifestación), 356. Artículo 39 CR (libertad de asociación y sindicación), 358. Artículo 40 CR (principio de mérito y capacidad en el nombramiento de empleados públicos), 360. Artículo 41 CR (principio de inamovilidad de los empleados públicos), 361
4.2.3. Derechos sociales: Artículos 46 y 47 CR (protección general de los
trabajadores y protección de los trabajadores del campo y del mar 362
4.2.4. Derechos no constitucionalizados: participación en huelga 365
4.2.5. Recapitulación final 367
5. Conclusiones 373
Bibliografía 405
Cuadro de sentencias 421

• Pablo Álvarez Bertrand. Oviedo, 1975. Es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Oviedo. Funcionario de carrera por oposición del Cuerpo Superior de Administradores del Principado de Asturias desde el año 2002, ha desarrollado su vida administrativa en las Consejerías de Medio Rural —donde, entre otros destinos, ejerció como Secretario General Técnico— y Presidencia, en donde desempeña su labor desde el año 2005 como Letrado del Servicio Jurídico del Principado de Asturias.